Ley de licitaciones
Tras los sucesivos fracasos de los procesos de licitación para ampliar la potabilizadora de Chilibre, por costo superior a los B/.50 millones, el ministro de Salud, Fernando Gracia, presidente de la junta directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), imputó a deficiencias de la legislación sobre contrataciones públicas lo ocurrido, acotando que la realización de una nueva licitación podría tardar hasta nueve meses. Demasiado tiempo para una ciudad cuya principal potabilizadora, hemos dicho, opera al filo del colapso. Al menos 300 mil panameños no reciben regularmente el vital líquido, lo cual es inadmisible en la capital de un país moderno. La institución se ve precisada a usar carros cisternas y a racionar agua, cortando o disminuyendo la presión de suministro por las noches en ciertos sectores de la urbe, para hacerla llegar a otros.
El Contralor Weeden ha sugerido que la conducta poco ética de los empresarios privados que participaron en la licitación del IDAAN abonaron al fracaso de la misma, y le asiste razón. Pero hay que tener claro que es una culpa compartida con funcionarios ineptos encargados del procedimiento y una ley permeable al abuso del derecho y a la trampa.
Y no es sólo el IDAAN. El problema está presente en cuanta licitación se haga. Siempre hay un mal funcionario conspirando y torciendo los trámites para descalificar o favorecer a algún concursante; nunca falta un empresario procurando ventajas ilícitas o antiéticas o abusando de recursos y apelaciones con el mismo propósito; nunca faltan las rémoras del poder manipulándolo todo para vender influencia, morder coimas y rebuscas. Todo eso tiene una incidencia negativa, en la ejecución del presupuesto y en la dinámica de la economía nacional.
La lista de ejemplos es interminable. Entre los casos más recientes y notorios de licitaciones frustradas o escandalosas, recordamos la de la privatización de los puertos con la eliminación de Bechtel y su proyecto integrado de puertos, autopista Panamá-Colón, aeropuerto atlántico y ferrocarril, con centro multimodal. Más recientemente, recordamos la licitación del segundo puente sobre el Canal, y la compra de 18 monitores para quirófanos para el Seguro Social en los que se optó por la oferta más alta.
¿Qué hacer? Es menester la colaboración de organizaciones empresariales y del sector público, con asistencia de especialistas extranjeros - porque los nuestros no han dado la talla - para revisar la normativa actual y aplicar correctivos. Por lo menos, un arbitraje obligatorio de decisión expedita e inapelable, debe establecerse para resolver conflictos.
La tarea es posible. El status sólo favorece a los corruptos. La Autoridad del Canal por ejemplo, celebra concursos y licitaciones todos los días, como también lo hacen grandes empresas como las cervecerías, Refinería Panamá (cuando refinaba), las azucareras y los puertos, sin que surjan mayores problemas. Lo ideal es trasladar esa buena práctica y experiencia al sector público.
El Contralor Weeden ha sugerido que la conducta poco ética de los empresarios privados que participaron en la licitación del IDAAN abonaron al fracaso de la misma, y le asiste razón. Pero hay que tener claro que es una culpa compartida con funcionarios ineptos encargados del procedimiento y una ley permeable al abuso del derecho y a la trampa.
Y no es sólo el IDAAN. El problema está presente en cuanta licitación se haga. Siempre hay un mal funcionario conspirando y torciendo los trámites para descalificar o favorecer a algún concursante; nunca falta un empresario procurando ventajas ilícitas o antiéticas o abusando de recursos y apelaciones con el mismo propósito; nunca faltan las rémoras del poder manipulándolo todo para vender influencia, morder coimas y rebuscas. Todo eso tiene una incidencia negativa, en la ejecución del presupuesto y en la dinámica de la economía nacional.
La lista de ejemplos es interminable. Entre los casos más recientes y notorios de licitaciones frustradas o escandalosas, recordamos la de la privatización de los puertos con la eliminación de Bechtel y su proyecto integrado de puertos, autopista Panamá-Colón, aeropuerto atlántico y ferrocarril, con centro multimodal. Más recientemente, recordamos la licitación del segundo puente sobre el Canal, y la compra de 18 monitores para quirófanos para el Seguro Social en los que se optó por la oferta más alta.
¿Qué hacer? Es menester la colaboración de organizaciones empresariales y del sector público, con asistencia de especialistas extranjeros - porque los nuestros no han dado la talla - para revisar la normativa actual y aplicar correctivos. Por lo menos, un arbitraje obligatorio de decisión expedita e inapelable, debe establecerse para resolver conflictos.
La tarea es posible. El status sólo favorece a los corruptos. La Autoridad del Canal por ejemplo, celebra concursos y licitaciones todos los días, como también lo hacen grandes empresas como las cervecerías, Refinería Panamá (cuando refinaba), las azucareras y los puertos, sin que surjan mayores problemas. Lo ideal es trasladar esa buena práctica y experiencia al sector público.
