Lo que dicen los candidatos
El candidato presidencial de la alianza Visión de País, José Miguel Alemán, señaló que se opone rotundamente a las privatizaciones de los servicios públicos. Esa es una abanicada por el PRD, contraria a los postulados de la Doctrina Panameñista que he defendido durante toda mi carrera política.Bajo mi gobierno, ni el IDAAN ni la Caja de Seguro Social serán privatizados, como lo indica en detalle el Programa para la Ejecución de las Propuestas presentadas por la Alianza “Visión de País” a la Nación panameña, manifestó Alemán.
Además, indicó que tomará las medidas para asegurar que, conservando su carácter público, ambas instituciones mejoren la calidad del servicio que brindan a la comunidad.
Para Alemán esto se logra con voluntad política y compromiso democrático, que son las características de su candidatura.
Para el candidato presidencial de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, el problema que surgió con las empresas privatizadas es que simplemente pasó de un monopolio estatal a un monopolio privado, y por causa de esto los panameños no tienen opción de cambiar de proveedor cuando se sientan insatisfechos.
De acuerdo con Martinelli, por su parte estas empresas privatizadas pueden darse el lujo de aumentar los precios a cambio de un deficiente servicio y atención al usuario, sin el temor ni el peligro de perder a los clientes.
Desde el inicio del proceso de privatización se debió haber abierto los mercados de telefonía y electricidad a la libre competencia y esto hubiera abaratado el precio del servicio al usuario, desde el momento que pasó del sector público al sector privado.
Sin embargo, se negoció mal las transnacionales, ya que por el PRD, sólo le interesó vender estas instituciones al precio más alto posible, sin preocuparse qué efecto conllevaría al presupuesto de todos los usuarios de energía eléctrica y telefonía.
La mejor forma es vender estas entidades a compañías que garanticen el servicio más bajo al consumidor sin la imposición del monopolio, señaló Martinelli.
Además, Martinelli indicó que va a solucionar que problema que causó el PRD renegociando los contratos con las empresas privatizadas para beneficiar a todos los panameños con tarifas más bajas, sin perjudicar la seguridad jurídica.
Martín Torrijos, candidato presidencial de la alianza Patria Nueva, señaló que la privatización de los servicios públicos es un hecho cumplido. Lo que corresponde es fortalecer aquellos mecanismos creados precisamente para regular las empresas privatizadas y hacer valer dentro de éstas, las acciones que posee el Estado.
En esto, como en tantas otras cosas, abunda la demagogia. Yo le preguntaría a quienes se la pasan lamentando las privatizaciones, si ellos se proponen expropiarlas de vuelta.
Torrijos señaló que su propuesta es diferente: Hay que fortalecer y despolitizar el Ente Regulador para que pueda cumplir con las funciones para las cuales fue creado; el gobierno, como accionista de las empresas, tiene que asumir un papel activo, y no quedarse como hasta ahora con los brazos cruzados, recibiendo los dividendos, pero despreocupados por la suerte de los usuarios.
Quiero ser Presidente para resolver los problemas, no para quejarme de lo que hicieron o no hicieron los demás. El gobierno, sin afectar la seguridad jurídica del país, puede jugar un papel mucho más activo dentro de las empresas privatizadas, para que las tarifas sean razonables y el servicio eficiente, manifestó Torrijos.
El candidato presidencial del Partido Solidaridad, Guillermo Endara a la hora del cierre no había contestado la pregunta.
La privatización trae asociado el problema del monopolio, lo que provoca un control sobre los servicios y los precios que termina afectando a los consumidores porque las empresas no tienen competencia, como ocurre en el caso de la electricidad.
De acuerdo con el empresario Juan Planells, este problema es consecuencia de las deficiencias de las leyes vigentes. “Es lamentable que la legislación que se aprobó para garantizar que no existiera monopolio o que no se perjudicará a los consumidores no es completa y adecuada; de modo que en el caso específico de la electricidad, nos ha dejado un servicio en donde el precio en lugar de bajar como debió haber ocurrido con un manejo eficiente, lo que ha hecho es subir y no se nota un servicio de más calidad”, señaló.
A su criterio debe haber una regulación estricta con respecto a las tarifas y la calidad de servicio que se presta.
En el caso de la telefonía hay una situación muy especial porque en este sector sí se estaádando una mayor competencia y han surgido más empresas que han generado mayor plazas de trabajo; además han podido ofrecer una tecnología que atrae otro tipo de empresas. “Aquí no hubiera podido venir un call station con el manejo que se le daba al sistema de comunicación a través del INTEL porque estaba centralizado, burocratizado y no contaba con los suficientes fondos para hacer las inversiones” indicó.
Desde la vereda de los consumidores, Pedro Acosta (UNCUREPA), cuestionó las privatizaciones realizadas debido a la crisis que sufrió el país, ya que las empresas en cuestión “rendían sus utilidades y cumplían una función social”.
Si bien aceptó que con las privatizaciones Panamá “ha entrado a la etapa del modernismo y tecnología que le permite mantener el país a nivel competitivo”, lamentó que “el consumidor panameño todavía sufre el alto costo de las tarifas y debe luchar para que los costos sean más equitativos y no se deje de lado el costado humano porque estos servicios cumplen una función social verdadera al permitir que cada día más panameños tengan acceso a energía eléctrica barata y telecomunicaciones”.
