Las transmutaciones de la presencia militar estadounidense
La semana pasada, trascendió a la opinión pública un documento de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, dirigido a promover la concertación de un Acuerdo sobre Fuerzas Visitantes ("Visiting Forces Agreement" - VFA).
Este nuevo desarrollo tiene que ver con las transmutaciones que de tiempo en tiempo proyectan los Estados Unidos para mantener una presencia militar en Panamá. Es otra expresión del acento que, según respetables círculos norteamericanos, se le imprime a la política exterior de los Estados Unidos que cada vez más adquiere un color verde olivo, por la creciente militarización de la administración de su sistema de relaciones internacionales. El caso más ilustrativo lo ofrece la preeminencia que se le asigna en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá al General del Comando Sur, a cargo de la coordinación del Plan Colombia.
En la esfera de las Fuerzas Militares Visitantes, los Estados Unidos se dirigen a Panamá en tiempo presente y en un ámbito bilateral; pero, con relación a los demás países del hemisferio, lo hacen en tiempo futuro y en un ambiguo tono multilateral. Sin embargo, el caso de Panamá es distinto. Los Estados Unidos suscribieron en 1977 el Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá y se comprometieron en el Artículo 5 a que "Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, sólo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro del territorio nacional".
Esta fue una de las reivindicaciones que destaqué ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando le informé a todos los Estados Miembros de la Organización Mundial sobre la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Señalé que el hecho capital, aspiración irrenunciable de sucesivas generaciones panameñas, es que el día 31 de diciembre de 1999, cesaba físicamente la presencia militar de los Estados Unidos en el territorio panameño. Este hecho le dio su pleno sentido histórico a los Tratados firmados el 7 de septiembre de 1977. Porque es esta presencia la que, por sí misma, limita y menoscaba la nacionalidad panameña. Se trata, en verdad, de la esencia misma de la condición nacional, de algo que nada tiene que ver con posibles alianzas tácticas y defensivas con miras a un objetivo concreto, limitadas, consecuentemente, por circunstancias y factores perecederos.
En materia de relaciones internacionales, sean estas bilaterales o multilaterales, hay propuestas que se hacen para discutirlas y otras que se hacen para afirmarlas. La propuesta, o reformulación de la propuesta de Fuerzas Visitantes, parece pertenecer al segundo grupo y ahora viene acompañada de una lista de los beneficios que ella arrojaría en Panamá.
La propuesta norteamericana quiere dar marcha atrás al reloj de la historia. El catálogo que ofrece de posibles beneficios, cronológicamente era susceptible de ser realizado en el período que corrió del 7 de septiembre de 1977, fecha de la firma de los Tratados, y el 31 de diciembre de 1999, fecha de la terminación del Tratado del Canal de Panamá. Ahora resultan extemporáneos. Sus propósitos militares y oportunistas no se compadecen con la vocación pacífica de Panamá, ni con la dignidad y el decoro nacionales.
La Embajada Americana en su documento de promoción de la presencia militar foránea, alude al hecho de que "el personal militar estadounidense que ahora desembarca en Panamá, contribuye con unos 24 millones de dólares al año a la economía panameña". Alega que con el VFA la economía panameña podría recibir 12 millones de dólares adicionales, lo cual haría un total de 36 millones de dólares. Las preguntas lógicas para medir la magnitud de la lesión que se le causa a la soberanía nacional son: ¿Cuántos soldados producen 24 millones de dólares? ¿Cuántos soldados producen 12 millones de dólares? ¿Cuántos soldados producen 36 millones de dólares? En otras palabras ¿Hay soldados norteamericanos acantonados en territorio panameño? El Ejecutivo debe responder a esta pregunta, no sólo porque es su deber para con la ciudadanía, sino porque el hecho implica una infracción manifiesta de la Constitución y de un Tratado Internacional vigente, y porque entraña, además, la tipificación de un delito contra la personalidad internacional del Estado.
