Las maromas del Canal y el referéndum
LOS PERSONEROS de "Parsons Brinkerhoff", empresa que ganó el contrato de asesoría de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), para desarrollar el "Plan Maestro" de la expansión de la vía acuática, han dado a conocer recientemente en Washington que la "ACP ha llegado a un consenso interno sobre la dimensión del proyecto, el programa de trabajo y tiene una buena idea del costo". Sin embargo, a pesar de que no mencionan suma alguna, señalan, como lo registra Betty Brannan Jaén, "que se está pensando en un referéndum para "finales de verano o principios de otoño" ", lo cual nos ubica en agosto o septiembre del 2005.
Tratamos de entender cuáles son las maromas que se trae entre manos la ACP, en vista de que si bien se da por sabido entre los entendidos, que se ha gastado en los estudios una suma no menor de 70 millones de dólares; tales estudios no han sido objeto de la divulgación prometida y que ahora parece que el país es víctima de una burla macabra a los sentimientos, a la sensibilidad, al proceso de transparencia y a los deberes de responsabilidad que la confianza pública había venido depositando tanto en los administradores de la ACP, como en los personeros del Organo Ejecutivo, quienes al tomar posesión de sus cargos juraron cumplir fielmente con la Constitución y las leyes de la República.
Es evidente que la ciudadanía no ha sido adecuadamente informada ni se le ha dado a conocer a cabalidad los estudios que son fundamentales para formarse un criterio acerca de la conveniencia o inconveniencia de la expansión del Canal. Ante esta situación tan deplorable, frustrante y decepcionante lo que se le presenta al electorado panameño no es el conjunto de los elementos de juicio que le permita consignar con fervor patriótico un voto positivo o negativo a un referéndum sobre la expansión del Canal.
Tristemente, lamentablemente, desconcertadoramente los hombres y mujeres que en ejercicio de su derecho ciudadano concurran a votar en el referéndum, sin tener acceso a los estudios, no les quedará otra alternativa que consignar un voto político de apoyo o de rechazo a la expansión del Canal.
La Constitución es muy explícita al disponer que la administración de la Autoridad del Canal estará a cargo de una Junta Directiva y que el Director designado por el Presidente de la República presidirá dicha Junta y tendrá la condición de Ministro de Estado para Asuntos del Canal. (Art. 318 antes 312 Constitución Política).
Se trata de una función fiscalizadora, una función de orden público, de objetividad, de transparencia, prevista precisamente para no caer en la situación de desconcierto nacional, que llevó al Ministro Vásquez, Presidente de la Junta Directiva de la ACP, a declarar el miércoles 1 de diciembre de 2004, que la crisis de la CSS afecta la expansión del Canal. Curiosamente el alto funcionario introduce el elemento de la "independencia" que es a todas luces inaceptable, al decir que "Aunque se hable de independencia entre el Canal de Panamá y el Estado... el país será castigado con intereses más altos por la débil y crítica situación financiera que arrastra el programa de pensiones". No nos cansaremos de advertir que el Canal de Panamá jamás podrá ser una entidad independiente del Estado panameño, siendo como es un patrimonio inalienable de la nación panameña, que es un elemento esencial de nuestra patria, que es consubstancial a nuestra existencia como Estado soberano e independiente.
Muchas veces me he ocupado en esta misma columna de opinión del tema de la ampliación del Canal. Me he referido sólo tangencialmente a los aspectos financieros porque al igual que muchos otros panameños pienso que el tratamiento de este tema debe hacerse respetando un orden en el cual la definición del problema nos lleva a preguntarnos por qué y para qué hacer la ampliación antes que preguntarnos cómo o con qué vamos a cubrir su costo. También cabe preguntarse si el problema del déficit actuarial que sufre la Caja de Seguro Social, cercano a los 3,000 millones de dólares, sitúa a la ACP en la disyuntiva de no poder salir al mercado a buscar financiamiento para el proyecto de ampliación. No faltan al respecto los comentarios de algunos técnicos que expresan que antes de gastar $70 millones en estudios, era fácil imaginarse esta realidad obvia... si no hay compromiso de los usuarios para pagar la expansión y los estudios, por qué los hizo la ACP con dinero que necesitaba la CSS.
No ignoro que durante los últimos 4 años en repetidas declaraciones de los más altos responsables de la ACP ha estado implícita su convicción de que la ampliación del Canal es un proyecto cuya definición está contenida en su importancia. No obstante, somos muchos los que estamos esperando una definición más estructurada, más consecuente con el homo sapiens que con el homo economicus. (Según Amartya Sen, el hindú Premio Nobel de Economía 1998, el homo economicus es el ser más tonto del planeta, sólo sabe vender y comprar).
Los responsables de la ACP han hecho reiteradas promesas de publicar los resultados de los costosos estudios que han sido realizados. Faltan pocos días para que termine el año 2004 y no conocemos esa información. En consecuencia, ocuparse de los aspectos financieros es como tratar de vender o comprar la piel del tigre antes de tiempo, antes de muerto.
