Letra muerta
En 1999, mucho era lo que se esperaba de Mireya Moscoso y su gobierno, particularmente por las promesas electorales, pero en realidad poco es lo que ha logrado en la batalla contra el flagelo de la corrupción. Con entusiasmo, recién asumió el poder promovió y logró la aprobación de la Ley 59 de 1999, por medio de la cual se reglamenta el artículo 299 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones contra la corrupción administrativa.
El artículo 299 de la Constitución exige que el presidente y vicepresidentes de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales ordinarios y especiales, el procurador General de la Nación y el de la Administración, los jueces, los ministros de Estado, el contralor General de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, los directores generales, gerentes o jefes de entidades autónomas, los directores nacionales y provinciales de los servicios de Policía, empleados o funcionarios de manejo conforme al Código Fiscal presenten al inicio y término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial. La Ley 59 desarrolló esa normativa al reglamentar que esa declaración debía constar en escritura pública y ser remitida a la Contraloría General de la República.
Además, la Ley 59 creó un procedimiento para que la Contraloría, a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, realizara investigaciones, por iniciativa propia o previa presentación de denuncia mediante prueba sumaria, sobre el supuesto enriquecimiento injustificado de las personas que ocuparan esos cargos. La idea detrás de la ley era que todo funcionario tuviera que justificar la procedencia de sus haberes.
Desdichadamente, todo lo anterior pareciera que ha quedado como letra muerta. Lo poco que añadió la ley -a saber, requerir que conste la declaración en escritura pública, su contenido, su remisión a la Contraloría y sanciones por incumplimiento- no ha servido de mucho porque los notarios no han respetado lo público de la escritura y nada ha hecho Contraloría para exigir el estricto cumplimiento de la norma. Los diez días requeridos para presentar la declaración antes y después de asumir y dejar el cargo son irrespetados. Además, a pesar de la evidente prosperidad que gozan muchos funcionarios y ex funcionarios, ni una investigación se ha lanzado para verificar la legitimidad de la fuente de esos haberes.
Después del desempleo y la seguridad social, la preocupación principal en la ciudadanía sigue siendo la corrupción. Cada gobierno que entra, mucho es lo que promete, poco es lo que añade al ordenamiento jurídico y menos es lo que hace para atacarla.
Aquí los funcionarios implicados en actos de corrupción pierden su puesto, pero retienen los frutos de sus fechorías. Ninguno va a parar a la cárcel. Mientras persista esa realidad, la clase política no gozará de la confianza de la ciudadanía.
El artículo 299 de la Constitución exige que el presidente y vicepresidentes de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales ordinarios y especiales, el procurador General de la Nación y el de la Administración, los jueces, los ministros de Estado, el contralor General de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, los directores generales, gerentes o jefes de entidades autónomas, los directores nacionales y provinciales de los servicios de Policía, empleados o funcionarios de manejo conforme al Código Fiscal presenten al inicio y término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial. La Ley 59 desarrolló esa normativa al reglamentar que esa declaración debía constar en escritura pública y ser remitida a la Contraloría General de la República.
Además, la Ley 59 creó un procedimiento para que la Contraloría, a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, realizara investigaciones, por iniciativa propia o previa presentación de denuncia mediante prueba sumaria, sobre el supuesto enriquecimiento injustificado de las personas que ocuparan esos cargos. La idea detrás de la ley era que todo funcionario tuviera que justificar la procedencia de sus haberes.
Desdichadamente, todo lo anterior pareciera que ha quedado como letra muerta. Lo poco que añadió la ley -a saber, requerir que conste la declaración en escritura pública, su contenido, su remisión a la Contraloría y sanciones por incumplimiento- no ha servido de mucho porque los notarios no han respetado lo público de la escritura y nada ha hecho Contraloría para exigir el estricto cumplimiento de la norma. Los diez días requeridos para presentar la declaración antes y después de asumir y dejar el cargo son irrespetados. Además, a pesar de la evidente prosperidad que gozan muchos funcionarios y ex funcionarios, ni una investigación se ha lanzado para verificar la legitimidad de la fuente de esos haberes.
Después del desempleo y la seguridad social, la preocupación principal en la ciudadanía sigue siendo la corrupción. Cada gobierno que entra, mucho es lo que promete, poco es lo que añade al ordenamiento jurídico y menos es lo que hace para atacarla.
Aquí los funcionarios implicados en actos de corrupción pierden su puesto, pero retienen los frutos de sus fechorías. Ninguno va a parar a la cárcel. Mientras persista esa realidad, la clase política no gozará de la confianza de la ciudadanía.
