Las reglas del juego
Por las últimas fechas, ha surgido un coro monocorde, orquestado desde algunas sedes empresariales y motivado por la, aparentemente, "muy sana y profunda preocupación" de que el gobierno defina las "reglas del juego" en el campo económico. Afirman, esos "preocupados empresarios", que la demora de ese pronunciamiento les impide abrir sus alforjas y dar rienda suelta a la furia inversora que los anima, para crear nuevas fuentes de trabajo.
Los "grupos de presión", especialmente los de mayor poder económico, como explicaba en un artículo previo, en países como el nuestro, sustituyen el protagonismo de los partidos que, por sur esencialmente electoralistas, tienden a caer en profundos letargos en los períodos que median entre las elecciones. Y ese protagonismo lo utilizan, sin ambajes, para tratar de obtener del gobierno los compromisos que más convienen a los intereses que representan esos grupos. Por ello, sus campañas para influir las decisiones de gobierno no deben tomarse a la ligera.
Entiendo la conducta asumida por ciertos grupos empresariales, pues ellos están para velar por sus intereses, por encima de toda otra consideración. Pero como esos intereses están mayormente orientados por el afán de lucro, hay que estar alerta contra el trasfondo que encubren.
Hace sólo unos días, un destacado empresario advertía que para enfrentar el problema de la pobreza es necesario que los sectores pudientes "se metan la mano en los bolsillos". Esa expresión, que hay que entenderla en el sentido de que se despojen de algunos privilegios y contribuyan a corregir la desigualdad en la distribución de la riqueza, que en Panamá no disminuye sino que aumenta, ha quedado sin eco.
Por otra parte, hace también pocos días, varios líderes empresariales han expresado su rechazo a cualquier reforma tributaria que les obligue a pagar más impuestos sobre las utilidades de sus negocios, a pesar de que es un hecho demostrado que el peso de la carga fiscal del Impuesto sobre la Renta castiga, desigual e injustamente, a quienes reciben menores ingresos, que son los asalariados.
Si la desigual distribución de la riqueza contribuye a aumentar la pobreza, y a los que menos ganan se les cobra, proporcionalmente, más impuestos que a los que más ganan, entonces, como consecuencia necesaria, la brecha de la desigualdad aumenta y, por consiguiente, la pobreza.
Una absurda teoría económica sostuvo en el pasado que para reducir la pobreza había que privilegiar al capital, liberándole de impuestos, porque así habría más dinero para la inversión privada y se crearían más fuentes de trabajo. A nadie, en su sano juicio, se le ocurre hoy proponer semejantes extremos, pues está comprobado que una justa distribución de la carga tributaria contribuye a la creación de una sociedad más justa.
Los tributos equitativamente distribuidos, bien recaudados y bien administrados, producen los recursos que permiten cubrir el costo de los servicios públicos que son esenciales para los sectores de menores ingresos, que sólo pueden recibirlos del Estado.
En Panamá se impone, con urgencia, que revisemos el impuesto sobre la renta, para corregir sus tarifas, aliviándole la carga a los asalariados y aumentándosela a las empresas, pues en contra del más elemental principio de justicia tributaria el sistema reconoce deducciones ínfimas a los asalariados, para gastos de manutención, mientras permite múltiples alternativas para que las empresas disminuyan el monto de su renta gravable.
Si queremos avanzar hacia una sociedad justa, que sólo se conseguirá si se cierra la brecha de la desigualdad, no bastan las declaraciones de buenas intenciones. Es necesario, además, asumir los compromisos que la hagan posible.
Al escuchar los planteamientos de algunos líderes empresariales, que por igual rechazan la revisión del sistema tributario o el alza del salario mínimo, no puedo evitar que me quede la impresión de que su aparente preocupación por el rumbo económico del país sólo busca la defensa y conservación de sus privilegios.
Los "grupos de presión", especialmente los de mayor poder económico, como explicaba en un artículo previo, en países como el nuestro, sustituyen el protagonismo de los partidos que, por sur esencialmente electoralistas, tienden a caer en profundos letargos en los períodos que median entre las elecciones. Y ese protagonismo lo utilizan, sin ambajes, para tratar de obtener del gobierno los compromisos que más convienen a los intereses que representan esos grupos. Por ello, sus campañas para influir las decisiones de gobierno no deben tomarse a la ligera.
Entiendo la conducta asumida por ciertos grupos empresariales, pues ellos están para velar por sus intereses, por encima de toda otra consideración. Pero como esos intereses están mayormente orientados por el afán de lucro, hay que estar alerta contra el trasfondo que encubren.
Hace sólo unos días, un destacado empresario advertía que para enfrentar el problema de la pobreza es necesario que los sectores pudientes "se metan la mano en los bolsillos". Esa expresión, que hay que entenderla en el sentido de que se despojen de algunos privilegios y contribuyan a corregir la desigualdad en la distribución de la riqueza, que en Panamá no disminuye sino que aumenta, ha quedado sin eco.
Por otra parte, hace también pocos días, varios líderes empresariales han expresado su rechazo a cualquier reforma tributaria que les obligue a pagar más impuestos sobre las utilidades de sus negocios, a pesar de que es un hecho demostrado que el peso de la carga fiscal del Impuesto sobre la Renta castiga, desigual e injustamente, a quienes reciben menores ingresos, que son los asalariados.
Si la desigual distribución de la riqueza contribuye a aumentar la pobreza, y a los que menos ganan se les cobra, proporcionalmente, más impuestos que a los que más ganan, entonces, como consecuencia necesaria, la brecha de la desigualdad aumenta y, por consiguiente, la pobreza.
Una absurda teoría económica sostuvo en el pasado que para reducir la pobreza había que privilegiar al capital, liberándole de impuestos, porque así habría más dinero para la inversión privada y se crearían más fuentes de trabajo. A nadie, en su sano juicio, se le ocurre hoy proponer semejantes extremos, pues está comprobado que una justa distribución de la carga tributaria contribuye a la creación de una sociedad más justa.
Los tributos equitativamente distribuidos, bien recaudados y bien administrados, producen los recursos que permiten cubrir el costo de los servicios públicos que son esenciales para los sectores de menores ingresos, que sólo pueden recibirlos del Estado.
En Panamá se impone, con urgencia, que revisemos el impuesto sobre la renta, para corregir sus tarifas, aliviándole la carga a los asalariados y aumentándosela a las empresas, pues en contra del más elemental principio de justicia tributaria el sistema reconoce deducciones ínfimas a los asalariados, para gastos de manutención, mientras permite múltiples alternativas para que las empresas disminuyan el monto de su renta gravable.
Si queremos avanzar hacia una sociedad justa, que sólo se conseguirá si se cierra la brecha de la desigualdad, no bastan las declaraciones de buenas intenciones. Es necesario, además, asumir los compromisos que la hagan posible.
Al escuchar los planteamientos de algunos líderes empresariales, que por igual rechazan la revisión del sistema tributario o el alza del salario mínimo, no puedo evitar que me quede la impresión de que su aparente preocupación por el rumbo económico del país sólo busca la defensa y conservación de sus privilegios.