De acuerdo con Acosta, a las empresas que compraron los servicios públicos se les garantizó todo con un riesgo cero, “ellos no asumen ningún tipo de riesgo en sus operaciones y cualquier situación que amenaza sus intereses se los cargan a los usuarios”, recalcó.
Además, indicó que tomará las medidas para asegurar que, conservando su carácter público, ambas instituciones mejoren la calidad del servicio que brindan a la comunidad.
Para Alemán esto se logra con voluntad política y compromiso democrático, que son las características de su candidatura.
Para el candidato presidencial de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, el problema que surgió con las empresas privatizadas es que simplemente pasó de un monopolio estatal a un monopolio privado, y por causa de esto los panameños no tienen opción de cambiar de proveedor cuando se sientan insatisfechos.
De acuerdo con Martinelli, por su parte estas empresas privatizadas pueden darse el lujo de aumentar los precios a cambio de un deficiente servicio y atención al usuario, sin el temor ni el peligro de perder a los clientes.
Desde el inicio del proceso de privatización se debió haber abierto los mercados de telefonía y electricidad a la libre competencia y esto hubiera abaratado el precio del servicio al usuario, desde el momento que pasó del sector público al sector privado.
Sin embargo, se negoció mal las transnacionales, ya que por el PRD, sólo le interesó vender estas instituciones al precio más alto posible, sin preocuparse qué efecto conllevaría al presupuesto de todos los usuarios de energía eléctrica y telefonía.
La mejor forma es vender estas entidades a compañías que garanticen el servicio más bajo al consumidor sin la imposición del monopolio, señaló Martinelli.
Además, Martinelli indicó que va a solucionar que problema que causó el PRD renegociando los contratos con las empresas privatizadas para beneficiar a todos los panameños con tarifas más bajas, sin perjudicar la seguridad jurídica.
Martín Torrijos, candidato presidencial de la alianza Patria Nueva, señaló que la privatización de los servicios públicos es un hecho cumplido. Lo que corresponde es fortalecer aquellos mecanismos creados precisamente para regular las empresas privatizadas y hacer valer dentro de éstas, las acciones que posee el Estado.
En esto, como en tantas otras cosas, abunda la demagogia. Yo le preguntaría a quienes se la pasan lamentando las privatizaciones, si ellos se proponen expropiarlas de vuelta.
Torrijos señaló que su propuesta es diferente: Hay que fortalecer y despolitizar el Ente Regulador para que pueda cumplir con las funciones para las cuales fue creado; el gobierno, como accionista de las empresas, tiene que asumir un papel activo, y no quedarse como hasta ahora con los brazos cruzados, recibiendo los dividendos, pero despreocupados por la suerte de los usuarios.
Quiero ser Presidente para resolver los problemas, no para quejarme de lo que hicieron o no hicieron los demás. El gobierno, sin afectar la seguridad jurídica del país, puede jugar un papel mucho más activo dentro de las empresas privatizadas, para que las tarifas sean razonables y el servicio eficiente, manifestó Torrijos.
El candidato presidencial del Partido Solidaridad, Guillermo Endara a la hora del cierre no había contestado la pregunta.
La privatización trae asociado el problema del monopolio, lo que provoca un control sobre los servicios y los precios que termina afectando a los consumidores porque las empresas no tienen competencia, como ocurre en el caso de la electricidad.
De acuerdo con el empresario Juan Planells, este problema es consecuencia de las deficiencias de las leyes vigentes. “Es lamentable que la legislación que se aprobó para garantizar que no existiera monopolio o que no se perjudicará a los consumidores no es completa y adecuada; de modo que en el caso específico de la electricidad, nos ha dejado un servicio en donde el precio en lugar de bajar como debió haber ocurrido con un manejo eficiente, lo que ha hecho es subir y no se nota un servicio de más calidad”, señaló.
A su criterio debe haber una regulación estricta con respecto a las tarifas y la calidad de servicio que se presta.
En el caso de la telefonía hay una situación muy especial porque en este sector sí se estaádando una mayor competencia y han surgido más empresas que han generado mayor plazas de trabajo; además han podido ofrecer una tecnología que atrae otro tipo de empresas. “Aquí no hubiera podido venir un call station con el manejo que se le daba al sistema de comunicación a través del INTEL porque estaba centralizado, burocratizado y no contaba con los suficientes fondos para hacer las inversiones” indicó.
Desde la vereda de los consumidores, Pedro Acosta (UNCUREPA), cuestionó las privatizaciones realizadas debido a la crisis que sufrió el país, ya que las empresas en cuestión “rendían sus utilidades y cumplían una función social”.
Si bien aceptó que con las privatizaciones Panamá “ha entrado a la etapa del modernismo y tecnología que le permite mantener el país a nivel competitivo”, lamentó que “el consumidor panameño todavía sufre el alto costo de las tarifas y debe luchar para que los costos sean más equitativos y no se deje de lado el costado humano porque estos servicios cumplen una función social verdadera al permitir que cada día más panameños tengan acceso a energía eléctrica barata y telecomunicaciones”.
De acuerdo con Acosta, a las empresas que compraron los servicios públicos se les garantizó todo con un riesgo cero, “ellos no asumen ningún tipo de riesgo en sus operaciones y cualquier situación que amenaza sus intereses se los cargan a los usuarios”, recalcó.
