Lo fortuito y lo fundamental
PANAMÁ ES UN PAÍS que vive mucho más de lo fortuito que de lo fundamental, y de ahí que siempre sea oportuno llamar la atención con respecto a tan paradójico modo de comportamiento. Sin embargo, no es raro que estos papeles se trastoquen y que sea frecuente que de lo fortuito salga inesperadamente lo que, por su naturaleza, fue fundamental.
Lo anotamos, precisamente, por lo que se ha desencadenado con motivo de la nueva ley en torno a la Caja de Seguro Social. Ciertos desequilibrios financieros de ese instituto propiciaron que el Gobierno anterior pasara la batuta del diferendo en manos de su representante local de la Organización Internacional de Trabajo. Nosotros no sabíamos si ella tenía o no alguna experticia en la materia, pero todo indica que se pasó con el tamal en su mano, en aras de lo que podía ser su imparcialidad. Lo cual no fue suficiente para que dos años después del comienzo examinativo del problema, las "mesas" de debate, conformadas por las partes, no hubieran llegado a ninguna conclusión excepto algunos valiosos informes que procedían de los expertos de la OIT, pero sin que las diferencias de las partes tuvieran las indispensables soluciones. Ello era lo que convenía al Gobierno de turno, porque así le apetecía para "lavarse las manos" del asunto, y aplicar la máxima conocida y poco elegante de que "el que viene detrás de mí que arrempuje".
El Gobierno que se inauguró hace un año decidió hacerse cargo del problema de la Caja, no por éste, sino por otro. La situación del Seguro la presentaban como de bancarrota, fundándose en que varios programas estaban en déficit, principalmente el de Jubilación, que según cifras repetidas hasta el cansancio tenía una deuda de cuatro mil millones de balboas.
La nueva ley del actual Gobierno, después de un simulacro de consultas, con los legos en la materia, aprobó un extenso proyecto de cerca de doscientos artículos, en dos famosas madrugadas, como siempre: aumento de cuotas obrero-patronales, aumento de edad para jubilarse y otros "aumentos". Además, la cláusula de que el Seguro podía comprar, como inversión, bonos de cualquier entidad autónoma nacional (léase la Autoridad del Canal).
La propuesta popular, unánime como nunca, de un confín a otro de la República, fue masiva. Y el Gobierno suspendió la ley por 90 días, para que un Diálogo Nacional le introdujera reformas. La contradicción no se hizo esperar y el Gobierno apeló, dentro del Diálogo, a métodos muy conocidos, lo que ha puesto muy en duda la transparencia de tal procedimiento oficial. Ha habido presiones para retirar a ciertos representantes ya designados. Algunos representantes dieron la batalla como han sido los casos del auditor Luis Chen González y el docente Andrés Rodríguez, jefe de la oposición en un diálogo maniatado.
Si no se introducen las reformas indispensables, necesarias, para el mayor bien del pueblo, entonces el Diálogo habrá parado en lo fortuito, en lo superficial. La solución contraria, de un Diálogo que concrete las reformas lógicas y necesarias, tendrá el carácter de lo fundamental, de la satisfacción de las necesidades populares. Las medidas de lo fortuito, de lo circunstancial, impedirán que se haga lo fundamental, lo indispensable para salvar al Seguro Social, y más temprano que tarde, vendrá el colapso de esa Institución, en manos gubernamentales.
Lo anotamos, precisamente, por lo que se ha desencadenado con motivo de la nueva ley en torno a la Caja de Seguro Social. Ciertos desequilibrios financieros de ese instituto propiciaron que el Gobierno anterior pasara la batuta del diferendo en manos de su representante local de la Organización Internacional de Trabajo. Nosotros no sabíamos si ella tenía o no alguna experticia en la materia, pero todo indica que se pasó con el tamal en su mano, en aras de lo que podía ser su imparcialidad. Lo cual no fue suficiente para que dos años después del comienzo examinativo del problema, las "mesas" de debate, conformadas por las partes, no hubieran llegado a ninguna conclusión excepto algunos valiosos informes que procedían de los expertos de la OIT, pero sin que las diferencias de las partes tuvieran las indispensables soluciones. Ello era lo que convenía al Gobierno de turno, porque así le apetecía para "lavarse las manos" del asunto, y aplicar la máxima conocida y poco elegante de que "el que viene detrás de mí que arrempuje".
El Gobierno que se inauguró hace un año decidió hacerse cargo del problema de la Caja, no por éste, sino por otro. La situación del Seguro la presentaban como de bancarrota, fundándose en que varios programas estaban en déficit, principalmente el de Jubilación, que según cifras repetidas hasta el cansancio tenía una deuda de cuatro mil millones de balboas.
La nueva ley del actual Gobierno, después de un simulacro de consultas, con los legos en la materia, aprobó un extenso proyecto de cerca de doscientos artículos, en dos famosas madrugadas, como siempre: aumento de cuotas obrero-patronales, aumento de edad para jubilarse y otros "aumentos". Además, la cláusula de que el Seguro podía comprar, como inversión, bonos de cualquier entidad autónoma nacional (léase la Autoridad del Canal).
La propuesta popular, unánime como nunca, de un confín a otro de la República, fue masiva. Y el Gobierno suspendió la ley por 90 días, para que un Diálogo Nacional le introdujera reformas. La contradicción no se hizo esperar y el Gobierno apeló, dentro del Diálogo, a métodos muy conocidos, lo que ha puesto muy en duda la transparencia de tal procedimiento oficial. Ha habido presiones para retirar a ciertos representantes ya designados. Algunos representantes dieron la batalla como han sido los casos del auditor Luis Chen González y el docente Andrés Rodríguez, jefe de la oposición en un diálogo maniatado.
Si no se introducen las reformas indispensables, necesarias, para el mayor bien del pueblo, entonces el Diálogo habrá parado en lo fortuito, en lo superficial. La solución contraria, de un Diálogo que concrete las reformas lógicas y necesarias, tendrá el carácter de lo fundamental, de la satisfacción de las necesidades populares. Las medidas de lo fortuito, de lo circunstancial, impedirán que se haga lo fundamental, lo indispensable para salvar al Seguro Social, y más temprano que tarde, vendrá el colapso de esa Institución, en manos gubernamentales.