Por varias semanas, el tema de las Fuerzas Visitantes ha estado en una zona de sombras, a pesar de que las cuestiones de seguridad nacional se mantienen subyacentes en diversas declaraciones oficiales, incluyendo las referidas a la inclusión de Panamá en la "lista negra" del GAFI y en otras manifestaciones de voceros de la guerrilla y de los paramilitares colombianos, que contienen indudables elementos de amenaza frente al más leve atisbo de involucramiento de parte del Gobierno panameño en el drama de Colombia.
Si los Estados Unidos quieren ayudar a Panamá y fortalecer nuestra capacidad de seguridad interior y exterior, deben ser consecuentes y pensar en formas adecuadas y equitativas. Con la propuesta que nos hacen en este año 2000, se están plagiando a sí mismos, como si estuvieran viviendo en los tiempos de la víspera de la Primera Guerra Mundial. Siempre está abierta la posibilidad de proyectar en común acciones concertadas para garantizar la neutralidad del Canal y para preservar a Panamá del terrorismo, del narcotráfico y de la inmigración clandestina y desordenada. Eso conlleva, sin embargo, una condición inalterable: no mezclar las consignas, ni las banderas.
Los Estados Unidos están comprometidos a comprender que hay propuestas que para los panameños son moral e históricamente inadmisibles. Por qué no llegar a acuerdos que en vez de ofender nuestros sentimientos, sean factores que vayan disipando nuestra desconfianza y nuestros temores. Esa es la gran tarea, ese es el desafío que tenemos por delante. Mientras tanto, siempre estaremos condicionados por la sospecha de que los esfuerzos de los Estados Unidos para persuadir al Gobierno panameño, sólo son una metáfora de su propuesta anterior expresiva de la voluntad de perpetuar una presencia militar en Panamá, lo cual no se concilia ni con el orgullo, ni con la dignidad y el decoro patrios.
Los panameños compartimos con los Estados Unidos las preocupaciones y los objetivos que son tributarios de un mundo más organizado, menos peligroso, más próspero; pero tal compromiso no puede ni debe atentar contra las conquistas ya alcanzadas. Esta posición es la misma que estamos viendo y escuchando que predican los brasileños, los venezolanos, los ecuatorianos y los peruanos. Es decir, todos los países limítrofes con Colombia. Se trata del clamor de los pueblos que los respectivos Gobiernos no pueden ni deben desoír ni descartar.
Este nuevo desarrollo tiene que ver con las transmutaciones que de tiempo en tiempo proyectan los Estados Unidos para mantener una presencia militar en Panamá. Es otra expresión del acento que, según respetables círculos norteamericanos, se le imprime a la política exterior de los Estados Unidos que cada vez más adquiere un color verde olivo, por la creciente militarización de la administración de su sistema de relaciones internacionales. El caso más ilustrativo lo ofrece la preeminencia que se le asigna en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá al General del Comando Sur, a cargo de la coordinación del Plan Colombia.
En la esfera de las Fuerzas Militares Visitantes, los Estados Unidos se dirigen a Panamá en tiempo presente y en un ámbito bilateral; pero, con relación a los demás países del hemisferio, lo hacen en tiempo futuro y en un ambiguo tono multilateral. Sin embargo, el caso de Panamá es distinto. Los Estados Unidos suscribieron en 1977 el Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá y se comprometieron en el Artículo 5 a que "Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, sólo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro del territorio nacional".
Esta fue una de las reivindicaciones que destaqué ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando le informé a todos los Estados Miembros de la Organización Mundial sobre la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Señalé que el hecho capital, aspiración irrenunciable de sucesivas generaciones panameñas, es que el día 31 de diciembre de 1999, cesaba físicamente la presencia militar de los Estados Unidos en el territorio panameño. Este hecho le dio su pleno sentido histórico a los Tratados firmados el 7 de septiembre de 1977. Porque es esta presencia la que, por sí misma, limita y menoscaba la nacionalidad panameña. Se trata, en verdad, de la esencia misma de la condición nacional, de algo que nada tiene que ver con posibles alianzas tácticas y defensivas con miras a un objetivo concreto, limitadas, consecuentemente, por circunstancias y factores perecederos.
