Ley de quiebras, tarea pendiente
Un curioso despacho internacional originado en Buenos Aires, por la agencia de noticias AFP, nos hizo recordar que en Panamá tenemos como tarea pendiente la elaboración de una nueva y moderna ley de quiebras, que posibilite la reorganización y protección de las empresas que atraviesen serios aprietos financieros, o bien que haga factible su ordenada liquidación, en vez de someterlas al caótico régimen legal que hoy existe.
Reza la nota que un abogado sindical de nombre Luis Caro, está ganando fama desarrollando un novísimo sistema de rescate de empresas en apuros, con lo cual logra que, en vez de su remate y liquidación, la administración sea asumida por sus trabajadores, organizados en cooperativa.
El corazón de la modalidad de Caro consiste en ahorrar a la maltrecha empresa los gastos de gerencia, sujetándola a una administración colectiva por parte del conglomerado de empleados, que de ese modo actúa como su propio patrono a reducido costo. Todos cobran igual, todo se decide por asamblea y no se necesita flujo alguno de crédito o capital porque con la maquinaria y el recurso humano más barato basta.
Según Caro, los costos de gerencia en cualquier empresa representan el 80% contra un 12% de ganancias sobre la inversión. Y eso se lo ahorra su sistema. Para su creador, su invento es una alternativa para la calamitosa crisis de cierres de empresas que sufre Argentina. Sostiene que, en vez de que el Estado pague multimillonarios subsidios de desempleo, lo que tiene que hacer es reabrir las fábricas bajo el nuevo esquema, "hacernos cargo de ellas" y que el gobierno ocupe esos millones en otras cosas.
Puede que la idea sea subversiva y que sus cifras no sean del todo correctas, dependiendo del país que se trate; pero es oportuno saber que bajo la ley panameña es posible una variante de la modalidad de Caro, consistente en la intervención de una empresa insolvente por el Ministerio de Trabajo. Tal, sin embargo, no ha tenido buenos resultados en la práctica y, por el contrario, constituye un instrumento de abusos. También existe en nuestro país la figura del secuestro judicial de empresa, con igual desastroso resultado. El procedimiento es dilatado y costoso, terminando siempre la mayoría de los activos del fallido en manos de la administración, los abogados y la rapiña de acreedores y pelechadores.
Pensamos que tras la buena experiencia que está teniendo la normativa especial de intervenciones bancarias por la Autoridad Bancaria Nacional, sustrayéndolas del procedimiento de quiebra normal que se tramita judicialmente, todo está preparado para trasladar el mismo sistema al resto de las empresas en estado de quiebra e insolvencia. El espíritu ha de ser el mismo, designar administradores probos y profesionales, proteger de la rapiña al quebrado, velar por su rescate o, si esto no es posible, por su pronta, ordenada, transparente y económica liquidación.
Reza la nota que un abogado sindical de nombre Luis Caro, está ganando fama desarrollando un novísimo sistema de rescate de empresas en apuros, con lo cual logra que, en vez de su remate y liquidación, la administración sea asumida por sus trabajadores, organizados en cooperativa.
El corazón de la modalidad de Caro consiste en ahorrar a la maltrecha empresa los gastos de gerencia, sujetándola a una administración colectiva por parte del conglomerado de empleados, que de ese modo actúa como su propio patrono a reducido costo. Todos cobran igual, todo se decide por asamblea y no se necesita flujo alguno de crédito o capital porque con la maquinaria y el recurso humano más barato basta.
Según Caro, los costos de gerencia en cualquier empresa representan el 80% contra un 12% de ganancias sobre la inversión. Y eso se lo ahorra su sistema. Para su creador, su invento es una alternativa para la calamitosa crisis de cierres de empresas que sufre Argentina. Sostiene que, en vez de que el Estado pague multimillonarios subsidios de desempleo, lo que tiene que hacer es reabrir las fábricas bajo el nuevo esquema, "hacernos cargo de ellas" y que el gobierno ocupe esos millones en otras cosas.
Puede que la idea sea subversiva y que sus cifras no sean del todo correctas, dependiendo del país que se trate; pero es oportuno saber que bajo la ley panameña es posible una variante de la modalidad de Caro, consistente en la intervención de una empresa insolvente por el Ministerio de Trabajo. Tal, sin embargo, no ha tenido buenos resultados en la práctica y, por el contrario, constituye un instrumento de abusos. También existe en nuestro país la figura del secuestro judicial de empresa, con igual desastroso resultado. El procedimiento es dilatado y costoso, terminando siempre la mayoría de los activos del fallido en manos de la administración, los abogados y la rapiña de acreedores y pelechadores.
Pensamos que tras la buena experiencia que está teniendo la normativa especial de intervenciones bancarias por la Autoridad Bancaria Nacional, sustrayéndolas del procedimiento de quiebra normal que se tramita judicialmente, todo está preparado para trasladar el mismo sistema al resto de las empresas en estado de quiebra e insolvencia. El espíritu ha de ser el mismo, designar administradores probos y profesionales, proteger de la rapiña al quebrado, velar por su rescate o, si esto no es posible, por su pronta, ordenada, transparente y económica liquidación.