Las declaraciones del Ministro Vásquez sugieren que antes de que el pueblo sea llamado a pronunciarse sobre la ampliación, la misma está pasando por serios problemas para su financiamiento. La situación está lejos de ser clara y bastante lejos de ser divertida. Muchas veces he insistido en la necesidad de que la ACP, que aduce tener una "visión estratégica" del tema, le dé al tema de la ampliación del Canal la transparencia que permita que todos, nacionales y foráneos, tengan una visión si no coincidente, por lo menos homogénea del problema. Constato que cada día nos trae motivos para frustrarnos y para inquietarnos.
Tratamos de entender cuáles son las maromas que se trae entre manos la ACP, en vista de que si bien se da por sabido entre los entendidos, que se ha gastado en los estudios una suma no menor de 70 millones de dólares; tales estudios no han sido objeto de la divulgación prometida y que ahora parece que el país es víctima de una burla macabra a los sentimientos, a la sensibilidad, al proceso de transparencia y a los deberes de responsabilidad que la confianza pública había venido depositando tanto en los administradores de la ACP, como en los personeros del Organo Ejecutivo, quienes al tomar posesión de sus cargos juraron cumplir fielmente con la Constitución y las leyes de la República.
Es evidente que la ciudadanía no ha sido adecuadamente informada ni se le ha dado a conocer a cabalidad los estudios que son fundamentales para formarse un criterio acerca de la conveniencia o inconveniencia de la expansión del Canal. Ante esta situación tan deplorable, frustrante y decepcionante lo que se le presenta al electorado panameño no es el conjunto de los elementos de juicio que le permita consignar con fervor patriótico un voto positivo o negativo a un referéndum sobre la expansión del Canal.
Tristemente, lamentablemente, desconcertadoramente los hombres y mujeres que en ejercicio de su derecho ciudadano concurran a votar en el referéndum, sin tener acceso a los estudios, no les quedará otra alternativa que consignar un voto político de apoyo o de rechazo a la expansión del Canal.
La Constitución es muy explícita al disponer que la administración de la Autoridad del Canal estará a cargo de una Junta Directiva y que el Director designado por el Presidente de la República presidirá dicha Junta y tendrá la condición de Ministro de Estado para Asuntos del Canal. (Art. 318 antes 312 Constitución Política).
Se trata de una función fiscalizadora, una función de orden público, de objetividad, de transparencia, prevista precisamente para no caer en la situación de desconcierto nacional, que llevó al Ministro Vásquez, Presidente de la Junta Directiva de la ACP, a declarar el miércoles 1 de diciembre de 2004, que la crisis de la CSS afecta la expansión del Canal. Curiosamente el alto funcionario introduce el elemento de la "independencia" que es a todas luces inaceptable, al decir que "Aunque se hable de independencia entre el Canal de Panamá y el Estado... el país será castigado con intereses más altos por la débil y crítica situación financiera que arrastra el programa de pensiones". No nos cansaremos de advertir que el Canal de Panamá jamás podrá ser una entidad independiente del Estado panameño, siendo como es un patrimonio inalienable de la nación panameña, que es un elemento esencial de nuestra patria, que es consubstancial a nuestra existencia como Estado soberano e independiente.
Muchas veces me he ocupado en esta misma columna de opinión del tema de la ampliación del Canal. Me he referido sólo tangencialmente a los aspectos financieros porque al igual que muchos otros panameños pienso que el tratamiento de este tema debe hacerse respetando un orden en el cual la definición del problema nos lleva a preguntarnos por qué y para qué hacer la ampliación antes que preguntarnos cómo o con qué vamos a cubrir su costo. También cabe preguntarse si el problema del déficit actuarial que sufre la Caja de Seguro Social, cercano a los 3,000 millones de dólares, sitúa a la ACP en la disyuntiva de no poder salir al mercado a buscar financiamiento para el proyecto de ampliación. No faltan al respecto los comentarios de algunos técnicos que expresan que antes de gastar $70 millones en estudios, era fácil imaginarse esta realidad obvia... si no hay compromiso de los usuarios para pagar la expansión y los estudios, por qué los hizo la ACP con dinero que necesitaba la CSS.
No ignoro que durante los últimos 4 años en repetidas declaraciones de los más altos responsables de la ACP ha estado implícita su convicción de que la ampliación del Canal es un proyecto cuya definición está contenida en su importancia. No obstante, somos muchos los que estamos esperando una definición más estructurada, más consecuente con el homo sapiens que con el homo economicus. (Según Amartya Sen, el hindú Premio Nobel de Economía 1998, el homo economicus es el ser más tonto del planeta, sólo sabe vender y comprar).
Los responsables de la ACP han hecho reiteradas promesas de publicar los resultados de los costosos estudios que han sido realizados. Faltan pocos días para que termine el año 2004 y no conocemos esa información. En consecuencia, ocuparse de los aspectos financieros es como tratar de vender o comprar la piel del tigre antes de tiempo, antes de muerto.
Las declaraciones del Ministro Vásquez sugieren que antes de que el pueblo sea llamado a pronunciarse sobre la ampliación, la misma está pasando por serios problemas para su financiamiento. La situación está lejos de ser clara y bastante lejos de ser divertida. Muchas veces he insistido en la necesidad de que la ACP, que aduce tener una "visión estratégica" del tema, le dé al tema de la ampliación del Canal la transparencia que permita que todos, nacionales y foráneos, tengan una visión si no coincidente, por lo menos homogénea del problema. Constato que cada día nos trae motivos para frustrarnos y para inquietarnos.
