Las reformas
Cuando laboramos como asesor político del presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Carlos Alvarado, en el período 2002-03, la tarea más importante fue impulsar las reformas a nuestro orden constitucional, a pesar del temor - injustificado- de ciertos sectores y políticos del país. Lo importante de ese trascendental ejercicio consistió en que por vez primera, desde la reforma de 1972, un Órgano del Estado, el Legislativo, hacía suyo el planteamiento de reformar la Carta Magna y tomaba la iniciativa que importantes sectores venían impulsando, a partir de las debilidades que afloraron en los últimos años en el funcionamiento de las principales instituciones, debilidades que ponen en peligro los cimientos de convivencia de los panameños.
El equipo político y técnico de la Asamblea que se encargó de desarrollar una propuesta final, funcionarios de alta calidad y calificación en sus especialidades jurídicas, lograron recoger, después de una serie de reuniones y consultas que duraron varios meses con políticos, líderes de partidos políticos, empresarios, el Colegio Nacional de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, la Iglesia católica, el Sindicato de Periodistas y muchas figuras importantes del país, una vasta información y propuestas que quedaron plasmadas en un documento que presentó el Legislador presidente Carlos Alvarado al Pleno en agosto de 2003, titulado "Propuesta de Constitución Política del Centenario".
El tema ha sido retomado por el presidente electo Martín Torrijos con el apoyo de la mandataria Mireya Moscoso, lo que hace pensar que el importante asunto está tomando renovados impulsos, creándose buenas perspectivas para que la Constitución sea modificada. Algunos sostienen que hay mucho apuro y que por el método de hacer los cambios a través de la actual Asamblea, a la que le queda escasos dos meses de funciones, se estaría cayendo en la improvisación; otros consideran que el método no es el apropiado por las valoraciones negativas que tienen sobre el Legislativo. Sin dejar de reconocer las buenas razones que pudiesen existir en estos planteamientos, lo más importante es que el tema ha sido puesto sobre el tapete nuevamente y avalado por los dos principales dirigentes políticos del país.
Las propuestas de reducir el número de legisladores y suplentes, la eliminación del método actual en la elección de los magistrados de la Corte Suprema, la eliminación de sus suplentes, el exceso de presidencialismo del sistema político y otros temas puntuales, reflejan la desconfianza en la mayoría de las instituciones por las prácticas negativas que dan pábulo a la corrupción institucional.
Las reformas no pueden reducirse sólo a estos aspectos particulares. Tienen que abarcar áreas que tienen que ver con la forma en que los políticos concebimos y hacemos política. La propuesta que en este aspecto se haga debe acabar con el caciquismo y el clientelismo político, lacras heredadas de un pasado negativo que se pueden superar otorgando mayor participación a los ciudadanos con la eliminación de trabas y requisitos que limitan la creación de nuevas organizaciones políticas y permitiendo las postulaciones libres para todos los puestos de elección. Además debe afectarse los contenidos y las formas en cómo se hacen y se elaboran las leyes, propiciando cambios sustanciales en el Legislativo, que al final del ejercicio reformador muestre lo que debe ser este Organo, realmente renovado, participativo y en el que lo mejor de la clase política represente los intereses del pueblo. La reforma debiera eliminar la reelección de los legisladores, medida de salvaguarda esencial para evitar que se repitan los tristes espectáculos del pasado reciente.
El Organo Judicial no sólo debe ser afectado en la forma de elegir a sus autoridades sino también en la aplicación de la justicia, con la creación de organismos administrativos y judiciales especializados y con presupuestos a tono con sus necesidades, la única vía para agilizar los procesos y de hacer de verdad más eficiente la justicia.
La descentralización del Estado, el cambio en el papel de la Contraloría General de la Nación de fiscalización y de sanción a los delitos cometidos por los funcionarios con la creación de un Tribunal de Cuentas, la autonomía administrativa y financiera de la CSS para que sus asociados tengan el poder de decidir el futuro de ésta, el impulso de la carrera administrativa a través de concursos auspiciados y vigilados por entes académicos imparciales, son temas vitales para que las instituciones recuperen la confianza perdida y se eliminen las propensiones a la corrupción en nuestro orden jurídico. Impulsar esta iniciativa de reformas integrales a la Constitución es la mejor forma de honrar el slogan de Patria Nueva, pues con ellas se estaría enterrando el tradicionalismo oligárquico que desde el nacimiento de la República ha generado las peores lacras que impiden que Panamá avance hacia estados superiores de vida.
