¡Legítima sed de justicia!
Lo menos que puede aspirar el pueblo panameño es conocer lo ocurrido en el gobierno que había de 1968 a 1989. Las acusaciones de desaparecidos y de genocidio que se le atribuyen a dicho régimen castrense de 21 años, no pueden quedar impunes como se pretende.
Los intentos e inútiles esfuerzos del candidato del PRD, antiguo brazo político de la narcodictadura castrense, en su afán de pretender olvidar el oscuro y tenebroso pasado de 21 años de nuestra historia, han fracasado, puesto que, pese al tiempo transcurrido, la Comisión de la Verdad ha enfrentado y superado muchos obstáculos. Incluso, se ha pretendido desaparecer a los muertos de la dictadura, pero no podrán lograrlo jamás, ya que el peso inexorable de la historia y la justicia divina los condenará tarde o temprano.
Que contrario a lo que lamentablemente ocurre en Panamá, en Argentina se gestiona la elaboración de una ley para declarar nulas (véase El Panamá América, 8/8/2003), las leyes exculpatorias y los indultos que favorecieron a los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983) acusados de violaciones a los derechos humanos, con el fin de viabilizar las acciones y alcance de las gestiones de la justicia.
Hoy vemos con tristeza, la cruda realidad para los panameños. En este país, la Comisión de la Verdad, creada por el gobierno arnulfista hasta la vigencia del 31 de diciembre de 2004, trata por todos los medios legales a su alcance de establecer el destino de los cientos de desaparecidos durante la dictadura militar, pero recibe en su contra toda clase de presiones psicológicas y acciones intimidantes, hasta de los propios organismos encargados de investigar los delitos, no sólo contra sus miembros, sino también en perjuicio de los propios familiares de desaparecidos y asesinados por los militares, en especial, durante el mandato del dictador Torrijos. La intención real es que no se aclare ni se investigue el oscuro período de 21 años de atrocidad.
El Pacto Etico Electoral suscrito por los candidatos a las elecciones del 2004, no implica necesariamente la intención de olvidar el pasado de 1968-1989. Lo menos que puede exigir y aspirar un pueblo de cualquier país libre, soberano y democrático, como el panameño, es el enorme deseo de poder vivir en una sociedad libre, democrática, justa y menos egoístas. Que lejos de tener deseos de venganza, tiene una legítima e innegable sed de justicia.
Nuevamente tenemos la obligación ineludible de elegir en los comicios de 2004, con la fuerza de los votos y no al uso de la fuerza de las botas, a un gobierno legítimamente democrático, el cual nos merecemos y necesitamos todos los panameños con verdadera vocación democrática.
Los intentos e inútiles esfuerzos del candidato del PRD, antiguo brazo político de la narcodictadura castrense, en su afán de pretender olvidar el oscuro y tenebroso pasado de 21 años de nuestra historia, han fracasado, puesto que, pese al tiempo transcurrido, la Comisión de la Verdad ha enfrentado y superado muchos obstáculos. Incluso, se ha pretendido desaparecer a los muertos de la dictadura, pero no podrán lograrlo jamás, ya que el peso inexorable de la historia y la justicia divina los condenará tarde o temprano.
Que contrario a lo que lamentablemente ocurre en Panamá, en Argentina se gestiona la elaboración de una ley para declarar nulas (véase El Panamá América, 8/8/2003), las leyes exculpatorias y los indultos que favorecieron a los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983) acusados de violaciones a los derechos humanos, con el fin de viabilizar las acciones y alcance de las gestiones de la justicia.
Hoy vemos con tristeza, la cruda realidad para los panameños. En este país, la Comisión de la Verdad, creada por el gobierno arnulfista hasta la vigencia del 31 de diciembre de 2004, trata por todos los medios legales a su alcance de establecer el destino de los cientos de desaparecidos durante la dictadura militar, pero recibe en su contra toda clase de presiones psicológicas y acciones intimidantes, hasta de los propios organismos encargados de investigar los delitos, no sólo contra sus miembros, sino también en perjuicio de los propios familiares de desaparecidos y asesinados por los militares, en especial, durante el mandato del dictador Torrijos. La intención real es que no se aclare ni se investigue el oscuro período de 21 años de atrocidad.
El Pacto Etico Electoral suscrito por los candidatos a las elecciones del 2004, no implica necesariamente la intención de olvidar el pasado de 1968-1989. Lo menos que puede exigir y aspirar un pueblo de cualquier país libre, soberano y democrático, como el panameño, es el enorme deseo de poder vivir en una sociedad libre, democrática, justa y menos egoístas. Que lejos de tener deseos de venganza, tiene una legítima e innegable sed de justicia.
Nuevamente tenemos la obligación ineludible de elegir en los comicios de 2004, con la fuerza de los votos y no al uso de la fuerza de las botas, a un gobierno legítimamente democrático, el cual nos merecemos y necesitamos todos los panameños con verdadera vocación democrática.
