¿Limpieza o pase de facturas?
Desde los años 90, la sociedad panameña ha desatado, con justificada razón, una sostenida lucha contra las prácticas corruptas, en esferas oficiales y privadas.
Como concepto moral e instrumento judicial, sometido a los componentes que implica el debido proceso, la lucha contra la corrupción es legítima, y en consecuencia loable el esfuerzo que desarrollen en ese sentido instituciones y funcionarios.
Esta batalla, sin embargo, cobra últimamente giros que van dejando la percepción de que, de instrumento judicial se va convirtiendo en un arma política que utilizada apresuradamente puede servir para estigmatizar, desacreditar y descalificar. Es la percepción que deja la forma como han sido sancionados recientemente varios fiscales, sin evidencias contundentes. Las medidas van desde la separación del cargo hasta la condena pública.
¿Son sinónimos acaso los términos corrupción y actos disciplinarios? Es dable que un funcionario que incurra en actos corruptos sea un indisciplinado, pero ¿será corrupto siempre el que incurra en un acto de indisciplina?
¿Es saludable que la entidad encargada de velar por la administración justa e imparcial de la ley, aplique justamente lo contrario contra sus propios miembros, y en cambio haya dejado de lado sonados casos de corrupción que fueron archivados en la Corte Suprema? ¿No hay allí un contrasentido?
Es una situación que no está clara, en nada beneficia a una entidad como la Procuraduría General de la Nación dudas de esta clase, sobre todo cuando los sancionados aparecen vinculados a vistas judiciales en las que estuvo implicada la titular del Ministerio Público o su actual Secretario General. ¿Por qué la Señora Procuradora sí está dispuesta a ventilar las destituciones en los medios de comunicación social, pero se niega a contestar por la misma vía los señalamientos de los fiscales destituidos? La comunidad tiene derecho a saber si se está haciendo una limpieza o tan sólo es un pase de facturas.
Como concepto moral e instrumento judicial, sometido a los componentes que implica el debido proceso, la lucha contra la corrupción es legítima, y en consecuencia loable el esfuerzo que desarrollen en ese sentido instituciones y funcionarios.
Esta batalla, sin embargo, cobra últimamente giros que van dejando la percepción de que, de instrumento judicial se va convirtiendo en un arma política que utilizada apresuradamente puede servir para estigmatizar, desacreditar y descalificar. Es la percepción que deja la forma como han sido sancionados recientemente varios fiscales, sin evidencias contundentes. Las medidas van desde la separación del cargo hasta la condena pública.
¿Son sinónimos acaso los términos corrupción y actos disciplinarios? Es dable que un funcionario que incurra en actos corruptos sea un indisciplinado, pero ¿será corrupto siempre el que incurra en un acto de indisciplina?
¿Es saludable que la entidad encargada de velar por la administración justa e imparcial de la ley, aplique justamente lo contrario contra sus propios miembros, y en cambio haya dejado de lado sonados casos de corrupción que fueron archivados en la Corte Suprema? ¿No hay allí un contrasentido?
Es una situación que no está clara, en nada beneficia a una entidad como la Procuraduría General de la Nación dudas de esta clase, sobre todo cuando los sancionados aparecen vinculados a vistas judiciales en las que estuvo implicada la titular del Ministerio Público o su actual Secretario General. ¿Por qué la Señora Procuradora sí está dispuesta a ventilar las destituciones en los medios de comunicación social, pero se niega a contestar por la misma vía los señalamientos de los fiscales destituidos? La comunidad tiene derecho a saber si se está haciendo una limpieza o tan sólo es un pase de facturas.
