Libertad de expresión y consolidación democrática
El pasado miércoles, 3 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA celebró una audiencia sobre el estado de la libertad de expresión en Panamá. Declararon en dicha audiencia Betty Brannan Jaén, corresponsal de La Prensa en Washington, D.C., y Viviana Krstecevic, abogada del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), con sede en la capital norteamericana.
Aunque por la importancia de la reunión se esperaba también la presencia del "ombudsman", Italo Antinori no concurrió y nadie asistió en representación de la Defensoría del Pueblo de Panamá.
En vísperas de la celebración de la audiencia, envié a Santiago Cantón, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la siguiente carta:
El andamiaje legal represivo de la libertad de expresión, ilegítimamente impuesto por la dictadura militar que asumió el poder en 1968, es bien conocido por la Comisión, por lo que no es necesario discutirlo en detalle. Son sus principales fundamentos el Decreto de Gabinete 251 de 1969, sobre censura; los capítulos I y II del Título III del Código Penal (artículos 172-180), sobre "delitos contra el honor"; y las leyes 11, 67 y 68 de 1978, sobre medios de comunicación y periodismo. A este conjunto legal autoritario es preciso agregar las disposiciones sobre desacato, emanadas del artículo 33 de la Constitución Política, a las que recurren los funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral para silenciar y amenazar a sus críticos.
Todo este andamiaje no sólo es violatorio de derechos humanos elementales, universalmente reconocidos, como bien lo sabe la Comisión. Constituye, además, un impedimento singular a la consolidación del sistema democrático en Panamá, porque se emplea para impedir que los actos de corrupción gubernamental se investiguen y se sancionen, y contribuye oxigenar la cultura autoritaria y represiva que caracteriza a la sociedad política de mi país.
Esta cultura, que comenzó a arraigarse a partir del golpe militar de 1968, ha contaminado la vida política panameña al punto que, treinta años más tarde, quienes ejercen funciones públicas no sienten la más mínima obligación por rendir cuentas a la ciudadanía y, cuando éstas se les exigen con insistencia, no manifiestan el más mínimo reparo en emplear las ilegítimas "leyes mordaza" para silenciar a los que solicitan que los asuntos públicos se ventilen públicamente, como corresponde bajo el régimen democrático.
Es dentro de este contexto autoritario, intensificado por la coyuntura electoral y la posibilidad de que el oficialismo se vea desalojado del poder en los comicios del 2 de mayo próximo, que deben entenderse las embestidas del gobierno de Ernesto Pérez Balladares contra la libertad de expresión en Panamá, de las que la Comisión tiene abundantes noticias. Es importante, sin embargo, mencionar algunos ejemplos para subrayar los extremos intolerables a que se ha llegado.
Las últimas víctimas personales del gobernante han sido Víctor N. Juliao, Secretario General del Partido Arnulfista, principal de la oposición, y Omaira Correa, Alcaldesa del Distrito Capital y candidata vicepresidencial por otra alianza opositora, a quienes el presidente ha demandado por calumnia. Además de que en ambos casos el móvil político es claro, en el de la alcaldesa Correa no deja de ser irónico que quien, como ella, ha utilizado anteriormente a las "leyes mordaza" para intimidar a sus críticos, sea hoy perseguida con estas mismas herramientas.
Esta particularidad ilustra lo incrustada que está la cultura autoritaria en sociedad política panameña, como se ha mencionado arriba. La alcaldesa Correa, en efecto, ha empleado las "leyes mordaza" como vehículo para la venganza política, como resulta evidente por las demandas que por calumnia e injuria entabló contra su suplente, Heriberto Martínez, al igual que contra Mireya Moscoso, Presidenta del Partido Arnulfista y candidata presidencial de la Unión por Panamá. De igual manera procedieron, en el período 1989-1994, algunos altos funcionarios del gobierno anterior, a pesar de la incongruencia que representaba el recurso a las "leyes mordaza" por parte de quienes se erigieron, durante el período militar, como paladines de la democracia y el estado de derecho.
Este uso político de un marco legal, dictatorial e ilegítimo, es absolutamente inadmisible y se ve agudizado por las actitudes autoritarias que predominan en los órganos jurisdiccionales del Estado panameño. En varias ocasiones, a lo largo de la década, se han impuesto penas de arresto por "irrespeto" a la autoridad jurisdicional y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en perjuicio de quienes han denunciado la corrupción del Poder Judicial. En septiembre de 1998, Erasmo Pinilla, magistrado del Tribunal Electoral, amenazó con ordenar, también por "irrespeto", el arresto de Alvin Weeden, Fiscal del Partido Arnulfista, quien denunció la comisión de irregularidades durante el referéndum constitucional del 30 de agosto.
