Lo que no se perdona
Una de las particularidades de la naturaleza humana es la capacidad de elegir entre dos o más opciones la conducta que definirá lo que somos. El bien y el mal son propios de ese acto libre de elegir lo que se quiere sea, y que nos obliga a reflexiones sobre los motivos para comprender las acciones que asumen algunas personas. Esto nos lleva a perdonar, olvidar o, simplemente, dejar de lado las consecuencias de sus actos. Pero hay actos, privados y públicos, que por la maldad incubada, por el daño infligido y por la incapacidad de respuesta de las víctimas no pueden perdonarse; son los actos que pasan a la historia como ejemplos patográficos de la ausencia del juicio moral.
Algunos actos en la vida pública pueden, en su momento, motivar la iracundia colectiva, promover las más ardientes protestas y emborronar toneladas de papel periódico o de legajos judiciales, pero por ser lesiones contra el Estado pasan a un segundo plano por el carácter abstracto que éste reviste para el hombre común. Ese aparato lejano e ininteligible ocupa un segundo lugar con relación a las necesidades cotidianas y en apariencia, aquello que lo afecta parece no tener carácter prioritario para nuestras diarias penurias.
Nuestra historia reciente está llena de casos que encajan en el modelo anterior. El manejo del proyecto del Puente Van Dam; los incobrables fondos de COFINA; los oscuros manejos de millones de dólares de ingresos consulares, la extraña venta de los equipos de ENDEMA; el desvalijo del Banco Nacional; los manejos de los fondos de las Fuerzas de Defensa; las inexplicables transacciones de la Caja de Ahorros, durante el gobierno militar, y los recientes casos de la doble negociación de terceros en la privatización de los puertos y las generosas concesiones de bienes inmuebles en las áreas revertidas, son temas que si bien hacen hervir la sangre de los contribuyentes, pasan a segundo plano superado por un nuevo escándalo. Finalmente nuestro estado de ánimo se relaja y terminamos con una sonrisa en los labios comparando a los autores de estas trapacerías con el bribón aquel que vendió el "ferry" y lo "vivo" que somos los panameños.
No obstante, hay acciones que laceran tan profundamente el sentimiento de los pueblos que no pueden ser olvidadas y mucho menos caricaturizadas. Son aquellas en que el afán de lucro supera los límites a que obliga la condición humana y producen tal daño en el prójimo que el sufrimiento inferido no puede ser sanado. Son actos en que la miseria moral termina por honrar la miseria material, haciendo a sus víctimas los héroes de un desconocido drama. No importa cuáles son los motivos que los incuban: ya sea el afán de lucro, la disciplina administrativa o el mal por el mal mismo; todos se cobijan con la misma manta de oscura iniquidad que hace imposible el perdón y los acredita para aparecer en la "Historia universal de la infamia" que sin duda, Jorge Luis Borges dejó incompleta.
Tal fue el caso del escandaloso manejo de los fondos de vivienda de la Caja de Seguro Social, que no sólo le quitó la oportunidad de viviendas a cientos de panameños, si no que obligó a restricciones severas en los servicios de salud, el aumento de la edad de jubilación y a la eliminación de las jubilaciones especiales. Daño irreparable a miles de panameños que con su trabajo honesto y la credibilidad en la gestión pública dieron el sudor de sus vidas para recibir sólo migajas. Pero también dentro de éstos podemos consignar las medidas del Sr. Rubén Carles de restricción del gasto de medicamentos del Hospital del Niño, con el propósito de elevar el ahorro del Estado y cumplir con los compromisos internacionales.
El más reciente y no menos imperdonable caso es el del proyecto PARVIS, encaminado a proporcionar vivienda y mejores condiciones de vida a miles de familias marginadas que rodean la periferia de la ciudad y para los cuales unos cientos de bloques y unas hojas de zinc, son el tránsito del desamparo a la seguridad del albergue. Sólo pensar en la posibilidad de especular y manipular esos recursos para fines políticos o personales, de hacer concesiones y ofrecer beneficios a costa de esos panameños causa una visceral repulsa. Porque no se trata de una acción de uno o dos individuos para obtener una ganancia rápida con una porción de los materiales, es una conspiración organizada, articulada y desarrollada desde altas esferas gubernamentales que involucra e impregna a funcionarios e instituciones.
Al igual que otras conspiraciones que se nutren de la miseria humana, el "escándalo PARVIS", fue promocionado como una acción emprendida con el más elevado espíritu de solidaridad humana y la más reconocida campaña de bienestar social, ocultando los intereses y ambiciones de sus ejecutores. A raíz de las recientes declaraciones sobre el caso los panameños nos preguntamos: ¿a cuánto ascienden realmente los fondos destinados al proyecto? ¿quiénes son los responsables del manejo de las finanzas? ¿cuántos panameños verdaderamente necesitados fueron beneficiados con el proyecto? ¿cómo crearon y quiénes son los responsables de la ONG que administró el proyecto?, ¿cuáles eran los criterios y procedimientos para la asignación de los recursos? y ¿quién o quiénes son los personajes ocultos detrás del bochornoso drama?
Como no tenemos respuesta a este cúmulo de preguntas, sólo esperamos que el Dr. Ernesto Pérez Balladares, preocupado por la transparencia de su gestión administrativa y consecuente con su compromiso de hacer un alto en la corrupción gubernamental, inicie de inmediato una investigación de esta conspiración contra el bienestar del pueblo, encause a los responsables sin importar lo encumbrado que se encuentren en el aparato gubernamental o la estructura del partido, para que la responsabilidad moral que conllevan sus actos sea correspondida con la responsabilidad penal que amerita el delito. Sólo así aquellos panameños burlados en sus aspiraciones de una vivienda y una vida digna podrán sentirse menos ofendidos, aunque sigan viviendo en sus casas de tablas y cartón en espera de mejores días.
