Llevándonos al despeñadero
En las últimas fechas, el Gobierno Nacional ha improvisado acciones de política exterior que comprometen -innecesariamente- la seguridad de nuestro país y el interés de sus habitantes. Primero, con la desatinada firma de la llamada Declaración de Panamá, relativa a Colombia, y enseguida con el temerario Comunicado Conjunto sobre la cuestión de Irak, suscrita con tres de los países centroamericanos. Ambos actos hacen patente la frivolidad que este gobierno le dispensa a nuestra política exterior y revelan la urgencia de que ésta vuelva a asumirse con seriedad.
En el primer caso, a colación del criminal bombazo al club bogotano El Nogal, Panamá y los demás firmantes afirmaron que ese acto terrorista habría sido cometido por las FARC -cosa no comprobada-, y por añadidura dejó pasar por alto los bárbaros asesinatos que los paramilitares de las AUC recién habían cometido en Paya y Púcaro. Pese a los reiterados testimonios de nuestros hermanos darienitas, a los terroristas de las AUC ni siquiera se les mencionó, porque así le convenía al mandatario bogotano, como señaló El Tiempo de Bogotá.
Nuestro país se subordinó a la agenda política del gobierno colombiano, al cual le escenificó una cumbre de presidentes centroamericanos, en la que fuimos simples anfitriones. Lejos de ser escenario de la requerida protesta panameña, dicha cita hizo de la cancillería istmeña una mera auxiliar de su contraparte bogotana y, sobre todo, nos alineó como Estado beligerante dentro del conflicto interno de Colombia. Para los mandatarios centroamericanos eso no tiene mayores consecuencias, puesto que ninguno de sus países es vecino de esa nación, pero a Panamá sí le toca pagar los costos de esa chambonada.
En el segundo caso, Panamá asumió el supuesto de que Irak ocultaba arsenales de armas nucleares, químicas y biológicas de destrucción masiva -pese a que el jefe de los inspectores de Naciones Unidas había reiterado que no hay evidencias de ello-. Con eso, nuestro gobierno justificó desatar la guerra, a contrapelo de que la gran mayoría de los miembros temporales y permanentes del Consejo de Seguridad estaban en desacuerdo con ese extremo. Así, Panamá se aisló en la estrecha minoría de los estados latinoamericanos que avalaron la guerra, con el agravante de que los otros firmantes del Comunicado Conjunto nada tienen que perder, pues sólo nuestro país arriesga con ello un Canal y sus instalaciones anexas.
222 Panamá...contribuyó a desautorizar al Consejo de Seguridad, el mismo que hace 30 años tanto contribuyó a que alcanzáramos la firma de los Tratados Torrijos-Carter.
Embarcado en el Plan Colombia y en el afán del presidente Álvaro Uribe de internacionalizar el conflicto de su país, es entendible que ésta fuera la única nación latinoamericana de cierta importancia en apoyar la guerra. En las presentes circunstancias, cuando Uribe ha pedido que después de Irak ese esfuerzo militar se traslade a su país, a Bogotá ya no le queda mucho que perder. En contraste, el gobierno panameño malogró una excelente oportunidad de quedarse callado, prefiriendo meterse gratuitamente entre las patas de los caballos.
Hay tres principios fundamentales a los que el actual gobierno renunció al cometer semejante disparate. Primero, que cuando se es un país pequeño y vulnerable, hay que luchar de forma sistemática y tesonera por el respeto al derecho internacional y la vigencia de los organismos facultados para instrumentarlo. Al escoger esa irresponsable opción, Panamá rompió con el camino del derecho y contribuyó a desautorizar al Consejo de Seguridad, el mismo que hace 30 años tanto contribuyó a que alcanzáramos la firma de los Tratados Torrijos-Carter.
Segundo, que sólo cuando ha concitado la solidaridad latinoamericana Panamá ha podido cumplir sus grandes objetivos. Desconociéndolo, este gobierno tomó la ruta opuesta, al adoptar una posición contraria a la del bloque de las naciones de nuestra región. Por eso, las dos cancillerías centroamericanas de mayor profesionalismo -las de Costa Rica y Guatemala- se negaron a secundar esa majadería.
Tercero, tal como la historia lo ha demostrado, Panamá no sólo tiene deberes de neutralidad, sino inmensas ventajas en practicar una política neutral. Una buena política exterior universal y pluralista, y un estilo diplomático neutral y no alineado son los mejores instrumentos de paz y seguridad con que los panameños podemos contar. Sin embargo, este gobierno optó -repito que innecesariamente- por apartarse del derecho internacional, aislarse del grupo latinoamericano, y alinearse como parte beligerante tanto en el conflicto colombiano como en la guerra contra Irak.
Si a los personeros del gobierno que hoy padecemos no les importa parecer irresponsables y suicidas, allá ellos. Sin embargo, los demás ciudadanos de este país no tenemos por qué dejarnos llevar al despeñadero.
