Libertad de Expresión en Panamá
El periodista es ese eslabón ya que sirve de canal para la comunicación de hechos, opiniones e ideas de la ciudadanía. Algunos prefieren referirse al derecho a la libertad de prensa como un derecho independiente de la libertad de expresión, pero en el fondo trata sobre lo mismo. En la actualidad casi la mitad de los periodistas en ejercicio son blanco de demandas penales. Tanto los medios de comunicación como gremios de periodistas, como el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato de Periodistas, el Comité para la Protección de los Periodistas y Periodismo contra la Corrupción, han hecho un llamado de atención al respecto. Pero hasta ahora es muy poco lo que las autoridades han hecho al respecto. De hecho, éstas en muchos casos han empeorado la situación ya que se han convertido también en perseguidores de periodistas.
Por ello es que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL- Mesoamérica), con sede en Costa Rica, solicitó a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que investigara la situación de la libertad de expresión en Panamá. A raíz de esa solicitud, el día siete último pasado el CIDH celebró en Washington una audiencia para recibir información al respecto, a la cual acudieron el Lic. Octavio Amat, director de este diario; la periodista Betty Brannan Jaén de La Prensa y el abogado y columnista Miguel Antonio Bernal.
En sus respectivas presentaciones comprobaron que la mitad de todos los periodistas en ejercicio en el país están siendo procesados penalmente. Ante los hechos, los comisionados C.K. Roberts, R. Goldman y J. Zalaquett, mostraron su asombro y preocupación por el panorama de deterioro que conocieron.
No es la primera vez que la OEA se interesa en este tema en Panamá. La rectoría de la Libertad de Expresión de la OEA ya ha presentado varios informes al respecto, producto inclusive de visitas al país por parte de Claudio Grossman, presidente de CIDH, y el propio relator para la Libertad de Expresión, Santiago Canton. Sin embargo, en esta ocasión se espera que la información aportada al proceso de la OEA sirva como fuente para una mayor concienciación nacional e internacional sobre el grave deterioro del derecho de libertad de expresión en el país y lograr el consenso necesario para tomar medidas concretas con el fin de corregir los errores del pasado, incluyendo derogar las leyes que sirven de instrumento para violentar este sagrado derecho ciudadano.
Por ello es que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL- Mesoamérica), con sede en Costa Rica, solicitó a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que investigara la situación de la libertad de expresión en Panamá. A raíz de esa solicitud, el día siete último pasado el CIDH celebró en Washington una audiencia para recibir información al respecto, a la cual acudieron el Lic. Octavio Amat, director de este diario; la periodista Betty Brannan Jaén de La Prensa y el abogado y columnista Miguel Antonio Bernal.
En sus respectivas presentaciones comprobaron que la mitad de todos los periodistas en ejercicio en el país están siendo procesados penalmente. Ante los hechos, los comisionados C.K. Roberts, R. Goldman y J. Zalaquett, mostraron su asombro y preocupación por el panorama de deterioro que conocieron.
No es la primera vez que la OEA se interesa en este tema en Panamá. La rectoría de la Libertad de Expresión de la OEA ya ha presentado varios informes al respecto, producto inclusive de visitas al país por parte de Claudio Grossman, presidente de CIDH, y el propio relator para la Libertad de Expresión, Santiago Canton. Sin embargo, en esta ocasión se espera que la información aportada al proceso de la OEA sirva como fuente para una mayor concienciación nacional e internacional sobre el grave deterioro del derecho de libertad de expresión en el país y lograr el consenso necesario para tomar medidas concretas con el fin de corregir los errores del pasado, incluyendo derogar las leyes que sirven de instrumento para violentar este sagrado derecho ciudadano.
