"Ley Chorizo"
Con este infeliz nombre se identifica el anteproyecto de ley que próximamente presentará el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para reformar las leyes del Registro Público, de la Autoridad Marítima Nacional, de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) y del Ente Regulador de Servicios Públicos. De ser aprobada en la forma propuesta, se infiltraría la política en terrenos en que no debe, reinaría la inseguridad jurídica y ahuyentaría las inversiones que tanto necesita el país.
El gobierno ha justificado su iniciativa con fundamento en el mandato electoral de mayo pasado y la necesidad de contar con personas de confianza en estas instituciones para ejecutar su plan de gobierno. Aquí, coincidimos que necesita sus allegados en el Registro Público y en la Autoridad Marítima Nacional, pero no en la ARI, la CLICAC y el Ente Regulador.
El Registro Público en sí no es fundamental para su gestión de gobierno; esta institución está en la mira, ya que el gobierno anterior le atribuyó la responsabilidad de la publicación de la Gaceta, la cual sí es necesaria para el Ejecutivo. Aquí, el gobierno debería estar promoviendo deshacer esta irregular situación (a saber, incorporar la Gaceta nuevamente al Ministerio de la Presidencia) en vez de modificar la ley para crear plazas para sus copartidarios.
En cuanto a la Autoridad Marítima Nacional, es comprensible y fácilmente justificable la necesidad de contar con personas allegadas a la administración de turno que ejecuten su política para el sector. Pero ¿cuál es esta política? Ni siquiera se menciona este sector en el plan de gobierno de Unión por Panamá.
El caso de la ARI es un poco más difícil, porque el gobierno arnulfista de Guillermo Endara creó una institución apolítica y el de Pérez Balladares la politizó inmediatamente después de asumir el poder. Ahora el nuevo gobierno arnulfista quiere politizarla aún más. Y de lograrlo, podría incrementarse la arrebatiña que aparentemente prevalece sobre los bienes revertidos.
En lo que respecta a la CLICAC y al Ente Regulador, la situación de inseguridad promovida por el gobierno con esta "ley chorizo" es aún más crítica, ya que son instituciones con funciones altamente técnicas, que deben estar libres de influencias políticas. Así está diseñado su régimen jurídico. Si su política para estos sectores es inconsistente con dichos regímenes legales, deben entonces promover una reforma legal integral.
Pero recuerden lo que escribieron en "Nuestro Compromiso para el Cambio": "Uno de los mayores problemas del país es la falta de seguridad jurídica, que afecta a toda la ciudadanía, pero que es además un serio obstáculo para el inversionista nacional y extranjero, cuyas actividades son generadoras de empleo y, por ende, serán preocupación de nuestro gobierno". De promover reformas en estos sectores estarían violentando su compromiso electoral.
El gobierno ha justificado su iniciativa con fundamento en el mandato electoral de mayo pasado y la necesidad de contar con personas de confianza en estas instituciones para ejecutar su plan de gobierno. Aquí, coincidimos que necesita sus allegados en el Registro Público y en la Autoridad Marítima Nacional, pero no en la ARI, la CLICAC y el Ente Regulador.
El Registro Público en sí no es fundamental para su gestión de gobierno; esta institución está en la mira, ya que el gobierno anterior le atribuyó la responsabilidad de la publicación de la Gaceta, la cual sí es necesaria para el Ejecutivo. Aquí, el gobierno debería estar promoviendo deshacer esta irregular situación (a saber, incorporar la Gaceta nuevamente al Ministerio de la Presidencia) en vez de modificar la ley para crear plazas para sus copartidarios.
En cuanto a la Autoridad Marítima Nacional, es comprensible y fácilmente justificable la necesidad de contar con personas allegadas a la administración de turno que ejecuten su política para el sector. Pero ¿cuál es esta política? Ni siquiera se menciona este sector en el plan de gobierno de Unión por Panamá.
El caso de la ARI es un poco más difícil, porque el gobierno arnulfista de Guillermo Endara creó una institución apolítica y el de Pérez Balladares la politizó inmediatamente después de asumir el poder. Ahora el nuevo gobierno arnulfista quiere politizarla aún más. Y de lograrlo, podría incrementarse la arrebatiña que aparentemente prevalece sobre los bienes revertidos.
En lo que respecta a la CLICAC y al Ente Regulador, la situación de inseguridad promovida por el gobierno con esta "ley chorizo" es aún más crítica, ya que son instituciones con funciones altamente técnicas, que deben estar libres de influencias políticas. Así está diseñado su régimen jurídico. Si su política para estos sectores es inconsistente con dichos regímenes legales, deben entonces promover una reforma legal integral.
Pero recuerden lo que escribieron en "Nuestro Compromiso para el Cambio": "Uno de los mayores problemas del país es la falta de seguridad jurídica, que afecta a toda la ciudadanía, pero que es además un serio obstáculo para el inversionista nacional y extranjero, cuyas actividades son generadoras de empleo y, por ende, serán preocupación de nuestro gobierno". De promover reformas en estos sectores estarían violentando su compromiso electoral.