El equipo político y técnico de la Asamblea que se encargó de desarrollar una propuesta final, funcionarios de alta calidad y calificación en sus especialidades jurídicas, lograron recoger, después de una serie de reuniones y consultas que duraron varios meses con políticos, líderes de partidos políticos, empresarios, el Colegio Nacional de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, la Iglesia católica, el Sindicato de Periodistas y muchas figuras importantes del país, una vasta información y propuestas que quedaron plasmadas en un documento que presentó el Legislador presidente Carlos Alvarado al Pleno en agosto de 2003, titulado "Propuesta de Constitución Política del Centenario".
El tema ha sido retomado por el presidente electo Martín Torrijos con el apoyo de la mandataria Mireya Moscoso, lo que hace pensar que el importante asunto está tomando renovados impulsos, creándose buenas perspectivas para que la Constitución sea modificada. Algunos sostienen que hay mucho apuro y que por el método de hacer los cambios a través de la actual Asamblea, a la que le queda escasos dos meses de funciones, se estaría cayendo en la improvisación; otros consideran que el método no es el apropiado por las valoraciones negativas que tienen sobre el Legislativo. Sin dejar de reconocer las buenas razones que pudiesen existir en estos planteamientos, lo más importante es que el tema ha sido puesto sobre el tapete nuevamente y avalado por los dos principales dirigentes políticos del país.
Las propuestas de reducir el número de legisladores y suplentes, la eliminación del método actual en la elección de los magistrados de la Corte Suprema, la eliminación de sus suplentes, el exceso de presidencialismo del sistema político y otros temas puntuales, reflejan la desconfianza en la mayoría de las instituciones por las prácticas negativas que dan pábulo a la corrupción institucional.
Las reformas no pueden reducirse sólo a estos aspectos particulares. Tienen que abarcar áreas que tienen que ver con la forma en que los políticos concebimos y hacemos política. La propuesta que en este aspecto se haga debe acabar con el caciquismo y el clientelismo político, lacras heredadas de un pasado negativo que se pueden superar otorgando mayor participación a los ciudadanos con la eliminación de trabas y requisitos que limitan la creación de nuevas organizaciones políticas y permitiendo las postulaciones libres para todos los puestos de elección. Además debe afectarse los contenidos y las formas en cómo se hacen y se elaboran las leyes, propiciando cambios sustanciales en el Legislativo, que al final del ejercicio reformador muestre lo que debe ser este Organo, realmente renovado, participativo y en el que lo mejor de la clase política represente los intereses del pueblo. La reforma debiera eliminar la reelección de los legisladores, medida de salvaguarda esencial para evitar que se repitan los tristes espectáculos del pasado reciente.
El Organo Judicial no sólo debe ser afectado en la forma de elegir a sus autoridades sino también en la aplicación de la justicia, con la creación de organismos administrativos y judiciales especializados y con presupuestos a tono con sus necesidades, la única vía para agilizar los procesos y de hacer de verdad más eficiente la justicia.
La descentralización del Estado, el cambio en el papel de la Contraloría General de la Nación de fiscalización y de sanción a los delitos cometidos por los funcionarios con la creación de un Tribunal de Cuentas, la autonomía administrativa y financiera de la CSS para que sus asociados tengan el poder de decidir el futuro de ésta, el impulso de la carrera administrativa a través de concursos auspiciados y vigilados por entes académicos imparciales, son temas vitales para que las instituciones recuperen la confianza perdida y se eliminen las propensiones a la corrupción en nuestro orden jurídico. Impulsar esta iniciativa de reformas integrales a la Constitución es la mejor forma de honrar el slogan de Patria Nueva, pues con ellas se estaría enterrando el tradicionalismo oligárquico que desde el nacimiento de la República ha generado las peores lacras que impiden que Panamá avance hacia estados superiores de vida.
