Ley Faúndes y Universidad
Con el respeto sincero que nos merecen muchos viejos catedráticos universitarios de los que hemos aprendido tanto, y de los que todavía nos queda por aprender, queremos expresar nuestro punto de vista sobre la aplicación de la llamada "Ley Faúndes" en la Universidad de Panamá.
Queremos empezar por señalar que esta Ley tiene de condenable el que fuera especialmente creada, casi que con nombre propio, para resolver un problema político en la Corte Suprema de Justicia. Pero el anuncio de su aplicación en el claustro universitario ha venido a tocar un sensible problema de larga data, del que todos hablaban en voz baja, por temor a lo que hace décadas se ha llamado la "rosca" universitaria.
Problema que tiene su arista económica, que parece ser la que ha motivado a las actuales autoridades a aplicarla, en el momento en que el gobierno estrangule financieramente a la educación superior. Pero que también tiene su arista académica y que viene afectando el desarrollo de nuestra Universidad desde hace años.
¿Es cierto que el pase a jubilación de unos 70 profesores que superan los 75 años de edad nos privará de muchos genios equiparables a Einstein como ha sugerido un periodista? No creo que nuestro país tenga tanta suerte como para parir tal promedio de genialidad. La mayoría de esos educadores son personas normales que a no dudarlo han laborado dedicada e intensamente durante décadas de docencia en las que han formado varias generaciones de profesionales.
La mayoría han dado de sí lo mejor y muchos no pueden ocultar, ni ante sus alumnos ni ante sus colegas, que resienten el paso del tiempo. Los pasillos universitarios están llenos de no muy positivos comentarios al respecto.
¿Por qué no se acogen voluntariamente a la merecida jubilación? La razón no es académica, y la dio desembozadamente un docente, durante una asamblea donde el año pasado se discutía las implicaciones del SIACAP: un catedrático que haya alcanzado la titularidad con más de 25 años de servicios gana en promedio sobre los B/.3,000.00. Si se jubila, recibirá la mitad B/.1,500.00, que es el tope máximo por ley. Por eso la consigna para muchos, como admitió este profesor, es morirse en el puesto.
Por supuesto que es injusto tener que jubilarse con un salario inferior. Todos, incluidos los humildes trabajadores, debiéramos retirarnos con el último sueldo. ¿Pero, si un obrero debe jubilarse con un mísero salario, por qué un catedrático que recibirá el tope máximo debe ser la excepción?
La otra cara de la moneda la constituyen más de 2,000 profesores cuya estabilidad y ascensos se encuentran estancados, y que tienen que esperar de diez a quince años para poder participar de un concurso que los ayude a superar la eventualidad, porque esta cúpula privilegiada no acepta jubilarse.
Y no queremos referirnos al problema administrativo de que esa minoría de catedráticos constituyen el pilar del injusto poder político universitario, que les otorga el 50% de la representatividad en los órganos de cogobierno, contra los derechos de 50,000 estudiantes, administrativos y docentes. Tampoco queremos referirnos al problema de que algunos de ellos pertenecen a los influyentes círculos de poder del país, y que muchos tienen paralelamente otros empleos bien remunerados.
En conclusión, considerando esta realidad y llamando a las cosas por su nombre, estoy de acuerdo en que la Universidad de Panamá no debe prescindir de sus docentes más brillantes por un problema de edad. Pero que, estudiando casos particulares, se les otorgue una cátedra honoraria, no un tiempo completo para el que físicamente no tiene capacidad.
Queremos empezar por señalar que esta Ley tiene de condenable el que fuera especialmente creada, casi que con nombre propio, para resolver un problema político en la Corte Suprema de Justicia. Pero el anuncio de su aplicación en el claustro universitario ha venido a tocar un sensible problema de larga data, del que todos hablaban en voz baja, por temor a lo que hace décadas se ha llamado la "rosca" universitaria.
Problema que tiene su arista económica, que parece ser la que ha motivado a las actuales autoridades a aplicarla, en el momento en que el gobierno estrangule financieramente a la educación superior. Pero que también tiene su arista académica y que viene afectando el desarrollo de nuestra Universidad desde hace años.
¿Es cierto que el pase a jubilación de unos 70 profesores que superan los 75 años de edad nos privará de muchos genios equiparables a Einstein como ha sugerido un periodista? No creo que nuestro país tenga tanta suerte como para parir tal promedio de genialidad. La mayoría de esos educadores son personas normales que a no dudarlo han laborado dedicada e intensamente durante décadas de docencia en las que han formado varias generaciones de profesionales.
La mayoría han dado de sí lo mejor y muchos no pueden ocultar, ni ante sus alumnos ni ante sus colegas, que resienten el paso del tiempo. Los pasillos universitarios están llenos de no muy positivos comentarios al respecto.
¿Por qué no se acogen voluntariamente a la merecida jubilación? La razón no es académica, y la dio desembozadamente un docente, durante una asamblea donde el año pasado se discutía las implicaciones del SIACAP: un catedrático que haya alcanzado la titularidad con más de 25 años de servicios gana en promedio sobre los B/.3,000.00. Si se jubila, recibirá la mitad B/.1,500.00, que es el tope máximo por ley. Por eso la consigna para muchos, como admitió este profesor, es morirse en el puesto.
Por supuesto que es injusto tener que jubilarse con un salario inferior. Todos, incluidos los humildes trabajadores, debiéramos retirarnos con el último sueldo. ¿Pero, si un obrero debe jubilarse con un mísero salario, por qué un catedrático que recibirá el tope máximo debe ser la excepción?
La otra cara de la moneda la constituyen más de 2,000 profesores cuya estabilidad y ascensos se encuentran estancados, y que tienen que esperar de diez a quince años para poder participar de un concurso que los ayude a superar la eventualidad, porque esta cúpula privilegiada no acepta jubilarse.
Y no queremos referirnos al problema administrativo de que esa minoría de catedráticos constituyen el pilar del injusto poder político universitario, que les otorga el 50% de la representatividad en los órganos de cogobierno, contra los derechos de 50,000 estudiantes, administrativos y docentes. Tampoco queremos referirnos al problema de que algunos de ellos pertenecen a los influyentes círculos de poder del país, y que muchos tienen paralelamente otros empleos bien remunerados.
En conclusión, considerando esta realidad y llamando a las cosas por su nombre, estoy de acuerdo en que la Universidad de Panamá no debe prescindir de sus docentes más brillantes por un problema de edad. Pero que, estudiando casos particulares, se les otorgue una cátedra honoraria, no un tiempo completo para el que físicamente no tiene capacidad.
