Lo que el país espera
En días pasados, en interesante conversación con mi amigo Mitchell Doens, experimentado político, coincidíamos en que la clase política en general debía tomar medidas para rescatarse de la falta de credibilidad y de respeto que hoy tienen en la comunidad. Hablamos de varias cosas y de cambios que se hacen imprescindibles para poder lograrlo. Esa conversación me lleva hoy a desarrollar, bajo mi perspectiva, el tema que nos ocupó y al cual he hecho referencias.
Es innegable que la ciudadanía ha perdido la confianza en la dirigencia política. Nuestras instituciones cada día tienen menos respaldo y las tres instituciones que comprenden el Estado panameño: los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, necesitan reivindicarse para poder dirigir al país por los senderos del desarrollo que tanto reclama la ciudadanía, sobre todo los miles de panameños marginados.
El origen de muchos de los males que hoy afectan a las instituciones del país, en especial la percepción que se tiene de una corrupción generalizada en los órganos del Estado, son achacados en gran medida, justa o injustamente, a nuestra Constitución. Es creciente la mayoría que propone cambios radicales para encausar el país por mejores caminos. Se han celebrado varios foros en los cuales el tema de los cambios constitucionales ha sido ampliamente debatido y han surgido ideas muy constructivas que deben tomarse en cuenta. Mi impresión es que las reformas a la Constitución no pueden postergarse. Ellas deben ser profundas, ampliamente consultadas y su aprobación hacerla dentro de la forma que nuestra Carta Magna señala para llevar a cabo dichos cambios. El país no soporta más traumas electorales. Suficientes elecciones ha tenido el país en los últimos 50 años. Cabría, entonces, hacer estos cambios a través de dos legislaturas o de una legislatura y de un plebiscito nacional.
Pareciera que sí existe una corriente de opinión mayoritaria que se inclina porque en los cambios constitucionales se introduzcan muchas cosas que hoy contribuyen a la corrupción, a la falta de transparencia y al gasto excesivo. Entre ellos está la eliminación de uno de los vicepresidentes de la República y de un suplente de los legisladores; la implementación de la segunda vuelta; la eliminación de la revocatoria de mandato y la reducción del número de legisladores. También sería oportuno variar el sistema de escogimiento de magistrados y de otros miembros del Organo Judicial para alejarlo lo más posible del amiguismo y la politiquería.
Hay otras aspiraciones que bien pudieran ser de carácter administrativo-legal, como lo es una ejecución seria y efectiva de la Carrera Administrativa, al igual que la ley general de salarios. Una revisión integral de nuestro sistema tributario, incluyendo los emolumentos a los cónsules, la eliminación de los subterfugios de los gastos de representación en adición a los salarios para no pagar las cuotas del Seguro Social, etc. Existen otras muchas medidas en las cuales la ciudadanía ha exteriorizado la urgencia que se introduzcan cambios.
Las reformas constitucionales no deben ser nunca consideradas con un criterio sectario de partido o de determinados grupos de la sociedad. La Constitución es la espina dorsal de un país y la gran mayoría de sus ciudadanos debe participar en la elaboración y coincidir en lo posible en su aplicación.
Siempre he pensado que es el Gobierno el que tiene la obligación de recoger el sentir nacional, en este caso los cambios constitucionales, y proceder a nombrar personas calificadas que puedan presentarle al país las reformas que tanto anhela. Sin embargo, el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso ve con cierto temor y reservas los cambios constitucionales. No lo critico por ello. Las experiencias pasadas con los presidentes Endara y Pérez Balladares convirtieron este ejercicio plebiscitario en una aceptación o negación del régimen. Teniendo en cuenta lo anterior y ante una situación hoy día distinta, existe la alternativa de lograr la aprobación de los cambios constitucionales mediante dos legislaturas diferentes, obviándose así una elección plebiscitaria que pudiera resultar traumática. Bajo ningún pretexto los cambios constitucionales deben tomarse como elementos para promover la desestabilización de la institucionalidad del país.
Tengo entendido que en la Asamblea Legislativa existe la percepción entre algunos funcionarios que se le presenta a la Cámara la mejor oportunidad de "lavarse la cara", en especial, por los acontecimientos en que se han visto involucrados muchos de sus miembros en este último año y en el bochornoso caso del CEMIS, y tomar ella la iniciativa, junto con el Gobierno Nacional, y dar los pasos iniciales para crear una comisión que recomiende los cambios constitucionales necesarios para actualizar nuestra Carta Magna al momento político actual.
No objeto lo anterior, siempre y cuando la Asamblea tenga la altura y el desprendimiento para nombrar en esa comisión no sólo a legisladores, sino a personas conocedoras de la materia que representen a los distintos sectores de la sociedad, ya que algunos de los cambios constitucionales afectarían los intereses de los propios legisladores. El momento es oportuno y debe ser aprovechado por quienes tiene la responsabilidad de recoger las inquietudes de todo un pueblo.
