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Lo que el Fondo se llevó


Los espectadores estamos presenciando un interesante debate nacional con relación a los destinos de los 1.200 (mil doscientos) o más millones del Fondo Fiduciario y el 49% de las acciones en las empresas que fueron privatizadas.
La propuesta original de asignar gran parte del Fondo Fiduciario al pago de deuda externa y otra gran parte en programas de asistencia social no tuvo el respaldo esperado y de inmediato surgieron otras propuestas que han ido acercándose más y más a un uso responsable y adecuado a los estímulos que necesita la economía nacional para lograr superar estados de subdesarrollos.
La asignación de enormes recursos económicos a programas de asistencia social se observa con gran desconfianza, porque generalmente estos se realizan sin efectivos controles (PARVIS) y como un reparto sin responsabilidades. ¿Dónde están los asentamientos campesinos? ¿A cuánto ascienden las pérdidas, condonaciones de préstamos, subsidios, de las instituciones nacionales y sus logros?. Y estas experiencias propician condiciones que otros sectores quieren imitar con abusos e inversiones. No producen los resultados esperados, porque no tienen continuidad, dependen de funcionarios, o políticas, que cambian en el tiempo y no utilizan un concepto de productividad, de evaluación. No se descarta el hecho de que existan enormes sectores de la población en necesidad de ayuda, pero si esa ayuda no transforma al individuo, no lo educa y no lo hace responsable por alguna clase de retribución, aunque ésta sea de educarse o aprender algún oficio, etc., la intrínseca condición de dependiente no cambiará y continuará siendo sujeto de continua asistencia social. Esta condición, más dependiente del que recibe la ayuda que de aquel que la otorga, es precisamente lo que hace tremendamente difícil la efectividad de programas de asistencia social y encausarlos en la dirección correcta. Este camino hacia el desarrollo impone la asignación de bastos recursos económicos, prolongados, que podrían ser realmente efectivos en otros sectores de la economía produciendo mejores resultados, para los mismos sujetos en necesidad de ayuda. Y lo curioso de esta situación es que ya existen esos programas efectivos, pero ofrecidos por el sector privado. Mi Banco, las granjas sustentables por los Kiwanis, son programas de desarrollo de la pequeña empresa que fomentan la inversión y crean trabajo. Y en este sentido es que se está dirigiendo, a través de los debates, las opiniones y las consultas, el mejor uso de los fondos fiduciarios.
En otras palabras y en esto volvemos a lo básico, que los economistas comprenden mejor, que sólo a través de la inversión en la creación de empresas se encuentra la solución de los problemas del desempleo y por consiguiente, los de la repartición de la riqueza, sociales, etc.
Destinar vastos recursos al pago de la deuda externa, para ahorrar subsiguientemente en pagos y ser sujetos a más créditos es una política de incógnitas. Todo dinero que sale del país deja de generar recursos. El país tiene una enorme deuda interna, ¿por qué no se paga? Es entonces con una evaluación muy consciente que se debe determinar hasta dónde el país debe destinar sus recursos al pago de su deuda externa.
Panamá debe hacer también una evaluación de su enorme deuda interna y atender ésta con la misma importancia que da a su deuda externa. Algunos ejemplos. Panamá debe pagar por las tierras que están dentro de la ex-Zona del Canal y que los Estados Unidos nunca compensó. Su utilización, crearon poder, potencial, riqueza, etc., para otros, pero no para sus propietarios. Panamá debe pagar por un compromiso para la construcción de un puente sobre el Canal. Panamá debe pagar por expropiaciones que hizo la Reforma Agraria que ha vendido, asignado u otorgado y que otros están usufructuando. Panamá debe pagar a exfuncionarios públicos, etc. Esos son recursos que se invertirían en el país y hasta podrían estar sujetos a ciertos compromisos.
El hecho es que en el rejuego de poderes en el legislativo se ha creado la condición de expectativas para un mejor uso de los fondos y más adecuados al desarrollo nacional y a una justicia igual para todos.

101 años de Panamá América

 
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