En lo que al Ministerio Público respecta, con ocasión de las acusaciones de infiltración de dineros mal habidos en la campaña política de 1994 y el tráfico de influencias en la asignación de bienes públicos, los procuradores José Antonio Sossa y Alma Montenegro de Fletcher, quienes dirigen esta agencia del Estado, han optado, no por investigar las denuncias presentadas, sino por demandar a los periodistas que se han atrevido a presentarlas: Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez, en el primer caso, y Marcelino Rodríguez, Michelle Lescure y Brittmarie Janson Pérez, en el segundo.
Por lo mismo ha optado el director de la Policía Nacional, José Luis Sosa, ante los señalamientos que hiciera el abogado y candidato a Alcalde del Distrito Capital, Miguel Antonio Bernal, acerca de la responsabilidad que compete al principal organismo de seguridad pública por la decapitación de cuatro reos en el penal de Coiba, a principios de 1998. No satisfechos con demandar a los denunciantes, en éstos y otros casos los funcionarios públicos niegan a los demandados el acceso a información que éstos requieren para su defensa.
La consolidación del sistema democrático no será posible en Panamá mientras permanezcan vigentes las "leyes mordaza", en cuya ilegitimidad, además, es menester insistir. Estas disposiciones no fueron aprobadas por representantes legítimos de la sociedad, sino impuestas por una dictadura militar, venal y represiva, con el fin de procurar su permanencia indefinida en el poder. La vigencia de las "leyes mordaza" es, por tanto, ilegítima y violatoria del estado de derecho.
Ante la cultura autoritaria y represiva enquistada en las altas esferas del Estado, que impide la abolición de normas que menoscaban las libertades ciudadanas, la sociedad panameña requiere la cooperación de la comunidad internacional para lograr la efectiva e inmediata derogación de las "leyes mordaza". Confío en que, fiel a su misión protectora de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sabrá responder a esta necesidad e instará al gobierno de Panamá a proceder, en este aspecto, de acuerdo con las obligaciones internacionales que sujetan al Estado panameño al respeto por los derechos de los ciudadanos.
Aunque por la importancia de la reunión se esperaba también la presencia del "ombudsman", Italo Antinori no concurrió y nadie asistió en representación de la Defensoría del Pueblo de Panamá.
En vísperas de la celebración de la audiencia, envié a Santiago Cantón, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la siguiente carta:
El andamiaje legal represivo de la libertad de expresión, ilegítimamente impuesto por la dictadura militar que asumió el poder en 1968, es bien conocido por la Comisión, por lo que no es necesario discutirlo en detalle. Son sus principales fundamentos el Decreto de Gabinete 251 de 1969, sobre censura; los capítulos I y II del Título III del Código Penal (artículos 172-180), sobre "delitos contra el honor"; y las leyes 11, 67 y 68 de 1978, sobre medios de comunicación y periodismo. A este conjunto legal autoritario es preciso agregar las disposiciones sobre desacato, emanadas del artículo 33 de la Constitución Política, a las que recurren los funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral para silenciar y amenazar a sus críticos.
Todo este andamiaje no sólo es violatorio de derechos humanos elementales, universalmente reconocidos, como bien lo sabe la Comisión. Constituye, además, un impedimento singular a la consolidación del sistema democrático en Panamá, porque se emplea para impedir que los actos de corrupción gubernamental se investiguen y se sancionen, y contribuye oxigenar la cultura autoritaria y represiva que caracteriza a la sociedad política de mi país.
Esta cultura, que comenzó a arraigarse a partir del golpe militar de 1968, ha contaminado la vida política panameña al punto que, treinta años más tarde, quienes ejercen funciones públicas no sienten la más mínima obligación por rendir cuentas a la ciudadanía y, cuando éstas se les exigen con insistencia, no manifiestan el más mínimo reparo en emplear las ilegítimas "leyes mordaza" para silenciar a los que solicitan que los asuntos públicos se ventilen públicamente, como corresponde bajo el régimen democrático.
