Lavado de dinero y paraísos fiscales
Dos acusaciones convergentes sobre negligencia en la prevención del lavado de dinero y de mantenimiento del régimen tributario, denominado paraísos fiscales, han puesto a la República de Panamá ante la inminencia de afrontar, además del descrédito internacional, sanciones de los países desarrollados, si es que no llegara a cambiar su legislación en el plazo de un año.
La Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas salió al paso de las declaraciones, calificando la inclusión de nuestro país en la lista negra de los paraísos fiscales como una agresión financiera perpetrada por los países desarrollados, con la estrategia de ablandar a las naciones estigmatizadas y preparar el terreno para imponer sus premisas tributarias. La primera consideración que surge es la sospechosa exclusión de notorios paraísos fiscales como Bahamas y Caymán de la lista negra de los paraísos fiscales. Tal vez la exclusión se deba a que se trata de protectorados puestos bajo el paraguas de naciones europeas, en tanto que Panamá, como nación soberana, no tiene padrinos y está librada a su suerte, vale decir a su capacidad de maniobra para explicar las razones de la peculiaridad de su sistema tributario.
En verdad, lo que la OCDE llama despectivamente "paraísos fiscales" consiste en paquetes de normas tributarias y bancarias dictadas con el propósito de atraer la inversión extranjera generalmente por países pequeños. La herramienta tributaria es un recurso lícito justificable en el contexto de la competitividad internacional que se ampara en la libertad económica. Tan lícito es el recurso que la formación del centro bancario se debe a la respuesta de la banca internacional a los incentivos fiscales para que se establecieran en nuestro país y así pudiéramos competir con los emporios financieros de Estados Unidos y Europa. De igual a igual no habría existido competencia, dada la disparidad de las economías desarrolladas y subdesarrolladas. La flexibilidad impositiva nos ha permitido la creación de la Zona Libre de Colón, cuya dinámica en el servicio rápido de exportación e importación, es la envidia de potencias comerciales.
Los países miembros de la OCDE persiguen la uniformidad de los regímenes tributarios a su gusto y capricho, con el desembozado objetivo de sacarnos del juego financiero. Sus pretensiones constituyen un atentado contra la libertad de servicios financieros que está en la base de la organización del comercio internacional. Hemos adecuado la legislación bancaria a normas internacionales que otros países, como Chile, recién están discutiendo, como la información a las autoridades de transacciones sospechosas. Aquí se debe explicar el origen de depósitos a partir de diez mil dólares, mientras en Miami no se pregunta por montos superiores. Aquí los abogados están obligados a informar sobre pactos sociales que pudieran encubrir supuestas irregularidades. Aquí, por mandato judicial, se puede abrir la información confidencial entre los bancos y su clientela. En fin, la transparencia bancaria está debidamente regulada.
A pesar de todo esto, se sigue estrechando la presión sobre el sistema financiero para despojarlo de incentivos y flexibilidad competitiva. Debemos prepararnos para conocer los fundamentos técnicos que soportan la inclusión de Panamá entre los paraísos fiscales y, con la elocuencia de las medidas legales dictadas, exponer persuasivamente la correspondiente refutación. Estamos en presencia de la arbitrariedad del poder unipolar que se propone uniformar la normativa financiera, imponiendo premisas que representan la abolición de la libertad y consiguientemente la desaparición del libre comercio.
La Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas salió al paso de las declaraciones, calificando la inclusión de nuestro país en la lista negra de los paraísos fiscales como una agresión financiera perpetrada por los países desarrollados, con la estrategia de ablandar a las naciones estigmatizadas y preparar el terreno para imponer sus premisas tributarias. La primera consideración que surge es la sospechosa exclusión de notorios paraísos fiscales como Bahamas y Caymán de la lista negra de los paraísos fiscales. Tal vez la exclusión se deba a que se trata de protectorados puestos bajo el paraguas de naciones europeas, en tanto que Panamá, como nación soberana, no tiene padrinos y está librada a su suerte, vale decir a su capacidad de maniobra para explicar las razones de la peculiaridad de su sistema tributario.
En verdad, lo que la OCDE llama despectivamente "paraísos fiscales" consiste en paquetes de normas tributarias y bancarias dictadas con el propósito de atraer la inversión extranjera generalmente por países pequeños. La herramienta tributaria es un recurso lícito justificable en el contexto de la competitividad internacional que se ampara en la libertad económica. Tan lícito es el recurso que la formación del centro bancario se debe a la respuesta de la banca internacional a los incentivos fiscales para que se establecieran en nuestro país y así pudiéramos competir con los emporios financieros de Estados Unidos y Europa. De igual a igual no habría existido competencia, dada la disparidad de las economías desarrolladas y subdesarrolladas. La flexibilidad impositiva nos ha permitido la creación de la Zona Libre de Colón, cuya dinámica en el servicio rápido de exportación e importación, es la envidia de potencias comerciales.
Los países miembros de la OCDE persiguen la uniformidad de los regímenes tributarios a su gusto y capricho, con el desembozado objetivo de sacarnos del juego financiero. Sus pretensiones constituyen un atentado contra la libertad de servicios financieros que está en la base de la organización del comercio internacional. Hemos adecuado la legislación bancaria a normas internacionales que otros países, como Chile, recién están discutiendo, como la información a las autoridades de transacciones sospechosas. Aquí se debe explicar el origen de depósitos a partir de diez mil dólares, mientras en Miami no se pregunta por montos superiores. Aquí los abogados están obligados a informar sobre pactos sociales que pudieran encubrir supuestas irregularidades. Aquí, por mandato judicial, se puede abrir la información confidencial entre los bancos y su clientela. En fin, la transparencia bancaria está debidamente regulada.
A pesar de todo esto, se sigue estrechando la presión sobre el sistema financiero para despojarlo de incentivos y flexibilidad competitiva. Debemos prepararnos para conocer los fundamentos técnicos que soportan la inclusión de Panamá entre los paraísos fiscales y, con la elocuencia de las medidas legales dictadas, exponer persuasivamente la correspondiente refutación. Estamos en presencia de la arbitrariedad del poder unipolar que se propone uniformar la normativa financiera, imponiendo premisas que representan la abolición de la libertad y consiguientemente la desaparición del libre comercio.