Nuestro mensaje de pésame comprendía que la muerte del General Torrijos marcaría la historia de nuestro país y produciría inevitablemente cambios en su régimen. Ofrecimos en esas circunstancias lograr de común acuerdo con espíritu de fraternidad la plena democratización. Temíamos que los primeros pasos en dicha dirección, que se habían dado (el reconocimiento de partidos políticos, cambios constitucionales para elegir directamente el Presidente de la República y una tercera parte del Consejo Nacional de Legislación, la fundación de un diario libre e independiente, La Prensa), en vez de ampliarse y culminar positivamente, se malograran y retrocediéramos así hacia la negación de las libertades y la represión generalizada. Desgraciadamente sucedió lo segundo en buena parte por la mentalidad sectaria de quienes respondieron con amenazas a nuestro mensaje de pésame.
Una variante de esta mentalidad resurge entre quienes quieren a toda costa eliminar la candidatura presidencial de Martín Torrijos, porque él ha conducido al PRD, como Rubén Arosemena Valdés ha conducido al Partido Popular, a superar en el presente democrático el antagonismo que tuvieron en el pasado dictatorial, para forjar juntos un futuro libre y justo. Esta vez las personas de esta mentalidad sectaria no triunfarán.
(ariyan@sinfo.net)
Odio Benito ha sido Vicepresidenta de la República de Costa Rica, dos veces ministra de Justicia, ministra del Ambiente (durante el gobierno de Miguel Angel Rodríguez, 1998-2002); profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Relatora Especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Embajadora Especial y Jefe de Misión de su Gobierno en la preparación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Preparó el texto del Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
Luchó porque se tipificara la violencia sexual sufrida por las mujeres como crímenes de guerra, materia que se recogió en sentencias del Tribunal ad hoc y fue un precedente esencial para la redacción del Estatuto que dio vida a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda.
Su investigación sobre discriminación en materia de religión y creencias fue publicada en todos los idiomas oficiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su experiencia se extiende a otras áreas y es así como formó parte de una comisión asesora en la Organización Internacional para la Propiedad Intelectual (OMPI).
Pero todas estas vivencias parecen hacer cada vez más humilde a una mujer a quien le fascina la natación, la literatura, el ciclismo y el tenis. La juez que ha sentado al banquillo de los acusados a los más terribles criminales, gasta una broma con El Panamá América al decir que ahora a su edad, lo que hace es caminar y estudiar mucho, por lo que no le dedica tanto tiempo a la literatura como quisiera.
Al término de la entrevista y en el exterior de la Sala de Redacción de El Panamá América, da un ligero vistazo por la vía Ricardo J. Alfaro y exclama: "¡Cuánto ha crecido la ciudad! Antes venía mucho a Panamá con mi mamá, a quien le gustaba hacer compras".
Y no es para menos que a su madre, que ahora tiene 90 años, le encante Panamá, pues aquí nació. Y su progenitora es buena panameña, porque le fascinan las fiestas, aunque la juez dice que en esta materia no la acompaña, porque le gusta dormir temprano.
En el primer caso, a colación del criminal bombazo al club bogotano El Nogal, Panamá y los demás firmantes afirmaron que ese acto terrorista habría sido cometido por las FARC -cosa no comprobada-, y por añadidura dejó pasar por alto los bárbaros asesinatos que los paramilitares de las AUC recién habían cometido en Paya y Púcaro. Pese a los reiterados testimonios de nuestros hermanos darienitas, a los terroristas de las AUC ni siquiera se les mencionó, porque así le convenía al mandatario bogotano, como señaló El Tiempo de Bogotá.
Nuestro país se subordinó a la agenda política del gobierno colombiano, al cual le escenificó una cumbre de presidentes centroamericanos, en la que fuimos simples anfitriones. Lejos de ser escenario de la requerida protesta panameña, dicha cita hizo de la cancillería istmeña una mera auxiliar de su contraparte bogotana y, sobre todo, nos alineó como Estado beligerante dentro del conflicto interno de Colombia. Para los mandatarios centroamericanos eso no tiene mayores consecuencias, puesto que ninguno de sus países es vecino de esa nación, pero a Panamá sí le toca pagar los costos de esa chambonada.
En el segundo caso, Panamá asumió el supuesto de que Irak ocultaba arsenales de armas nucleares, químicas y biológicas de destrucción masiva -pese a que el jefe de los inspectores de Naciones Unidas había reiterado que no hay evidencias de ello-. Con eso, nuestro gobierno justificó desatar la guerra, a contrapelo de que la gran mayoría de los miembros temporales y permanentes del Consejo de Seguridad estaban en desacuerdo con ese extremo. Así, Panamá se aisló en la estrecha minoría de los estados latinoamericanos que avalaron la guerra, con el agravante de que los otros firmantes del Comunicado Conjunto nada tienen que perder, pues sólo nuestro país arriesga con ello un Canal y sus instalaciones anexas.
222 Panamá...contribuyó a desautorizar al Consejo de Seguridad, el mismo que hace 30 años tanto contribuyó a que alcanzáramos la firma de los Tratados Torrijos-Carter.
