Las partidas repartidas
La regadera de corrupción que significó la defenestración de la Constitución democrática de 1946, introdujo entre sus diferentes variantes de desinstitucionalización y de imposición de la voluntad del general contra la voluntad general, las cada vez más jugosas "partidas secretas o discrecionales". Basta una hojeada a la danza de millones que, desde 1968 hasta la fecha, han pasado por las manos de algunas altas autoridades, para evidenciar la cleptocracia como modalidad gubernamental.
Bien indicaba el profesor Rubén Darío Carles, hijo: "Desde el golpe de Estado de Octubre del 68 se crearon en la Presidencia de la República, en la Comandancia de la Guardia Nacional y en otros altos despachos superiores, fondos sustanciales que fueron manejados personalmente por los titulares de dichos cargos y cuyo control estaba fuera de toda verificación posible".
El estudio de lo que han sido y de lo que han hecho con las partidas ha sido demasiado descuidado hasta el presente y hoy -más que nunca- es necesario realizar una profunda revisión de las mismas, teniendo en cuenta que ya no existen muchas de las dificultades y trabas legales que se nos impusieron antes. Además, los ciudadanos tenemos derecho a saber todo lo que se ha hecho, todo que se hace y todo lo que se hará con los dineros públicos en todos los gobiernos centrales, provinciales o municipales, así como en todos los Organos del Estado, sin excepción.
Sin embargo, poco o nada se alcanza en la urgente tarea de desterrar el vicio de las partidas que corroe, cada día más, al degradante e ineficaz sistema que abandera el presidencialismo. Es por ello que la excesiva concentración de poder y de privilegios en determinadas personas -llamese Presidente, Procurador o Contralor- les permite atribuciones que afectan el progreso de la sociedad, que favorece necesariamente a la corrupción y a su gran aliada: la impunidad.
Así es como, gracias a la ausencia de mecanismos e instrumentos de control ciudadano e institucional sobre los fondos provenientes del Tesoro Nacional y del Banco Nacional, por ejemplo, sólo entre las manos de diez "jefes del Ejecutivo" han circulado más 84 millones de balboas. ¿Cuántos millones circularon por las manos de los "comandantes en jefe" de la Guardia Nacional? ¿Cuántos millones han circulado por las manos de contralores, procuradores o legisladores durante todos estos años?
Graves interrogantes cuyas respuestas requerirían de una verdadera voluntad de corrección luego de una -también- verdadera, independiente y eficaz investigación.
El Committee on Standards in Public Life, publicó en Londres en 1997 un interesante trabajo bajo el título: "The seven principles of public life" , que ahora, con el tema de las partidas repartidas nos convendría a los ciudadanos exigir que se cumplan estrictamente:
Interés público: El servidor público debe actuar sólo en términos del interés público y no hacer su trabajo buscando beneficios materiales o económicos para sí mismo, su familia o sus amigos.
Integridad: Los servidores públicos no deben prestarse a recibir dádivas económicas o de otro tipo, de personas u organizaciones que puedan buscar influir en sus decisiones o acciones oficiales.
Objetividad: El servidor público, en el ejercicio de sus funciones oficiales, tales como nombramientos, adjudicación de contratos, beneficios o subsidios sólo debe hacerlo con base en los méritos.
Responsabilidad: El servidor público debe responder políticamente por sus decisiones, acciones y omisiones ante la ciudadanía y debe someterse al escrutinio apropiado para su función.
Apertura: El servidor público debe ser tan claro como le sea posible con respecto a todas las decisiones y acciones que tome y debe explicar las que o tengan carácter de secretas.
Honestidad: El servidor público debe declarar todo interés privado que tenga o pueda tener con respecto a sus deberes y hacer lo necesario para evitar un conflicto personal que deteriore el interés público.
Liderazgo: Estos principios deben ser promovidos por el servidor público con su liderazgo y su ejemplo.
La corrupción es "endémica en todas las formas de gobierno", y este gobierno debe prestarle una atención seria y crítica para combatirla como peligro real para la ya decadente democracia en nuestro Panamá, sin que sea utilizada como un instrumento de mercadeo para arremeter contra los demás.
