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Las partidas circuitales


Tuvimos la oportunidad de observar en la TV el programa de la distinguida periodista Dorita de Reyna, lo hago con frecuencia, que versó sobre las partidas circuitales y al que asistieron la comunicadora social Maribel Cuervo de Paredes y el legislador José Luis Fábrega. La primera, como es natural en ella, en forma enérgica y contundente demostró su oposición a la existencia de las mismas y el legislador, con muchas reservas, emitió su opinión, quizás por tratarse de un privilegio que le resulta bastante difícil desprenderse.
El legislador Fábrega expresó textualmente: "la realidad que nosotros encontramos como legisladores nuevos es que aparte de nuestras funciones legislativas, tenemos que aprender una serie de funciones circuitales dentro del circuito, de la comunidad, y para eso se nos ha destinado una partida circuital. Cómo se originó, si es bueno o es malo para mí no es lo importante. Lo importante para mí es que el dinero que se nos ha asignado se maneje con transparencia, que se realicen áuditos, verificaciones periódicas, tantas veces la Contraloría General de la República lo demande. Básicamente yo, si se eliminan o no se eliminan, creo que no es lo importante del asunto, por lo menos desde mi punto de mi vista. Es la utilización, la equidad y la honestidad del manejo de estas partidas."
Obviamente que por tratarse de dineros del Estado deben ser, además de bien administrados, muy fiscalizados. Pero aquí lo importante, a diferencia de lo que opina el legislador, es que esta facultad de los legisladores por ninguna parte se encuentra establecida en nuestra Constitución Nacional. En efecto, los artículos 153, 154 y 155 de nuestra Constitución Nacional, que señalan las funciones legislativas, judiciales y administrativas de la Asamblea Legislativa, no indican que los legisladores tienen la función de estar personalmente administrando dineros del Estado y mucho menos a la construcción de obras, lo que evidentemente es facultad del Ejecutivo. Somos de opinión que esta facultad que se han atribuido los legisladores es inconstitucional.
Como resulta natural son muchísimas las denuncias públicas que se han presentado en torno a la existencia y manejo de estas partidas que la presidencia de la Asamblea Legislativa, a su entera discreción, asigna a cada legislador, pero aparentemente han caído en saco roto.
La periodista Dorita de Reyna presentó datos proporcionados por la Contraloría General de la República que comprende los dineros asignados a las partidas circuitales de 1994 a 1999. En 1994 se gastaron 28 millones de dólares en partidas circuitales. En 1995 fueron 22 millones; en 1996, 39 millones; en 1997, 42 millones; en 1998, 38 millones y en 1999, 30 millones. Estamos hablando de casi 200 millones dólares en partidas circuitales en cinco años. Curiosamente los legisladores, a diferencia del gobierno central, si ejecutaron la totalidad de dichas partidas, no dejaron de gastar ni el tradicional centavo. Todo, según ellos, lo gastaron en sus comunidades denotando una gran diligencia que, en cambio, no es notoria en sus otras funciones. Claro que existen sus excepciones pues por allí una legisladora fue acusada de gastarse dineros de la partida circuital correspondiente a su circuito en el de su esposo.
De acuerdo con la comunicadora social Maribel de Paredes, la eliminación de las partidas circuitales no van a desaparecer por iniciativa de la Asamblea Legislativa: "Yo no creo que va a salir del seno de la Asamblea. Yo pienso que no nos podemos llamar a engaño. Hay hechos concretos que nos dicen que, a nivel de discurso, la gente habla de mucha moralidad y de cosas honestas, pero a nivel de hechos concretos no es así. Por tanto, yo no creo que sea de la Asamblea Legislativa, porque eso sería comprometer a una serie de legisladores, a un número de legisladores, que tiene una plataforma armada a través de las ONG´s que manejan por donde reciben sus partidas circuitales y tienen gente contratada y tienen todo un sistema establecido."
Gracias a la existencia de las partidas circuitales, que son asignadas en forma discriminada, en cuanto a su monto se refiere, sirvieron en las elecciones pasadas de recurso muy conveniente para los legisladores, ya que representa una ventaja el hecho de que un candidato tenga más recursos económicos que otro, sobre los que aspiran por primera vez a ser legisladores, para enfrentar los gastos de una campaña política.
Y entonces ¿cuál es la solución a este problema de las partidas circuitales? Por allí no han faltado quienes han indicado que la solución está en que los legisladores deben trasladar los fondos de las partidas circuitales a los representantes de corregimiento, que son los que conocen las necesidades de la población: "Los representantes deben ayudar a los legisladores a distribuir sus fondos en diferentes proyectos en la comunidad", por allí expresó un controvertido gobernador. Creo que esta pretendida "solución" es salir de Guatemala para entrar en guatepeor. Los ediles no han mostrado el comportamiento necesario como para hacerse acreedores al manejo de estos dineros. Pero, claro, no desaprovecharán la oportunidad para echarle mano a tantos millones y muchos serán los argumentos que esgrimirán con tal fin.
Por otro lado, los legisladores parecen querer mantener la situación, por lo menos, durante todo este período y así vemos que el legislador Fábrega expresó que debería legislarse para abolir las partidas circuitales en el año 2004, es decir, que la fiesta se mantenga hasta cuando concluya su período: "Lo que tenemos que hacer es, decir que a partir de la elección del 2004, los legisladores no manejarán partidas circuitales y que la comunidad sepa que al legislador que va a votar y que va a escoger es, no para manejar partidas circuitales, sino para representarlo y hacer leyes que beneficien a la ciudadanía en general. Pero cortarlo en este mismo período, creo que no."
Considero que la única forma como se puede, de una vez por todas, eliminar las tristemente llamadas partidas circuitales es interponiendo ante la C.S.J. un recurso de inconstitucionalidad y cruzar los dedos para que la Corte se pronuncie con la urgencia que las circunstancias exigen. Sabemos que muchos no creen en la justicia panameña y esta solución la ven poco viable, pero no se me ocurre otra cosa si deseamos guardar el orden constitucional.

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