Para el doctor Rangel, es preocupante que muchos de los campesinos afectados por mordeduras de serpientes no acudan a tiempo al puesto de salud más cercano para ser trasladados a los hospitales, ya que muchos confían en curanderos y cuando ya no ven remedio se dirigen a recibir atención médica, pero "es demasiado tarde y el caso se complica".
Pero los campesinos tienen sus razones para acudir a buscar esos remedios. Sostienen que a diario enfrentan los peligros y saben que no hay transporte, ni lugar cercano que los auxilie.
Cabe destacar que las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud (MINSA) no reflejan la realidad que se vive. Según se nos explicó, hay regiones de salud que no llegan a reportar la totalidad de sus casos anuales a tiempo, dando solo cifras preliminares.
Según el doctor veragüense Didier Torres, quien adelanta estudios sobre las mordeduras, ésta es la región donde ocurren los casos más severos. Torres, quien también es el director de la CSS en Veraguas, reveló que las estadísticas que se han recogido en torno a este fenómeno indican que existe un promedio de 500 casos por año, lo que es una cifra realmente alarmante.
Igualmente destacó que las zonas de Veraguas donde se presenta con mayor regularidad este tipo de accidentes es el distrito de Soná y ciertas áreas del distrito de Santiago.
En este sentido, explicó que existe una iniciativa que busca crear un equipo multidisciplinario en conjunto con la Facultad de Biología del Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV), un toxicólogo de la CSS y su persona a fin de realizar estudios más profundos.
El sueño a largo plazo es establecer en Panamá un lugar en el que se puedan fabricar los sueros necesarios para combatir estos problemas, basados en la fauna existente en la región.
Destacó que la población debe dejar de creer que los curanderos pueden atender estos problemas, lo cual es totalmente falso. De igual forma, desestimó la necesidad de que se almacenen sueros en los centros de salud, dado que la atención efectiva está en los centros hospitalarios, pues el suero no surte mayor efecto si se aplica por vía intramuscular, ya que tiene que ser aplicado por vía intravenosa y con una dosis específica, la cual es tema de estudio.
En este sentido, añadió que esto se hace en un centro hospitalario, porque además de que es el sitio donde están los profesionales requeridos para este tipo de problemas, también es necesario que se haga un seguimiento estricto de la evolución del paciente para recuperarlo de la mejor manera.
La investigación de Torres y otros funcionarios interesados en el tema lleva ya varios años y según mencionó, son muchos los cambios favorables que se han podido aportar al manejo que se dan a los casos.
*Isabel Castro, Marcelino Rosa-rio, Juan Madrid y Elena Valdez.
Fotos tomadas en el Serpentario de Gamboa
Es innegable que la ciudadanía ha perdido la confianza en la dirigencia política. Nuestras instituciones cada día tienen menos respaldo y las tres instituciones que comprenden el Estado panameño: los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, necesitan reivindicarse para poder dirigir al país por los senderos del desarrollo que tanto reclama la ciudadanía, sobre todo los miles de panameños marginados.
El origen de muchos de los males que hoy afectan a las instituciones del país, en especial la percepción que se tiene de una corrupción generalizada en los órganos del Estado, son achacados en gran medida, justa o injustamente, a nuestra Constitución. Es creciente la mayoría que propone cambios radicales para encausar el país por mejores caminos. Se han celebrado varios foros en los cuales el tema de los cambios constitucionales ha sido ampliamente debatido y han surgido ideas muy constructivas que deben tomarse en cuenta. Mi impresión es que las reformas a la Constitución no pueden postergarse. Ellas deben ser profundas, ampliamente consultadas y su aprobación hacerla dentro de la forma que nuestra Carta Magna señala para llevar a cabo dichos cambios. El país no soporta más traumas electorales. Suficientes elecciones ha tenido el país en los últimos 50 años. Cabría, entonces, hacer estos cambios a través de dos legislaturas o de una legislatura y de un plebiscito nacional.
Pareciera que sí existe una corriente de opinión mayoritaria que se inclina porque en los cambios constitucionales se introduzcan muchas cosas que hoy contribuyen a la corrupción, a la falta de transparencia y al gasto excesivo. Entre ellos está la eliminación de uno de los vicepresidentes de la República y de un suplente de los legisladores; la implementación de la segunda vuelta; la eliminación de la revocatoria de mandato y la reducción del número de legisladores. También sería oportuno variar el sistema de escogimiento de magistrados y de otros miembros del Organo Judicial para alejarlo lo más posible del amiguismo y la politiquería.
Hay otras aspiraciones que bien pudieran ser de carácter administrativo-legal, como lo es una ejecución seria y efectiva de la Carrera Administrativa, al igual que la ley general de salarios. Una revisión integral de nuestro sistema tributario, incluyendo los emolumentos a los cónsules, la eliminación de los subterfugios de los gastos de representación en adición a los salarios para no pagar las cuotas del Seguro Social, etc. Existen otras muchas medidas en las cuales la ciudadanía ha exteriorizado la urgencia que se introduzcan cambios.
