Libertad de expresión: Es hora de cumplir con la palabra empeñada
Una semana después de asumir la presidencia de Panamá, en septiembre de 1999, una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) solicitó a Mireya Moscoso la derogación de las leyes mordaza. A pesar de que la presidenta se comprometió poco después a modificar la legislación vigente en materia de libertad de expresión conforme a los estándares internacionales, el gobierno panameño incumplió con su promesa. Desde entonces, los permanentes llamados en favor de la eliminación de las leyes mordaza y de desacato han sido ignorados por Panamá una y otra vez.
El incumplimiento del gobierno se ha visto agravado por la actitud de funcionarios del gobierno y figuras del poder que utilizan un sinnúmero de leyes arcaicas para reprimir las opiniones críticas. Cabe recordar que las leyes mordaza incluyen una variedad de artículos, leyes y decretos algunos promulgados durante gobiernos militares-, que no sólo penalizan las críticas contra funcionarios sino que permiten la censura previa.
Está claro que en Panamá la prensa sigue siendo hostigada judicialmente con numerosas leyes mordaza. La cifra es más que elocuente: cerca de la mitad de la fuerza laboral de los medios panameños, unos 90 periodistas, enfrenta procesamientos penales por calumnias o injurias. Los juicios, en el 70 por ciento de los casos, han sido iniciados por funcionarios por sentir que su honor y dignidad han sido dañados.
La reciente visita a Panamá del relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Eduardo A. Bertoni, fue particularmente importante para activar el debate público sobre las leyes que restringen la libertan de expresión y limitan el ejercicio del periodismo en el país. La recomendación de eliminar leyes mordaza y de desacato, y la necesidad de introducir modificaciones a la reglamentación de la ley sobre transparencia y acceso a la información pública fueron temas claves en la agenda del relator de la OEA en su paso por Panamá.
La repercusión mediática de esta visita tuvo impacto en el corazón del gobierno. “Esperamos que antes de salir de la Presidencia de la República podamos cumplir con la derogación de las leyes mordaza, porque afectan mucho la libertad de expresión”, señaló el jueves la presidenta Moscoso. Y en consecuencia prometió, una vez más, que su equipo de trabajo analizará la derogación de todas las leyes que atentan contra la libertad de expresión. ¿Será otra promesa hueca de contenido? ¿Por qué creerle ahora a un gobierno panameño que ha incumplido claramente sus promesas de modificar las leyes de prensa? El interrogante es válido y los antecedentes no resultan para nada auspiciosos.
Sólo el futuro dirá si existe voluntad política para cumplir con la palabra empeñada. Lo cierto es que Panamá cuenta con una nueva oportunidad de redimirse ante la comunidad internacional al adecuar su legislación a los estándares internacionales de libertad de expresión. Para ello es necesario que el gobierno entienda, finalmente, que el sistema democrático se ve claramente perjudicado cuando un funcionario tiene derecho a mayor protección que cualquier ciudadano común.
*Coordinador del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en Nueva York.
Los vices tendrán mucho que decir frente a este significativo núcleo de electores, por lo que será tarea de gran valor político decirle oportunamente al país votante quiénes serán los vices.
También señala que debe existir una coordinación constante entre todos los estamentos de investigación, administración de justicia y los sistemas penitenciarios para agilizar el trabajo al momento de investigar los delitos.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
El incumplimiento del gobierno se ha visto agravado por la actitud de funcionarios del gobierno y figuras del poder que utilizan un sinnúmero de leyes arcaicas para reprimir las opiniones críticas. Cabe recordar que las leyes mordaza incluyen una variedad de artículos, leyes y decretos algunos promulgados durante gobiernos militares-, que no sólo penalizan las críticas contra funcionarios sino que permiten la censura previa.
Está claro que en Panamá la prensa sigue siendo hostigada judicialmente con numerosas leyes mordaza. La cifra es más que elocuente: cerca de la mitad de la fuerza laboral de los medios panameños, unos 90 periodistas, enfrenta procesamientos penales por calumnias o injurias. Los juicios, en el 70 por ciento de los casos, han sido iniciados por funcionarios por sentir que su honor y dignidad han sido dañados.
La reciente visita a Panamá del relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Eduardo A. Bertoni, fue particularmente importante para activar el debate público sobre las leyes que restringen la libertan de expresión y limitan el ejercicio del periodismo en el país. La recomendación de eliminar leyes mordaza y de desacato, y la necesidad de introducir modificaciones a la reglamentación de la ley sobre transparencia y acceso a la información pública fueron temas claves en la agenda del relator de la OEA en su paso por Panamá.
La repercusión mediática de esta visita tuvo impacto en el corazón del gobierno. “Esperamos que antes de salir de la Presidencia de la República podamos cumplir con la derogación de las leyes mordaza, porque afectan mucho la libertad de expresión”, señaló el jueves la presidenta Moscoso. Y en consecuencia prometió, una vez más, que su equipo de trabajo analizará la derogación de todas las leyes que atentan contra la libertad de expresión. ¿Será otra promesa hueca de contenido? ¿Por qué creerle ahora a un gobierno panameño que ha incumplido claramente sus promesas de modificar las leyes de prensa? El interrogante es válido y los antecedentes no resultan para nada auspiciosos.
Sólo el futuro dirá si existe voluntad política para cumplir con la palabra empeñada. Lo cierto es que Panamá cuenta con una nueva oportunidad de redimirse ante la comunidad internacional al adecuar su legislación a los estándares internacionales de libertad de expresión. Para ello es necesario que el gobierno entienda, finalmente, que el sistema democrático se ve claramente perjudicado cuando un funcionario tiene derecho a mayor protección que cualquier ciudadano común.
*Coordinador del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en Nueva York.
Los vices tendrán mucho que decir frente a este significativo núcleo de electores, por lo que será tarea de gran valor político decirle oportunamente al país votante quiénes serán los vices.
También señala que debe existir una coordinación constante entre todos los estamentos de investigación, administración de justicia y los sistemas penitenciarios para agilizar el trabajo al momento de investigar los delitos.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
