Ley de mercado en países pequeños
En varias ocasiones hemos venido señalando que una de las funciones del Estado moderno, apunta a que la sociedad funcione con los equilibrios necesarios, de tal suerte que las contradicciones y los conflictos sociales y, sobre todo de intereses, no desborden la democracia y la estabilidad institucional. En este contexto, justo es reconocerle a la administración actual su política de dotar al Estado de un carácter distributivo, priorizando los intereses de los sectores poblacionales de mayor pobreza.
En países pequeño como el nuestro, la competencia como un factor regulador del mercado y los precios, no opera de la misma forma como ocurre en marcados grandes. Lo anterior es lo que lleva a algunos economistas sostener como inevitable el fenómeno del acuerdo o los precios concertados, agravados con cierta dosis de especulación, los que le permite a los agentes económicos trasladar los efectos de factores externos como el aumento del petróleo y la limitada oferta de algunos alimentos a los consumidores, preservando con ello los niveles o márgenes de ganancias. Pretender la lógica del Estado ciego y dejar las relaciones sociales a merced de la ley de la oferta y la demanda, resultaría peligroso para la democracia, la estabilidad institucional y el equilibrio de la sociedad.
En sociedades como la nuestra, sin romper o quebrar las leyes elementales del capitalismo, la ley de la oferta y la demanda debe someterse a algún grado de flexibilización, de tal suerte que en el caso de la crisis inflacionaria, ésta no corra como responsabilidad única del gobierno.