Las reformas constitucionales no deben ser nunca consideradas con un criterio sectario de partido o de determinados grupos de la sociedad. La Constitución es la espina dorsal de un país y la gran mayoría de sus ciudadanos debe participar en la elaboración y coincidir en lo posible en su aplicación.
Siempre he pensado que es el Gobierno el que tiene la obligación de recoger el sentir nacional, en este caso los cambios constitucionales, y proceder a nombrar personas calificadas que puedan presentarle al país las reformas que tanto anhela. Sin embargo, el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso ve con cierto temor y reservas los cambios constitucionales. No lo critico por ello. Las experiencias pasadas con los presidentes Endara y Pérez Balladares convirtieron este ejercicio plebiscitario en una aceptación o negación del régimen. Teniendo en cuenta lo anterior y ante una situación hoy día distinta, existe la alternativa de lograr la aprobación de los cambios constitucionales mediante dos legislaturas diferentes, obviándose así una elección plebiscitaria que pudiera resultar traumática. Bajo ningún pretexto los cambios constitucionales deben tomarse como elementos para promover la desestabilización de la institucionalidad del país.
Tengo entendido que en la Asamblea Legislativa existe la percepción entre algunos funcionarios que se le presenta a la Cámara la mejor oportunidad de "lavarse la cara", en especial, por los acontecimientos en que se han visto involucrados muchos de sus miembros en este último año y en el bochornoso caso del CEMIS, y tomar ella la iniciativa, junto con el Gobierno Nacional, y dar los pasos iniciales para crear una comisión que recomiende los cambios constitucionales necesarios para actualizar nuestra Carta Magna al momento político actual.
No objeto lo anterior, siempre y cuando la Asamblea tenga la altura y el desprendimiento para nombrar en esa comisión no sólo a legisladores, sino a personas conocedoras de la materia que representen a los distintos sectores de la sociedad, ya que algunos de los cambios constitucionales afectarían los intereses de los propios legisladores. El momento es oportuno y debe ser aprovechado por quienes tiene la responsabilidad de recoger las inquietudes de todo un pueblo.
Para el doctor Rangel, es preocupante que muchos de los campesinos afectados por mordeduras de serpientes no acudan a tiempo al puesto de salud más cercano para ser trasladados a los hospitales, ya que muchos confían en curanderos y cuando ya no ven remedio se dirigen a recibir atención médica, pero "es demasiado tarde y el caso se complica".
Pero los campesinos tienen sus razones para acudir a buscar esos remedios. Sostienen que a diario enfrentan los peligros y saben que no hay transporte, ni lugar cercano que los auxilie.
Cabe destacar que las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud (MINSA) no reflejan la realidad que se vive. Según se nos explicó, hay regiones de salud que no llegan a reportar la totalidad de sus casos anuales a tiempo, dando solo cifras preliminares.
Según el doctor veragüense Didier Torres, quien adelanta estudios sobre las mordeduras, ésta es la región donde ocurren los casos más severos. Torres, quien también es el director de la CSS en Veraguas, reveló que las estadísticas que se han recogido en torno a este fenómeno indican que existe un promedio de 500 casos por año, lo que es una cifra realmente alarmante.
Igualmente destacó que las zonas de Veraguas donde se presenta con mayor regularidad este tipo de accidentes es el distrito de Soná y ciertas áreas del distrito de Santiago.
En este sentido, explicó que existe una iniciativa que busca crear un equipo multidisciplinario en conjunto con la Facultad de Biología del Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV), un toxicólogo de la CSS y su persona a fin de realizar estudios más profundos.
El sueño a largo plazo es establecer en Panamá un lugar en el que se puedan fabricar los sueros necesarios para combatir estos problemas, basados en la fauna existente en la región.
Destacó que la población debe dejar de creer que los curanderos pueden atender estos problemas, lo cual es totalmente falso. De igual forma, desestimó la necesidad de que se almacenen sueros en los centros de salud, dado que la atención efectiva está en los centros hospitalarios, pues el suero no surte mayor efecto si se aplica por vía intramuscular, ya que tiene que ser aplicado por vía intravenosa y con una dosis específica, la cual es tema de estudio.
En este sentido, añadió que esto se hace en un centro hospitalario, porque además de que es el sitio donde están los profesionales requeridos para este tipo de problemas, también es necesario que se haga un seguimiento estricto de la evolución del paciente para recuperarlo de la mejor manera.
La investigación de Torres y otros funcionarios interesados en el tema lleva ya varios años y según mencionó, son muchos los cambios favorables que se han podido aportar al manejo que se dan a los casos.
*Isabel Castro, Marcelino Rosa-rio, Juan Madrid y Elena Valdez.
Fotos tomadas en el Serpentario de Gamboa