En materia de relaciones internacionales, sean estas bilaterales o multilaterales, hay propuestas que se hacen para discutirlas y otras que se hacen para afirmarlas. La propuesta, o reformulación de la propuesta de Fuerzas Visitantes, parece pertenecer al segundo grupo y ahora viene acompañada de una lista de los beneficios que ella arrojaría en Panamá.
La propuesta norteamericana quiere dar marcha atrás al reloj de la historia. El catálogo que ofrece de posibles beneficios, cronológicamente era susceptible de ser realizado en el período que corrió del 7 de septiembre de 1977, fecha de la firma de los Tratados, y el 31 de diciembre de 1999, fecha de la terminación del Tratado del Canal de Panamá. Ahora resultan extemporáneos. Sus propósitos militares y oportunistas no se compadecen con la vocación pacífica de Panamá, ni con la dignidad y el decoro nacionales.
La Embajada Americana en su documento de promoción de la presencia militar foránea, alude al hecho de que "el personal militar estadounidense que ahora desembarca en Panamá, contribuye con unos 24 millones de dólares al año a la economía panameña". Alega que con el VFA la economía panameña podría recibir 12 millones de dólares adicionales, lo cual haría un total de 36 millones de dólares. Las preguntas lógicas para medir la magnitud de la lesión que se le causa a la soberanía nacional son: ¿Cuántos soldados producen 24 millones de dólares? ¿Cuántos soldados producen 12 millones de dólares? ¿Cuántos soldados producen 36 millones de dólares? En otras palabras ¿Hay soldados norteamericanos acantonados en territorio panameño? El Ejecutivo debe responder a esta pregunta, no sólo porque es su deber para con la ciudadanía, sino porque el hecho implica una infracción manifiesta de la Constitución y de un Tratado Internacional vigente, y porque entraña, además, la tipificación de un delito contra la personalidad internacional del Estado.
Por varias semanas, el tema de las Fuerzas Visitantes ha estado en una zona de sombras, a pesar de que las cuestiones de seguridad nacional se mantienen subyacentes en diversas declaraciones oficiales, incluyendo las referidas a la inclusión de Panamá en la "lista negra" del GAFI y en otras manifestaciones de voceros de la guerrilla y de los paramilitares colombianos, que contienen indudables elementos de amenaza frente al más leve atisbo de involucramiento de parte del Gobierno panameño en el drama de Colombia.
Si los Estados Unidos quieren ayudar a Panamá y fortalecer nuestra capacidad de seguridad interior y exterior, deben ser consecuentes y pensar en formas adecuadas y equitativas. Con la propuesta que nos hacen en este año 2000, se están plagiando a sí mismos, como si estuvieran viviendo en los tiempos de la víspera de la Primera Guerra Mundial. Siempre está abierta la posibilidad de proyectar en común acciones concertadas para garantizar la neutralidad del Canal y para preservar a Panamá del terrorismo, del narcotráfico y de la inmigración clandestina y desordenada. Eso conlleva, sin embargo, una condición inalterable: no mezclar las consignas, ni las banderas.
Los Estados Unidos están comprometidos a comprender que hay propuestas que para los panameños son moral e históricamente inadmisibles. Por qué no llegar a acuerdos que en vez de ofender nuestros sentimientos, sean factores que vayan disipando nuestra desconfianza y nuestros temores. Esa es la gran tarea, ese es el desafío que tenemos por delante. Mientras tanto, siempre estaremos condicionados por la sospecha de que los esfuerzos de los Estados Unidos para persuadir al Gobierno panameño, sólo son una metáfora de su propuesta anterior expresiva de la voluntad de perpetuar una presencia militar en Panamá, lo cual no se concilia ni con el orgullo, ni con la dignidad y el decoro patrios.
Los panameños compartimos con los Estados Unidos las preocupaciones y los objetivos que son tributarios de un mundo más organizado, menos peligroso, más próspero; pero tal compromiso no puede ni debe atentar contra las conquistas ya alcanzadas. Esta posición es la misma que estamos viendo y escuchando que predican los brasileños, los venezolanos, los ecuatorianos y los peruanos. Es decir, todos los países limítrofes con Colombia. Se trata del clamor de los pueblos que los respectivos Gobiernos no pueden ni deben desoír ni descartar.
