¿Lo pendiente después de las reformas fiscales?
TODO PARECE indicar que las reformas del Seguro Social se aprobarán tratándose de encontrar el mayor consenso ciudadano posible. Son necesarias y urgentes. Pasarán, es lo más probable, sin la rapidez y el apuro, propio de los días antes del Carnaval, como se aprobaron y "discutieron" las reformas fiscales.
En cuanto al Seguro Social, aunque muchos no usemos sus servicios médicos, sí queremos beneficiarnos de la jubilación que nos brinda, sobre todo cuando nos faltan escasos meses para lograrla, después de una larga vida de trabajo. Inclusive, estamos dispuestos de sacrificarnos por un par de años más. Pero, esos que sí reciben los servicios médicos de la Caja, producto de la solidaridad del sistema, el cual debe mantenerse a toda costa, sí exigen, con toda la razón del mundo, que los mismos sean mejorados al máximo.
Queda en el camino la preocupación de quienes han salido más afectados con las reformas fiscales, si además de las promesas de desburocratizar el gobierno y hacerlo más eficiente, más productivo y menos grande, la actual administración gubernamental "pondrá orden en otras casas" del sistema estatal que no fueron tocadas en lo más mínimo en las recién aprobadas reformas. Me refiero específicamente al Órgano Legislativo y a los municipios, sobre todo, a los que más ingresos manejan y que, paralelamente, atienden la recolección de la basura, así como a las juntas comunales, que la más pobre del país recibe un subsidio de B/10,000.00 por año.
A poco de finalizar la primera mitad del primer año de gobierno, me preocupa como ciudadano ver anuncios de la Dirección General de Ingresos en cuanto a que ya se deben pagar los nuevos impuestos sobre los gastos de representación y ya se anuncian las nuevas multas que se aplicarán a los contribuyentes como consecuencia de la Ley 6 de 2005, que en algunos casos aumentan hasta cien veces más de lo que había antes.
Pareciera que ya se olvidaron de los monos gordos de los que tanto se habló durante los primeros días del gobierno para ahora dedicarse a multar a los que, de una manera u otra, se encargan de generar riquezas en el país y, a su manera, siempre han tributado.
A nivel de la Asamblea, si bien en su presupuesto está incluida la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, el nivel más grande del pastel de su presupuesto se lo llevan los ahora llamados diputados. ¿Cómo es posible que entre los 78 legisladores todavía no se hayan eliminado las 546 exoneraciones de automóviles, a razón de tres por cada principal y dos por cada suplente? ¿Cómo es posible que se paguen emolumentos por 234 legisladores, cuando el país sólo eligió a 78, recibiendo cada mes los suplentes una mesada de 2000, vayan a la Asamblea o no? ¿Cómo es posible que todavía cada diputado siga recibiendo 4,000 mensuales (quizás más) para su personal, y la Asamblea no ejerza control alguno sobre si las personas nombradas por los padres de la Patria van o no a trabajar.
A nivel del Ejecutivo todavía faltan otras cosas por hacer. Específicamente me referiré a las denuncias por bienes ocultos que tantos millones podrían generar al erario público, pero que en muchos casos los denunciantes, en lugar de ser apoyados por los gobiernos de turno, son mirados como enemigos de éste. Casos concretos como el de la finca Santa Rita en Colón, donde se encuentra Bahía Las Minas, que duerme el sueño de los justos en Catastro presentado por el difunto Miguel Palma y la que presenté con Víctor Martínez para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exija a todo aquel que tiene y usa un carro exonerado a nombre de un legislador pague los impuestos que debe o se le decomise el vehículo adquirido usando ilícitamente un privilegio ajeno.
Quienes apoyamos al nuevo gobierno, así como aquellos que no lo hicieron, pasada la campaña electoral, lo que queremos es el bienestar del país. Que las cosas se manejen con justicia y equidad. Pero eso sí, las mismas reglas para todos; los de arriba, los del medio y los de abajo. Sólo así podremos progresar como nación y convertirnos en el gran país que debemos ser.
(gcochez@cableonda.net)
En cuanto al Seguro Social, aunque muchos no usemos sus servicios médicos, sí queremos beneficiarnos de la jubilación que nos brinda, sobre todo cuando nos faltan escasos meses para lograrla, después de una larga vida de trabajo. Inclusive, estamos dispuestos de sacrificarnos por un par de años más. Pero, esos que sí reciben los servicios médicos de la Caja, producto de la solidaridad del sistema, el cual debe mantenerse a toda costa, sí exigen, con toda la razón del mundo, que los mismos sean mejorados al máximo.
Queda en el camino la preocupación de quienes han salido más afectados con las reformas fiscales, si además de las promesas de desburocratizar el gobierno y hacerlo más eficiente, más productivo y menos grande, la actual administración gubernamental "pondrá orden en otras casas" del sistema estatal que no fueron tocadas en lo más mínimo en las recién aprobadas reformas. Me refiero específicamente al Órgano Legislativo y a los municipios, sobre todo, a los que más ingresos manejan y que, paralelamente, atienden la recolección de la basura, así como a las juntas comunales, que la más pobre del país recibe un subsidio de B/10,000.00 por año.
A poco de finalizar la primera mitad del primer año de gobierno, me preocupa como ciudadano ver anuncios de la Dirección General de Ingresos en cuanto a que ya se deben pagar los nuevos impuestos sobre los gastos de representación y ya se anuncian las nuevas multas que se aplicarán a los contribuyentes como consecuencia de la Ley 6 de 2005, que en algunos casos aumentan hasta cien veces más de lo que había antes.
Pareciera que ya se olvidaron de los monos gordos de los que tanto se habló durante los primeros días del gobierno para ahora dedicarse a multar a los que, de una manera u otra, se encargan de generar riquezas en el país y, a su manera, siempre han tributado.
A nivel de la Asamblea, si bien en su presupuesto está incluida la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, el nivel más grande del pastel de su presupuesto se lo llevan los ahora llamados diputados. ¿Cómo es posible que entre los 78 legisladores todavía no se hayan eliminado las 546 exoneraciones de automóviles, a razón de tres por cada principal y dos por cada suplente? ¿Cómo es posible que se paguen emolumentos por 234 legisladores, cuando el país sólo eligió a 78, recibiendo cada mes los suplentes una mesada de 2000, vayan a la Asamblea o no? ¿Cómo es posible que todavía cada diputado siga recibiendo 4,000 mensuales (quizás más) para su personal, y la Asamblea no ejerza control alguno sobre si las personas nombradas por los padres de la Patria van o no a trabajar.
A nivel del Ejecutivo todavía faltan otras cosas por hacer. Específicamente me referiré a las denuncias por bienes ocultos que tantos millones podrían generar al erario público, pero que en muchos casos los denunciantes, en lugar de ser apoyados por los gobiernos de turno, son mirados como enemigos de éste. Casos concretos como el de la finca Santa Rita en Colón, donde se encuentra Bahía Las Minas, que duerme el sueño de los justos en Catastro presentado por el difunto Miguel Palma y la que presenté con Víctor Martínez para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exija a todo aquel que tiene y usa un carro exonerado a nombre de un legislador pague los impuestos que debe o se le decomise el vehículo adquirido usando ilícitamente un privilegio ajeno.
Quienes apoyamos al nuevo gobierno, así como aquellos que no lo hicieron, pasada la campaña electoral, lo que queremos es el bienestar del país. Que las cosas se manejen con justicia y equidad. Pero eso sí, las mismas reglas para todos; los de arriba, los del medio y los de abajo. Sólo así podremos progresar como nación y convertirnos en el gran país que debemos ser.
(gcochez@cableonda.net)
