Las partidas circuitales
Siempre me han parecido muy inconvenientes las partidas circuitales que los señores legisladores utilizan a su exclusiva voluntad y para beneficiar a quienes ellos quieren. No voy a poner en duda aunque ella exista en muchísimos panameños- sobre la forma correcta como dichos fondos se utilizan. Si las partidas circuitales se manejaran con honestidad, transparencia y se dieran algunos beneficios en las obras que se hacen, a pesar de ello, insisto en que es un procedimiento totalmente irregular. La Asamblea tiene como función el hacer leyes. En nuestra estructura administrativa existen otros organismos que deben tener la responsabilidad y la capacidad de hacer esas obras comunales que hoy los legisladores se atribuyen. Estos se han aprovechado de una situación para beneficiarse políticamente: la centralización del Estado panameño.
En 1994, cuando fui candidato a la Presidencia, propuse la descentralización total del Estado panameño. Los gobernadores dejarían de ser figuras decorativas y presidirían un consejo de gabinete formado por los representantes provinciales de los distintos ministerios e instituciones con el objeto de darle seguimiento y lograr mayor eficiencia, cohesión y dinamismo en las acciones que el gobierno central tome. Los municipios tendrían sus fondos propios para poder llevar a cabo una adecuada labor comunitaria estableciendo prioridades de acuerdo con las necesidades que cada una de ellas tiene. Los representantes, están más cerca de los habitantes de su circuito y conocen mucho mejor los problemas que los aquejan, que los propios legisladores.
Si al gasto público que estas partidas circuitales conllevan y que ya asciende a más de 30 millones de balboas al año, se le da un mayor ordenamiento y las inversiones se hacen en razón de la verdadera necesidad de las distintas comunidades y no del querer de un legislador para obtener beneficio político para él, se minimizaría el desgreño y el capricho que hoy se da. Se lograría planificar y obtener mejores resultados de la inversión.
Las famosas partidas circuitales no se iniciaron con este gobierno, ni con esta asamblea. Su origen se remonta a la Asamblea anterior, al igual que un aumento en los salarios de los legisladores, cuando el organismo era presidido por un miembro de la Democracia Cristiana y este partido tenía amplia mayoría legislativa.
Estas partidas especiales comenzaron con pocos fondos, pero al igual que ahora, ayer se dieron sin ninguna planificación, ni estudio serio de las prioridades del país. En las partidas circuitales no existe reglamentación ni cuantitativa ni cualitativa sino exclusivamente priva el interés político del legislador.
Dudo mucho que estas partidas circuitales se puedan eliminar si no se da una descentralización del Estado y hay un compromiso previo a los candidatos a la Presidencia de la República y de quienes aspiran a una curul en la Asamblea Legislativa de poner fin a esta práctica que a todas luces no es beneficiosa para el país. Esto parece difícil de lograr porque quienes lo pueden hacer son los mismos que se benefician de ella, y además, tienen que haber otros funcionarios que realicen la asistencia comunitaria que hoy, aunque en forma desordenada y sugestiva, llevan a cabo los legisladores. Esta práctica de las famosas partidas no es un mal de un partido o del otro, son los legisladores en los partidos que consideran que tienen el derecho de utilizar fondos públicos, que no son de ellos, para beneficiarse políticamente y asistir en sus necesidades a sus electores.
En la pasada asamblea, que estableció el precedente, este renglón fue de pocos millones de balboas al año, en esta ascendió, según publicación a 30 millones. En la próxima asamblea si esto continúa no sería de extrañar que alcance los 50 millones. Las exigencias de los electores a sus legisladores son comprensibles y reales y sólo se podrán evitar o disminuir si encuentran otros organismos que le den solución a sus necesidades. El mal no está en la sábana sino en el enfermo: la centralización.
En 1994, cuando fui candidato a la Presidencia, propuse la descentralización total del Estado panameño. Los gobernadores dejarían de ser figuras decorativas y presidirían un consejo de gabinete formado por los representantes provinciales de los distintos ministerios e instituciones con el objeto de darle seguimiento y lograr mayor eficiencia, cohesión y dinamismo en las acciones que el gobierno central tome. Los municipios tendrían sus fondos propios para poder llevar a cabo una adecuada labor comunitaria estableciendo prioridades de acuerdo con las necesidades que cada una de ellas tiene. Los representantes, están más cerca de los habitantes de su circuito y conocen mucho mejor los problemas que los aquejan, que los propios legisladores.
Si al gasto público que estas partidas circuitales conllevan y que ya asciende a más de 30 millones de balboas al año, se le da un mayor ordenamiento y las inversiones se hacen en razón de la verdadera necesidad de las distintas comunidades y no del querer de un legislador para obtener beneficio político para él, se minimizaría el desgreño y el capricho que hoy se da. Se lograría planificar y obtener mejores resultados de la inversión.
Las famosas partidas circuitales no se iniciaron con este gobierno, ni con esta asamblea. Su origen se remonta a la Asamblea anterior, al igual que un aumento en los salarios de los legisladores, cuando el organismo era presidido por un miembro de la Democracia Cristiana y este partido tenía amplia mayoría legislativa.
Estas partidas especiales comenzaron con pocos fondos, pero al igual que ahora, ayer se dieron sin ninguna planificación, ni estudio serio de las prioridades del país. En las partidas circuitales no existe reglamentación ni cuantitativa ni cualitativa sino exclusivamente priva el interés político del legislador.
Dudo mucho que estas partidas circuitales se puedan eliminar si no se da una descentralización del Estado y hay un compromiso previo a los candidatos a la Presidencia de la República y de quienes aspiran a una curul en la Asamblea Legislativa de poner fin a esta práctica que a todas luces no es beneficiosa para el país. Esto parece difícil de lograr porque quienes lo pueden hacer son los mismos que se benefician de ella, y además, tienen que haber otros funcionarios que realicen la asistencia comunitaria que hoy, aunque en forma desordenada y sugestiva, llevan a cabo los legisladores. Esta práctica de las famosas partidas no es un mal de un partido o del otro, son los legisladores en los partidos que consideran que tienen el derecho de utilizar fondos públicos, que no son de ellos, para beneficiarse políticamente y asistir en sus necesidades a sus electores.
En la pasada asamblea, que estableció el precedente, este renglón fue de pocos millones de balboas al año, en esta ascendió, según publicación a 30 millones. En la próxima asamblea si esto continúa no sería de extrañar que alcance los 50 millones. Las exigencias de los electores a sus legisladores son comprensibles y reales y sólo se podrán evitar o disminuir si encuentran otros organismos que le den solución a sus necesidades. El mal no está en la sábana sino en el enfermo: la centralización.
