Llegó la hora de la justicia para víctimas de las dictaduras
Estos últimos días han sido verdaderamente memorables. Los países latinoamericanos nos encontramos en un proceso de lograr una gran victoria democrática contra los regímenes dictatoriales que por tantos años cumplieron con los objetivos del Pentágono de mantener lejos de sus fronteras al creciente movimiento socialista en el continente americano.
Los Estados Unidos niegan haber brindado apoyo a estos gobiernos genocidas, pero la conciencia popular sabe que no es así.
En primer lugar está la posibilidad de aclarar, después de tantos años, los sucesos que llevaron al asesinato del cura Héctor Gallego y la identificación de sus restos mortales. Esta debe de ser la punta de lanza para la realización de la justicia que los panameños, que creemos en la democracia, por tanto tiempo hemos estado esperando. El mejor momento para llevar a prisión a todos estos ex militares criminales que se escudaron bajo el régimen dictatorial para cometer todo tipo de abusos, homicidios, hurtos y en fin, todos los epítetos que identifican a los miembros del PRD y a las antiguas Fuerzas de Defensa, es ahora.
Bajo el gobierno anterior nunca se hubiera logrado aclarar nada por estar compuesto de cómplices de la dictadura, y bajo el gobierno de Endara tampoco, por haber sido una época de transición.
En este momento la conciencia social y las corrientes internacionales dirigidas hacia la aclaración de hechos delictivos acaecidos bajo regímenes dictatoriales décadas atrás han cobrado una gran fuerza. Uno de los ejemplos más evidentes es la entrega del Premio UNESCO de Educación para la Paz a la asociación argentina Madres de la Plaza de Mayo.
Este grupo de señoras argentinas fundó en 1977 una asociación que demandaba a la dictadura militar información acerca de la suerte de sus hijos desaparecidos. A pesar del retorno a la democracia, las madres continúan reuniéndose, una vez a la semana, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, para solicitar el fin de la impunidad de la que disfrutan los responsables de la desaparición y asesinato de casi 30,000 personas durante la dictadura.
Sin embargo, el logro que se puede considerar verdaderamente trascendental es la extradición del ex general Augusto Pinochet a España para ser juzgado por sus crímenes de lesa humanidad. Ante el fallo del magistrado británico Ronald Bartle, los militares chilenos han puesto el grito en el cielo, pero reconocen que solo queda una última carta por jugar: las razones humanitarias.
Para el pueblo que ha sufrido los abusos de una dictadura, sencillamente no existen razones humanitarias para no juzgar y condenar a un criminal del porte de Pinochet, al que el juez británico considera extraditable por 35 casos de tortura y 198 desapariciones. Se estima que 3,197 personas murieron o desaparecieron tras el golpe militar que derrocó al presidente electo marxista Salvador Allende en un cruento golpe en 1973.
El movimiento Chile Mi Patria emitió un comunicado en el que rechaza "este nuevo atropello a la soberanía de Chile y reitera el llamado a la unidad y participación del personal en retiro de la defensa nacional".
Pero la justicia no tiene fronteras y no importa quién la lleve a cabo, lo importante es que se haga justicia y se castigue a estos criminales que hasta el momento se han visto beneficiados bajo el velo de la impunidad.
Los militares implicados en estos regímenes ahora están empezando a preocuparse por todo este movimiento internacional en busca de esclarecer la verdad, ya les llegó la hora de pagar y el pueblo por fin podrá sentir que se hizo justicia.
Los Estados Unidos niegan haber brindado apoyo a estos gobiernos genocidas, pero la conciencia popular sabe que no es así.
En primer lugar está la posibilidad de aclarar, después de tantos años, los sucesos que llevaron al asesinato del cura Héctor Gallego y la identificación de sus restos mortales. Esta debe de ser la punta de lanza para la realización de la justicia que los panameños, que creemos en la democracia, por tanto tiempo hemos estado esperando. El mejor momento para llevar a prisión a todos estos ex militares criminales que se escudaron bajo el régimen dictatorial para cometer todo tipo de abusos, homicidios, hurtos y en fin, todos los epítetos que identifican a los miembros del PRD y a las antiguas Fuerzas de Defensa, es ahora.
Bajo el gobierno anterior nunca se hubiera logrado aclarar nada por estar compuesto de cómplices de la dictadura, y bajo el gobierno de Endara tampoco, por haber sido una época de transición.
En este momento la conciencia social y las corrientes internacionales dirigidas hacia la aclaración de hechos delictivos acaecidos bajo regímenes dictatoriales décadas atrás han cobrado una gran fuerza. Uno de los ejemplos más evidentes es la entrega del Premio UNESCO de Educación para la Paz a la asociación argentina Madres de la Plaza de Mayo.
Este grupo de señoras argentinas fundó en 1977 una asociación que demandaba a la dictadura militar información acerca de la suerte de sus hijos desaparecidos. A pesar del retorno a la democracia, las madres continúan reuniéndose, una vez a la semana, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, para solicitar el fin de la impunidad de la que disfrutan los responsables de la desaparición y asesinato de casi 30,000 personas durante la dictadura.
Sin embargo, el logro que se puede considerar verdaderamente trascendental es la extradición del ex general Augusto Pinochet a España para ser juzgado por sus crímenes de lesa humanidad. Ante el fallo del magistrado británico Ronald Bartle, los militares chilenos han puesto el grito en el cielo, pero reconocen que solo queda una última carta por jugar: las razones humanitarias.
Para el pueblo que ha sufrido los abusos de una dictadura, sencillamente no existen razones humanitarias para no juzgar y condenar a un criminal del porte de Pinochet, al que el juez británico considera extraditable por 35 casos de tortura y 198 desapariciones. Se estima que 3,197 personas murieron o desaparecieron tras el golpe militar que derrocó al presidente electo marxista Salvador Allende en un cruento golpe en 1973.
El movimiento Chile Mi Patria emitió un comunicado en el que rechaza "este nuevo atropello a la soberanía de Chile y reitera el llamado a la unidad y participación del personal en retiro de la defensa nacional".
Pero la justicia no tiene fronteras y no importa quién la lleve a cabo, lo importante es que se haga justicia y se castigue a estos criminales que hasta el momento se han visto beneficiados bajo el velo de la impunidad.
Los militares implicados en estos regímenes ahora están empezando a preocuparse por todo este movimiento internacional en busca de esclarecer la verdad, ya les llegó la hora de pagar y el pueblo por fin podrá sentir que se hizo justicia.
