Ley de moratoria
La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley de moratoria para el pago de los impuestos administrados por la Dirección General de Ingresos, hasta el 31 de diciembre de 2003.
Con esta iniciativa debemos reconocer la existencia de un sacrifico fiscal por parte del Gobierno; no obstante, también le permite a los contribuyentes morosos en el pago de sus tributos, ponerse al día con sus obligaciones.
Si bien la economía, a juicio del ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, viene dando signos de recuperación hacia una tendencia de crecimiento sostenido, y cita como ejemplo el Producto Interno Bruto del bimestre julio-agosto que reflejó entre un 3.0% y y 3.4 %, aún existen renglones de actividades que no despegan o no se recuperan de manera que contribuyan efectivamente al desarrollo económico del país.
La Ley de Moratoria, entre otros de sus objetivos, procura aliviar la carga fiscal que mantienen muchas empresas privadas cuyos compromisos le han impedido estar al día con el fisco nacional y a la vez desarrollar sus actividades comerciales dentro de un equilibrio de ingresos y egresos que le permitan continuar en la actividad económica. Este sacrificio fiscal debe entenderse como una oportunidad que ofrece el Gobierno, la cual bajo ninguna circunstancia puede ser ignorada por los contribuyentes, que necesitan proveerse de recursos para cumplir a cabalidad con sus obligaciones laborales, legales y fiscales.
Es necesario reconocer que todo Estado depende de los ingresos que obtenga en concepto de impuesto, máxime cuando los mismos revierten en obras de interés público. Es por ello la importancia de hacerle frente y no caer en la evasión fiscal, factor catastrófico para cualquier gobierno.
Un aspecto que debemos advertir y analizar en su justa dimensión es el referente a la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual establece que el Gobierno no puede cerrar el año fiscal con un déficit superior al 2%. Esto significa la necesidad de una administración tributaria eficiente, racional y con un rígido balance entre lo gastado y lo presupuestado.
Con este escenario, esta nueva Ley de Moratoria que incluye impuestos, tasas, contribuciones, otras deudas de dinero líquido que deba pagarse al Tesoro Nacional, representa un valor incalculable, cuando nuestro país sea objeto nuevamente del riguroso examen que nos imponen las agencias internacionales de riesgo. Los contribuyentes panameños tenemos, entonces, una gran cuota de responsabilidad en ese sentido.
Con esta iniciativa debemos reconocer la existencia de un sacrifico fiscal por parte del Gobierno; no obstante, también le permite a los contribuyentes morosos en el pago de sus tributos, ponerse al día con sus obligaciones.
Si bien la economía, a juicio del ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, viene dando signos de recuperación hacia una tendencia de crecimiento sostenido, y cita como ejemplo el Producto Interno Bruto del bimestre julio-agosto que reflejó entre un 3.0% y y 3.4 %, aún existen renglones de actividades que no despegan o no se recuperan de manera que contribuyan efectivamente al desarrollo económico del país.
La Ley de Moratoria, entre otros de sus objetivos, procura aliviar la carga fiscal que mantienen muchas empresas privadas cuyos compromisos le han impedido estar al día con el fisco nacional y a la vez desarrollar sus actividades comerciales dentro de un equilibrio de ingresos y egresos que le permitan continuar en la actividad económica. Este sacrificio fiscal debe entenderse como una oportunidad que ofrece el Gobierno, la cual bajo ninguna circunstancia puede ser ignorada por los contribuyentes, que necesitan proveerse de recursos para cumplir a cabalidad con sus obligaciones laborales, legales y fiscales.
Es necesario reconocer que todo Estado depende de los ingresos que obtenga en concepto de impuesto, máxime cuando los mismos revierten en obras de interés público. Es por ello la importancia de hacerle frente y no caer en la evasión fiscal, factor catastrófico para cualquier gobierno.
Un aspecto que debemos advertir y analizar en su justa dimensión es el referente a la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual establece que el Gobierno no puede cerrar el año fiscal con un déficit superior al 2%. Esto significa la necesidad de una administración tributaria eficiente, racional y con un rígido balance entre lo gastado y lo presupuestado.
Con este escenario, esta nueva Ley de Moratoria que incluye impuestos, tasas, contribuciones, otras deudas de dinero líquido que deba pagarse al Tesoro Nacional, representa un valor incalculable, cuando nuestro país sea objeto nuevamente del riguroso examen que nos imponen las agencias internacionales de riesgo. Los contribuyentes panameños tenemos, entonces, una gran cuota de responsabilidad en ese sentido.
