Libertad Económica
Se trata de la publicación de un índice que fue sugerido hace ya más de una década por, entre otros, el propio Friedman, ganador del premio Nobel por su contribución en temas económicos. En su quinta edición, el índice ha ido evolucionando y ha sido objeto de revisiones para actualizar la información que lo nutre, con lo cual se pretende contar con una medición cada vez más objetiva de la libertad económica en los 123 países objeto del estudio. Pretende determinar el vínculo entre libertad, comercio y riqueza. Aunque sus autores reconocen que el índice no es perfecto, confían que la información recabada confirma que entre mayor libertad económica mayor riqueza.
El estudio divide lo que se consideran son los principales ingredientes de la libertad económica, en siete grandes categorías: tamaño del gobierno, estructura económica y uso de los mercados; política monetaria y estabilidad en los precios; libertad para utilizar monedas alternas; estructura legal y seguridad de la propiedad privada; libertad para realizar negocios con extranjeros; y libertad de negociación en los mercados de capitales. Estas siete grandes categorías se subdividen en 21 componentes adicionales.
Al igual que en informes anteriores, Hong Kong, a pesar de la incertidumbre reciente por su incorporación a China, sigue de primera en la lista como la economía más libre, seguida de Singapur, Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido y Canadá. Rusia continúa siendo uno de los países con la menor libertad económica.
En este informe Panamá se situó de 29 entre los 123 países estudiados, posicionándose así entre las naciones más libres del mundo para realizar negocios. Pero la nueva posición refleja un desmejoramiento importante en la libertad económica en nuestro país, ya que en el último informe de 1995 se ubicó a Panamá en la posición 11. Esa caída obedeció principalmente a una pobre calificación en el componente de estructura legal y seguridad de la propiedad privada. En breve, consideran ha empeorado la seguridad jurídica en Panamá.
Mientras tanto, naciones en la región como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y El Salvador han mejorado su posición, superando inclusive a Panamá. Nuestros gobernantes no pueden continuar hablando y prometiendo seguridad jurídica. Tienen que garantizarla adoptando leyes y reglamentos claros que trascienden en el tiempo y nombrando jueces y reguladores capaces y especializados en los campos respectivos que tomen decisiones con fundamentos técnicos y no políticos.
El estudio divide lo que se consideran son los principales ingredientes de la libertad económica, en siete grandes categorías: tamaño del gobierno, estructura económica y uso de los mercados; política monetaria y estabilidad en los precios; libertad para utilizar monedas alternas; estructura legal y seguridad de la propiedad privada; libertad para realizar negocios con extranjeros; y libertad de negociación en los mercados de capitales. Estas siete grandes categorías se subdividen en 21 componentes adicionales.
Al igual que en informes anteriores, Hong Kong, a pesar de la incertidumbre reciente por su incorporación a China, sigue de primera en la lista como la economía más libre, seguida de Singapur, Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido y Canadá. Rusia continúa siendo uno de los países con la menor libertad económica.
En este informe Panamá se situó de 29 entre los 123 países estudiados, posicionándose así entre las naciones más libres del mundo para realizar negocios. Pero la nueva posición refleja un desmejoramiento importante en la libertad económica en nuestro país, ya que en el último informe de 1995 se ubicó a Panamá en la posición 11. Esa caída obedeció principalmente a una pobre calificación en el componente de estructura legal y seguridad de la propiedad privada. En breve, consideran ha empeorado la seguridad jurídica en Panamá.
Mientras tanto, naciones en la región como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y El Salvador han mejorado su posición, superando inclusive a Panamá. Nuestros gobernantes no pueden continuar hablando y prometiendo seguridad jurídica. Tienen que garantizarla adoptando leyes y reglamentos claros que trascienden en el tiempo y nombrando jueces y reguladores capaces y especializados en los campos respectivos que tomen decisiones con fundamentos técnicos y no políticos.