Algunos actos en la vida pública pueden, en su momento, motivar la iracundia colectiva, promover las más ardientes protestas y emborronar toneladas de papel periódico o de legajos judiciales, pero por ser lesiones contra el Estado pasan a un segundo plano por el carácter abstracto que éste reviste para el hombre común. Ese aparato lejano e ininteligible ocupa un segundo lugar con relación a las necesidades cotidianas y en apariencia, aquello que lo afecta parece no tener carácter prioritario para nuestras diarias penurias.
Nuestra historia reciente está llena de casos que encajan en el modelo anterior. El manejo del proyecto del Puente Van Dam; los incobrables fondos de COFINA; los oscuros manejos de millones de dólares de ingresos consulares, la extraña venta de los equipos de ENDEMA; el desvalijo del Banco Nacional; los manejos de los fondos de las Fuerzas de Defensa; las inexplicables transacciones de la Caja de Ahorros, durante el gobierno militar, y los recientes casos de la doble negociación de terceros en la privatización de los puertos y las generosas concesiones de bienes inmuebles en las áreas revertidas, son temas que si bien hacen hervir la sangre de los contribuyentes, pasan a segundo plano superado por un nuevo escándalo. Finalmente nuestro estado de ánimo se relaja y terminamos con una sonrisa en los labios comparando a los autores de estas trapacerías con el bribón aquel que vendió el "ferry" y lo "vivo" que somos los panameños.
No obstante, hay acciones que laceran tan profundamente el sentimiento de los pueblos que no pueden ser olvidadas y mucho menos caricaturizadas. Son aquellas en que el afán de lucro supera los límites a que obliga la condición humana y producen tal daño en el prójimo que el sufrimiento inferido no puede ser sanado. Son actos en que la miseria moral termina por honrar la miseria material, haciendo a sus víctimas los héroes de un desconocido drama. No importa cuáles son los motivos que los incuban: ya sea el afán de lucro, la disciplina administrativa o el mal por el mal mismo; todos se cobijan con la misma manta de oscura iniquidad que hace imposible el perdón y los acredita para aparecer en la "Historia universal de la infamia" que sin duda, Jorge Luis Borges dejó incompleta.
Tal fue el caso del escandaloso manejo de los fondos de vivienda de la Caja de Seguro Social, que no sólo le quitó la oportunidad de viviendas a cientos de panameños, si no que obligó a restricciones severas en los servicios de salud, el aumento de la edad de jubilación y a la eliminación de las jubilaciones especiales. Daño irreparable a miles de panameños que con su trabajo honesto y la credibilidad en la gestión pública dieron el sudor de sus vidas para recibir sólo migajas. Pero también dentro de éstos podemos consignar las medidas del Sr. Rubén Carles de restricción del gasto de medicamentos del Hospital del Niño, con el propósito de elevar el ahorro del Estado y cumplir con los compromisos internacionales.
El más reciente y no menos imperdonable caso es el del proyecto PARVIS, encaminado a proporcionar vivienda y mejores condiciones de vida a miles de familias marginadas que rodean la periferia de la ciudad y para los cuales unos cientos de bloques y unas hojas de zinc, son el tránsito del desamparo a la seguridad del albergue. Sólo pensar en la posibilidad de especular y manipular esos recursos para fines políticos o personales, de hacer concesiones y ofrecer beneficios a costa de esos panameños causa una visceral repulsa. Porque no se trata de una acción de uno o dos individuos para obtener una ganancia rápida con una porción de los materiales, es una conspiración organizada, articulada y desarrollada desde altas esferas gubernamentales que involucra e impregna a funcionarios e instituciones.
Al igual que otras conspiraciones que se nutren de la miseria humana, el "escándalo PARVIS", fue promocionado como una acción emprendida con el más elevado espíritu de solidaridad humana y la más reconocida campaña de bienestar social, ocultando los intereses y ambiciones de sus ejecutores. A raíz de las recientes declaraciones sobre el caso los panameños nos preguntamos: ¿a cuánto ascienden realmente los fondos destinados al proyecto? ¿quiénes son los responsables del manejo de las finanzas? ¿cuántos panameños verdaderamente necesitados fueron beneficiados con el proyecto? ¿cómo crearon y quiénes son los responsables de la ONG que administró el proyecto?, ¿cuáles eran los criterios y procedimientos para la asignación de los recursos? y ¿quién o quiénes son los personajes ocultos detrás del bochornoso drama?
Como no tenemos respuesta a este cúmulo de preguntas, sólo esperamos que el Dr. Ernesto Pérez Balladares, preocupado por la transparencia de su gestión administrativa y consecuente con su compromiso de hacer un alto en la corrupción gubernamental, inicie de inmediato una investigación de esta conspiración contra el bienestar del pueblo, encause a los responsables sin importar lo encumbrado que se encuentren en el aparato gubernamental o la estructura del partido, para que la responsabilidad moral que conllevan sus actos sea correspondida con la responsabilidad penal que amerita el delito. Sólo así aquellos panameños burlados en sus aspiraciones de una vivienda y una vida digna podrán sentirse menos ofendidos, aunque sigan viviendo en sus casas de tablas y cartón en espera de mejores días.
