Ley comarcal enmarcada en municipalismo
Luego de una larga lucha generacional, el Gobierno Nacional actual cumple con una vieja aspiración de varias etnias indígenas y un numeroso grupo de campesinos, acantonados en diversas zonas de reservas de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. La misma se inició con la instalación de la Comisión Ad-Hoc para el reordenamiento territorial dentro y fuera de la Comarca Ngobe Buglé, conformada por el MIDA, a través de Catastro Rural, el MOP. por intermedio del Instituto Nacional Geográfico Tommy Guardia, Tribunal Electoral, Contraloría General de la República, CONDECA, SINAPROC, CEPSA, del Ministerio de Gobierno y Justicia a través de Seguridad Pública, Política Indigenista y la Dirección Nacional de Gobiernos Locales, quien la preside entre otros entes, incluyendo algunos no gubernamentales.
Este reordernamiento territorial, sustentado en la Ley 69 del 28 de octubre de 1998, permitirá que los pobladores de esas inhóspitas áreas, conozcan sus linderos y entren al concierto de un régimen de gobierno que dicta las pautas a todos los que conviven en este país. Esta acertada decisión; también permitirá que los habitantes de esas regiones se beneficien, directa o indirectamente de todas las bondades que ofrece, por ley el Estado, en materia de salud, educación, vivienda y demás aspectos del interés social.
La Comarca Ngobe-Buglé, que no es más que la unión de dos etnias, llamadas anteriormente Guaymíes, naturales de las zonas de Bocas del Toro y Chiriquí; y Bocotas acantonadas en la región de Veraguas, la componen 7 distritos y 57 corregimientos, los cuales ocupan una superficie de 6,082 kilómetros cuadrados. Estos territorios pertenecían anteriormente a las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas y por lo tanto se regían y se seguirán rigiendo por las actuales normas de los gobiernos locales.
El espíritu de la citada ley que demarca esta región, busca entre otras cosas, la convivencia pacífica de indígenas y no indígenas que conviven y comparten un mismo cielo. No existe duda de que ello redundará en una mejor relación sociocultural de las partes y por lo tanto en el crecimiento y desarrollo de esos pueblos, hasta hace poco, abandonados a su suerte, por todas las anteriores administraciones gubernamentales.
La nueva legislación que actualmente divulga el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Dirección Nacional de Gobiernos Locales, eleva la comarca a un rango de provincia y nombra a un gobernador comarcal, asignándole un presupuesto para el reordenamiento administrativo y montaje del andamiaje burocrático para el funcionamiento de una estructura de gobierno firme a nivel regional.
Independientemente de los beneficios que traerá la ley que demarca esos territorios; también, existe un minoritario grupo (indios, latinos), que enarbolan la bandera de la resistencia a un cambio, el cual ha sido una vieja aspiración, inclusive de ellos mismos. La misma no permitirá que nadie (indígena o no indígena), tenga el derecho de despropiar los bienes de otra persona y menos, desterrarla del lugar, que ha sido su único hábitat, su existencia, su vida misma.
Consideramos, que ha sido un paso positivo, hacia la modernidad y la convivencia social, propia de los conglomerados civilizados, que tienen como objeto común, el desarrollo sostenible de sus pueblos. De aquí la exhortación a todos los pobladores de la Comarca Ngobe-Buglé y a sus autoridades, para que cumplan y hagan valer el espíritu de esta ley, que otorga el Gobierno Nacional para beneficio de todos.
Este reordernamiento territorial, sustentado en la Ley 69 del 28 de octubre de 1998, permitirá que los pobladores de esas inhóspitas áreas, conozcan sus linderos y entren al concierto de un régimen de gobierno que dicta las pautas a todos los que conviven en este país. Esta acertada decisión; también permitirá que los habitantes de esas regiones se beneficien, directa o indirectamente de todas las bondades que ofrece, por ley el Estado, en materia de salud, educación, vivienda y demás aspectos del interés social.
La Comarca Ngobe-Buglé, que no es más que la unión de dos etnias, llamadas anteriormente Guaymíes, naturales de las zonas de Bocas del Toro y Chiriquí; y Bocotas acantonadas en la región de Veraguas, la componen 7 distritos y 57 corregimientos, los cuales ocupan una superficie de 6,082 kilómetros cuadrados. Estos territorios pertenecían anteriormente a las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas y por lo tanto se regían y se seguirán rigiendo por las actuales normas de los gobiernos locales.
El espíritu de la citada ley que demarca esta región, busca entre otras cosas, la convivencia pacífica de indígenas y no indígenas que conviven y comparten un mismo cielo. No existe duda de que ello redundará en una mejor relación sociocultural de las partes y por lo tanto en el crecimiento y desarrollo de esos pueblos, hasta hace poco, abandonados a su suerte, por todas las anteriores administraciones gubernamentales.
La nueva legislación que actualmente divulga el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Dirección Nacional de Gobiernos Locales, eleva la comarca a un rango de provincia y nombra a un gobernador comarcal, asignándole un presupuesto para el reordenamiento administrativo y montaje del andamiaje burocrático para el funcionamiento de una estructura de gobierno firme a nivel regional.
Independientemente de los beneficios que traerá la ley que demarca esos territorios; también, existe un minoritario grupo (indios, latinos), que enarbolan la bandera de la resistencia a un cambio, el cual ha sido una vieja aspiración, inclusive de ellos mismos. La misma no permitirá que nadie (indígena o no indígena), tenga el derecho de despropiar los bienes de otra persona y menos, desterrarla del lugar, que ha sido su único hábitat, su existencia, su vida misma.
Consideramos, que ha sido un paso positivo, hacia la modernidad y la convivencia social, propia de los conglomerados civilizados, que tienen como objeto común, el desarrollo sostenible de sus pueblos. De aquí la exhortación a todos los pobladores de la Comarca Ngobe-Buglé y a sus autoridades, para que cumplan y hagan valer el espíritu de esta ley, que otorga el Gobierno Nacional para beneficio de todos.