Embarcado en el Plan Colombia y en el afán del presidente Álvaro Uribe de internacionalizar el conflicto de su país, es entendible que ésta fuera la única nación latinoamericana de cierta importancia en apoyar la guerra. En las presentes circunstancias, cuando Uribe ha pedido que después de Irak ese esfuerzo militar se traslade a su país, a Bogotá ya no le queda mucho que perder. En contraste, el gobierno panameño malogró una excelente oportunidad de quedarse callado, prefiriendo meterse gratuitamente entre las patas de los caballos.
Hay tres principios fundamentales a los que el actual gobierno renunció al cometer semejante disparate. Primero, que cuando se es un país pequeño y vulnerable, hay que luchar de forma sistemática y tesonera por el respeto al derecho internacional y la vigencia de los organismos facultados para instrumentarlo. Al escoger esa irresponsable opción, Panamá rompió con el camino del derecho y contribuyó a desautorizar al Consejo de Seguridad, el mismo que hace 30 años tanto contribuyó a que alcanzáramos la firma de los Tratados Torrijos-Carter.
Segundo, que sólo cuando ha concitado la solidaridad latinoamericana Panamá ha podido cumplir sus grandes objetivos. Desconociéndolo, este gobierno tomó la ruta opuesta, al adoptar una posición contraria a la del bloque de las naciones de nuestra región. Por eso, las dos cancillerías centroamericanas de mayor profesionalismo -las de Costa Rica y Guatemala- se negaron a secundar esa majadería.
Tercero, tal como la historia lo ha demostrado, Panamá no sólo tiene deberes de neutralidad, sino inmensas ventajas en practicar una política neutral. Una buena política exterior universal y pluralista, y un estilo diplomático neutral y no alineado son los mejores instrumentos de paz y seguridad con que los panameños podemos contar. Sin embargo, este gobierno optó -repito que innecesariamente- por apartarse del derecho internacional, aislarse del grupo latinoamericano, y alinearse como parte beligerante tanto en el conflicto colombiano como en la guerra contra Irak.
Si a los personeros del gobierno que hoy padecemos no les importa parecer irresponsables y suicidas, allá ellos. Sin embargo, los demás ciudadanos de este país no tenemos por qué dejarnos llevar al despeñadero.
Nuestro mensaje de pésame comprendía que la muerte del General Torrijos marcaría la historia de nuestro país y produciría inevitablemente cambios en su régimen. Ofrecimos en esas circunstancias lograr de común acuerdo con espíritu de fraternidad la plena democratización. Temíamos que los primeros pasos en dicha dirección, que se habían dado (el reconocimiento de partidos políticos, cambios constitucionales para elegir directamente el Presidente de la República y una tercera parte del Consejo Nacional de Legislación, la fundación de un diario libre e independiente, La Prensa), en vez de ampliarse y culminar positivamente, se malograran y retrocediéramos así hacia la negación de las libertades y la represión generalizada. Desgraciadamente sucedió lo segundo en buena parte por la mentalidad sectaria de quienes respondieron con amenazas a nuestro mensaje de pésame.
Una variante de esta mentalidad resurge entre quienes quieren a toda costa eliminar la candidatura presidencial de Martín Torrijos, porque él ha conducido al PRD, como Rubén Arosemena Valdés ha conducido al Partido Popular, a superar en el presente democrático el antagonismo que tuvieron en el pasado dictatorial, para forjar juntos un futuro libre y justo. Esta vez las personas de esta mentalidad sectaria no triunfarán.
(ariyan@sinfo.net)
Odio Benito ha sido Vicepresidenta de la República de Costa Rica, dos veces ministra de Justicia, ministra del Ambiente (durante el gobierno de Miguel Angel Rodríguez, 1998-2002); profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Relatora Especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Embajadora Especial y Jefe de Misión de su Gobierno en la preparación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Preparó el texto del Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
Luchó porque se tipificara la violencia sexual sufrida por las mujeres como crímenes de guerra, materia que se recogió en sentencias del Tribunal ad hoc y fue un precedente esencial para la redacción del Estatuto que dio vida a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda.
Su investigación sobre discriminación en materia de religión y creencias fue publicada en todos los idiomas oficiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su experiencia se extiende a otras áreas y es así como formó parte de una comisión asesora en la Organización Internacional para la Propiedad Intelectual (OMPI).
Pero todas estas vivencias parecen hacer cada vez más humilde a una mujer a quien le fascina la natación, la literatura, el ciclismo y el tenis. La juez que ha sentado al banquillo de los acusados a los más terribles criminales, gasta una broma con El Panamá América al decir que ahora a su edad, lo que hace es caminar y estudiar mucho, por lo que no le dedica tanto tiempo a la literatura como quisiera.
Al término de la entrevista y en el exterior de la Sala de Redacción de El Panamá América, da un ligero vistazo por la vía Ricardo J. Alfaro y exclama: "¡Cuánto ha crecido la ciudad! Antes venía mucho a Panamá con mi mamá, a quien le gustaba hacer compras".
Y no es para menos que a su madre, que ahora tiene 90 años, le encante Panamá, pues aquí nació. Y su progenitora es buena panameña, porque le fascinan las fiestas, aunque la juez dice que en esta materia no la acompaña, porque le gusta dormir temprano.
