Licitaciones transparentes
Pero de la misma forma que las bases puntualizan los requisitos a los que deben someterse las empresas, el Estado se compromete responsablemente a respetar sus propias normas, a no cambiarlas a último momento. Si el Estado irrespeta las bases introduciendo favoritismos, cambios no contemplados originalmente o cualquier alteración o anomalía, se hiere el prestigio del país, porque las empresas participantes afectadas por la ilegalidad se formarán una opinión denigrante.
Tal parece que en los últimos años en Panamá se olvidan los principios básicos que sostienen los reglamentos de las licitaciones. Las denuncias de irregularidades las enturbian, las impregnan de dudas y sombras, mellando la confianza en los resultados, porque en ocasiones no obtiene la obra la empresa que ofertó los precios más bajos sino la de los precios más altos o porque las especificaciones técnicas no se ajustan a la objetividad sino a las que privilegian a equis o ye empresa. Algo inaudito, inconcebible, en un estado de derecho.
Ante el alarmante relajo con el que se vienen manejando las licitaciones, hay que ponerle atajo creando mecanismos serios, tanto para puntualizar los requisitos técnicos o financieros de un proyecto determinado como para dilucidar en forma transparente el resultado imparcial del evento. Talvez debería empezarse por estructurarse una suerte de consejo nacional de licitaciones que reciba las propuestas de ministerios, institutos y entidades públicas; supervise las bases con asesoramiento técnico especializado en cada caso; y finalmente defina el resultado final de la licitación. El organismo debe estar integrado por representantes del gobierno, de las instituciones empresariales, de las entidades gremiales y de la sociedad civil, es decir de entidades independientes y solventes en las que no tengan cabida las mil y una formas de la manipulación, la defraudación, y el soborno. Los resultados deben ser producto del consenso. Para que no se cree un monstruo burocrático, quizás lo conveniente sería que las licitaciones se desarrollen en un nivel acostumbrado y que los dictámenes se eleven al consejo nacional para que los objete o apruebe, aportando fundamentos sólidos.
Muchas cosas están en juego en cada licitación de oscuro desenlace. Está en juego el manejo adecuado de los recursos fiscales, la garantía que merecen los usuarios de la eficiencia y durabilidad de la obra ejecutada. Está en juego la honorabilidad del universo de la administración pública, bastante desprestigiada. Y está en juego, por encima de todo, el buen nombre de la república de Panamá, picoteado y carcomido por generaciones y generaciones de funcionarios corruptos.
Tal parece que en los últimos años en Panamá se olvidan los principios básicos que sostienen los reglamentos de las licitaciones. Las denuncias de irregularidades las enturbian, las impregnan de dudas y sombras, mellando la confianza en los resultados, porque en ocasiones no obtiene la obra la empresa que ofertó los precios más bajos sino la de los precios más altos o porque las especificaciones técnicas no se ajustan a la objetividad sino a las que privilegian a equis o ye empresa. Algo inaudito, inconcebible, en un estado de derecho.
Ante el alarmante relajo con el que se vienen manejando las licitaciones, hay que ponerle atajo creando mecanismos serios, tanto para puntualizar los requisitos técnicos o financieros de un proyecto determinado como para dilucidar en forma transparente el resultado imparcial del evento. Talvez debería empezarse por estructurarse una suerte de consejo nacional de licitaciones que reciba las propuestas de ministerios, institutos y entidades públicas; supervise las bases con asesoramiento técnico especializado en cada caso; y finalmente defina el resultado final de la licitación. El organismo debe estar integrado por representantes del gobierno, de las instituciones empresariales, de las entidades gremiales y de la sociedad civil, es decir de entidades independientes y solventes en las que no tengan cabida las mil y una formas de la manipulación, la defraudación, y el soborno. Los resultados deben ser producto del consenso. Para que no se cree un monstruo burocrático, quizás lo conveniente sería que las licitaciones se desarrollen en un nivel acostumbrado y que los dictámenes se eleven al consejo nacional para que los objete o apruebe, aportando fundamentos sólidos.
Muchas cosas están en juego en cada licitación de oscuro desenlace. Está en juego el manejo adecuado de los recursos fiscales, la garantía que merecen los usuarios de la eficiencia y durabilidad de la obra ejecutada. Está en juego la honorabilidad del universo de la administración pública, bastante desprestigiada. Y está en juego, por encima de todo, el buen nombre de la república de Panamá, picoteado y carcomido por generaciones y generaciones de funcionarios corruptos.
