Las tierras más cotizadas
Quizá la privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal y el Ferrocarril de Panamá sean recordados como una de las más complicadas y controversiales transacciones realizadas por el Gobierno de turno. Desde su convocatoria de privatización hasta lo que aparenta ser su desenlace, el proceso ha estado plagado de suspicacias, falta de transparencia y un nivel intolerable de incompetencia de la burocracia estatal.
Aunque el proceso de privatización comenzó con lo que pareció indicar la intención de parte del Gobierno de llevarlo a cabo en forma transparente y pública, no tardó en descarrilarse. Es indiscutible que las leyes aplicables no requerían la convocatoria de acto público alguno. No obstante, el Gobierno decidió abrir un proceso que intentaba regirse por las leyes de contratación pública pero no las cumplía. Así, se aplicaron las novedosas normas de contratación pública que permitían la precalificación de empresas elaborando un documento que se asimilaba al típico pliego de cargos.
Se recibieron propuestas de los interesados con bases disímiles, las cuales fueron rechazadas al menos dos veces. Aunque el rechazo pudo haber tenido buenas intenciones, el mismo causó que las empresas participantes revelaran a sus contrapartes los detalles sobre sus respectivos proyectos. En medio del proceso, se permitió la entrada de nuevos postores y se modificaron los términos y condiciones para hacer propuestas.
En el proceso de llevar adelante la privatización de estos activos estatales, la burocracia del Gobierno demostró su incompetencia al otorgar las mismas tierras para diferentes proyectos de diferentes empresas. Es de conocimiento público que se otorgaron las mismas tierras a los puertos y al ferrocarril, es decir, a la Hutchinson y a Kansas City Railway, respectivamente, para su desarrollo por separado. Paralelamente, se concedieron tierras también otorgadas a estas empresas para la instalación del aeropuerto que reemplazaría Paitilla y para la construcción de un centro comercial.
Como era de esperarse, ningún funcionario del Gobierno asumió responsabilidad por el grave error y nadie fue despedido. En su lugar, nosotros los contribuyentes pagaremos por el faux pas. El Gobierno decidió que cada empresa recibiría las tierras que le fueron prometidas para poder llevar a cabo su operación. En el caso de la Hutchinson, en vista de que tuvieron que ceder tierras que ya les habían sido concedidas, el Estado dejará de percibir B/.40 millones en pagos anuales para que ésta pueda invertirlos para rellenar 18 hectáreas para su propio uso.
Aunque el proceso de privatización comenzó con lo que pareció indicar la intención de parte del Gobierno de llevarlo a cabo en forma transparente y pública, no tardó en descarrilarse. Es indiscutible que las leyes aplicables no requerían la convocatoria de acto público alguno. No obstante, el Gobierno decidió abrir un proceso que intentaba regirse por las leyes de contratación pública pero no las cumplía. Así, se aplicaron las novedosas normas de contratación pública que permitían la precalificación de empresas elaborando un documento que se asimilaba al típico pliego de cargos.
Se recibieron propuestas de los interesados con bases disímiles, las cuales fueron rechazadas al menos dos veces. Aunque el rechazo pudo haber tenido buenas intenciones, el mismo causó que las empresas participantes revelaran a sus contrapartes los detalles sobre sus respectivos proyectos. En medio del proceso, se permitió la entrada de nuevos postores y se modificaron los términos y condiciones para hacer propuestas.
En el proceso de llevar adelante la privatización de estos activos estatales, la burocracia del Gobierno demostró su incompetencia al otorgar las mismas tierras para diferentes proyectos de diferentes empresas. Es de conocimiento público que se otorgaron las mismas tierras a los puertos y al ferrocarril, es decir, a la Hutchinson y a Kansas City Railway, respectivamente, para su desarrollo por separado. Paralelamente, se concedieron tierras también otorgadas a estas empresas para la instalación del aeropuerto que reemplazaría Paitilla y para la construcción de un centro comercial.
Como era de esperarse, ningún funcionario del Gobierno asumió responsabilidad por el grave error y nadie fue despedido. En su lugar, nosotros los contribuyentes pagaremos por el faux pas. El Gobierno decidió que cada empresa recibiría las tierras que le fueron prometidas para poder llevar a cabo su operación. En el caso de la Hutchinson, en vista de que tuvieron que ceder tierras que ya les habían sido concedidas, el Estado dejará de percibir B/.40 millones en pagos anuales para que ésta pueda invertirlos para rellenar 18 hectáreas para su propio uso.
