¿Legal? Tal vez; a todas luces inmoral
Prevaricato: Delito del funcionario que falta gravemente a sus deberes. Coima: Lo que cobra el dueño del garito. Gratificación. Hace tan sólo algunos días el reconocido hombre de empresa y ex candidato presidencial Alberto Vallarino, al taladrar sobre la particularidad de los gobiernos de países como el nuestro que emplean la política del "salve" en lugar de implementar una estrategia de Estado real y efectiva para combatir el desempleo y la consecuente pobreza que este flagelo genera, hizo más que llamar la atención de nuestros gobernantes y provocar airadas reacciones de los eternos amigos del poder.
En nuestro país, y particularmente en las oficinas públicas, se ha convertido en la regla no escrita, pero al mismo tiempo casi obligante, el "arreglar" a algunos funcionarios contratados para servir al público para que cumplan con la misión que el cargo le asigna.
Las excusas: el trabajo mal remunerado, la aplicación del nefasto juega vivo, el alto costo de la vida, el olvido de sus superiores, etc. Es una situación altamente conocida que ahondar en el tema es más aburrido que un sermón en medio de unos culecos de Lunes de Carnaval. Pero es que no se trata de una alerta antojadiza, ni muchos menos enfermiza. Lo que nos ocupa, por ejemplo, es del llamado "salpique" "dietas" o "viáticos" que benefician a algunos funcionarios del Organo Judicial, y cuyas "diligencias" alcanzan, en reiteradas ocasiones, a los miembros de la Fuerza Pública, promovida por alguna de las partes en un diferendo jurídico y, al parecer, avalada por el funcionario de mayor jerarquía en esos despachos. Desconozco si esta práctica se colige como "auxiliar" en la llamada administración de justicia, pero de lo que sí estoy seguro es que la misma promueve parcialización de estos funcionarios en el cumplimiento de un trabajo muy delicado.
Recientemente presencié la práctica de una diligencia judicial altamente confusa, en donde un juez del ramo civil autoriza la cautelación de bienes, promovida por una entidad bancaria, ante el incumplimiento de unos acuerdos contractuales en materia de préstamos personales, donde se involucra y perjudica -con conocimiento de causa- propiedades de terceros; y donde la representante de la firma forense contratada por el banco se constituye en el patrocinador directo de los movimientos, actitudes y vicios de los funcionarios del juzgado en cuestión y de los propios miembros de la Policía Nacional que se ven involucrados de manera "casual".
En esta acción, que mis escasos o casi nulos conocimientos de jurisprudencia no alcanzan a explicar, la representación de la firma forense no sólo suministra vehículo, chofer, alimentación, peaje carretero, cerrajería y amena charla a los funcionarios del Organo Judicial (entiéndase alguacil, los llamados peritos, cuya idoneidad no sabemos quién la expide; además de personal de "apoyo"), sino que utiliza los servicios de uno de los funcionarios del tribunal para que gratifique con dinero en efectivo y sin ambages a las unidades de la Policía Nacional: "los que siempre nos colaboran en estos embargos".
Repito, no sé si lo antes expuesto riñe con la ley, pero de lo que sí estoy seguro es que no puede existir imparcialidad en ningún proceso cuando la norma es que una de las partes en conflicto sufrague los gastos y otras necesidades de los funcionarios del Organo Judicial. Esto lo puede constatar personalmente durante un sol radiante de medio día en la Urbanización Don Bosco, en Juan Díaz, en una acción plenamente autorizada con su rúbrica por un juez civil, de cuyo nombre sólo alcancé conocer su apellido, Tatis.
Por causas como éstas, y muchas más, es que la justicia en Panamá sigue siendo tan cuestionada local e internacionalmente. ¡Qué Dios nos coja confesados!
En nuestro país, y particularmente en las oficinas públicas, se ha convertido en la regla no escrita, pero al mismo tiempo casi obligante, el "arreglar" a algunos funcionarios contratados para servir al público para que cumplan con la misión que el cargo le asigna.
Las excusas: el trabajo mal remunerado, la aplicación del nefasto juega vivo, el alto costo de la vida, el olvido de sus superiores, etc. Es una situación altamente conocida que ahondar en el tema es más aburrido que un sermón en medio de unos culecos de Lunes de Carnaval. Pero es que no se trata de una alerta antojadiza, ni muchos menos enfermiza. Lo que nos ocupa, por ejemplo, es del llamado "salpique" "dietas" o "viáticos" que benefician a algunos funcionarios del Organo Judicial, y cuyas "diligencias" alcanzan, en reiteradas ocasiones, a los miembros de la Fuerza Pública, promovida por alguna de las partes en un diferendo jurídico y, al parecer, avalada por el funcionario de mayor jerarquía en esos despachos. Desconozco si esta práctica se colige como "auxiliar" en la llamada administración de justicia, pero de lo que sí estoy seguro es que la misma promueve parcialización de estos funcionarios en el cumplimiento de un trabajo muy delicado.
Recientemente presencié la práctica de una diligencia judicial altamente confusa, en donde un juez del ramo civil autoriza la cautelación de bienes, promovida por una entidad bancaria, ante el incumplimiento de unos acuerdos contractuales en materia de préstamos personales, donde se involucra y perjudica -con conocimiento de causa- propiedades de terceros; y donde la representante de la firma forense contratada por el banco se constituye en el patrocinador directo de los movimientos, actitudes y vicios de los funcionarios del juzgado en cuestión y de los propios miembros de la Policía Nacional que se ven involucrados de manera "casual".
En esta acción, que mis escasos o casi nulos conocimientos de jurisprudencia no alcanzan a explicar, la representación de la firma forense no sólo suministra vehículo, chofer, alimentación, peaje carretero, cerrajería y amena charla a los funcionarios del Organo Judicial (entiéndase alguacil, los llamados peritos, cuya idoneidad no sabemos quién la expide; además de personal de "apoyo"), sino que utiliza los servicios de uno de los funcionarios del tribunal para que gratifique con dinero en efectivo y sin ambages a las unidades de la Policía Nacional: "los que siempre nos colaboran en estos embargos".
Repito, no sé si lo antes expuesto riñe con la ley, pero de lo que sí estoy seguro es que no puede existir imparcialidad en ningún proceso cuando la norma es que una de las partes en conflicto sufrague los gastos y otras necesidades de los funcionarios del Organo Judicial. Esto lo puede constatar personalmente durante un sol radiante de medio día en la Urbanización Don Bosco, en Juan Díaz, en una acción plenamente autorizada con su rúbrica por un juez civil, de cuyo nombre sólo alcancé conocer su apellido, Tatis.
Por causas como éstas, y muchas más, es que la justicia en Panamá sigue siendo tan cuestionada local e internacionalmente. ¡Qué Dios nos coja confesados!