Es dentro de este contexto autoritario, intensificado por la coyuntura electoral y la posibilidad de que el oficialismo se vea desalojado del poder en los comicios del 2 de mayo próximo, que deben entenderse las embestidas del gobierno de Ernesto Pérez Balladares contra la libertad de expresión en Panamá, de las que la Comisión tiene abundantes noticias. Es importante, sin embargo, mencionar algunos ejemplos para subrayar los extremos intolerables a que se ha llegado.
Las últimas víctimas personales del gobernante han sido Víctor N. Juliao, Secretario General del Partido Arnulfista, principal de la oposición, y Omaira Correa, Alcaldesa del Distrito Capital y candidata vicepresidencial por otra alianza opositora, a quienes el presidente ha demandado por calumnia. Además de que en ambos casos el móvil político es claro, en el de la alcaldesa Correa no deja de ser irónico que quien, como ella, ha utilizado anteriormente a las "leyes mordaza" para intimidar a sus críticos, sea hoy perseguida con estas mismas herramientas.
Esta particularidad ilustra lo incrustada que está la cultura autoritaria en sociedad política panameña, como se ha mencionado arriba. La alcaldesa Correa, en efecto, ha empleado las "leyes mordaza" como vehículo para la venganza política, como resulta evidente por las demandas que por calumnia e injuria entabló contra su suplente, Heriberto Martínez, al igual que contra Mireya Moscoso, Presidenta del Partido Arnulfista y candidata presidencial de la Unión por Panamá. De igual manera procedieron, en el período 1989-1994, algunos altos funcionarios del gobierno anterior, a pesar de la incongruencia que representaba el recurso a las "leyes mordaza" por parte de quienes se erigieron, durante el período militar, como paladines de la democracia y el estado de derecho.
Este uso político de un marco legal, dictatorial e ilegítimo, es absolutamente inadmisible y se ve agudizado por las actitudes autoritarias que predominan en los órganos jurisdiccionales del Estado panameño. En varias ocasiones, a lo largo de la década, se han impuesto penas de arresto por "irrespeto" a la autoridad jurisdicional y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en perjuicio de quienes han denunciado la corrupción del Poder Judicial. En septiembre de 1998, Erasmo Pinilla, magistrado del Tribunal Electoral, amenazó con ordenar, también por "irrespeto", el arresto de Alvin Weeden, Fiscal del Partido Arnulfista, quien denunció la comisión de irregularidades durante el referéndum constitucional del 30 de agosto.
En lo que al Ministerio Público respecta, con ocasión de las acusaciones de infiltración de dineros mal habidos en la campaña política de 1994 y el tráfico de influencias en la asignación de bienes públicos, los procuradores José Antonio Sossa y Alma Montenegro de Fletcher, quienes dirigen esta agencia del Estado, han optado, no por investigar las denuncias presentadas, sino por demandar a los periodistas que se han atrevido a presentarlas: Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez, en el primer caso, y Marcelino Rodríguez, Michelle Lescure y Brittmarie Janson Pérez, en el segundo.
Por lo mismo ha optado el director de la Policía Nacional, José Luis Sosa, ante los señalamientos que hiciera el abogado y candidato a Alcalde del Distrito Capital, Miguel Antonio Bernal, acerca de la responsabilidad que compete al principal organismo de seguridad pública por la decapitación de cuatro reos en el penal de Coiba, a principios de 1998. No satisfechos con demandar a los denunciantes, en éstos y otros casos los funcionarios públicos niegan a los demandados el acceso a información que éstos requieren para su defensa.
La consolidación del sistema democrático no será posible en Panamá mientras permanezcan vigentes las "leyes mordaza", en cuya ilegitimidad, además, es menester insistir. Estas disposiciones no fueron aprobadas por representantes legítimos de la sociedad, sino impuestas por una dictadura militar, venal y represiva, con el fin de procurar su permanencia indefinida en el poder. La vigencia de las "leyes mordaza" es, por tanto, ilegítima y violatoria del estado de derecho.
Ante la cultura autoritaria y represiva enquistada en las altas esferas del Estado, que impide la abolición de normas que menoscaban las libertades ciudadanas, la sociedad panameña requiere la cooperación de la comunidad internacional para lograr la efectiva e inmediata derogación de las "leyes mordaza". Confío en que, fiel a su misión protectora de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sabrá responder a esta necesidad e instará al gobierno de Panamá a proceder, en este aspecto, de acuerdo con las obligaciones internacionales que sujetan al Estado panameño al respeto por los derechos de los ciudadanos.
