Lo que nos queda por hacer
Al igual que nuestra estructura económica fundamental -y no por pura coincidencia-, el sistema político tampoco es perfectamente competitivo, sino oligopólico. Se forman alrededor del poder, dos o tres grupos permanentes que aspiran a gobernar con las mismas técnicas, ideologías y programas, sólo que con nombres diferentes, y a veces, como en esta ocasión, con una propuesta liberal renovada y renovadora.
No obstante, el suscrito no es pesimista frente a esta realidad política, sino más bien, optimista. Este nuevo oligopolio político de cuño panameño, bautizado sobre las cenizas de la invasión norteamericana de 1989, e inaugurado en 1990 con el gobierno del ex presidente Endara, tiene muy poco que ver con el poder de las camarillas económicas que controlaron el Estado -salvo honrosas excepciones-, entre 1903 y 1968; y tampoco tiene mucho que ver con la dictadura militar que se instauró en el poder entre el 11 de octubre de 1968 y el 20 de diciembre de 1989.
Del primero, recobra el poder de las élites dominantes, las cuales; sin embargo, no son más dominantes que las estructuras partidarias, que el mandato en las primarias, ni que el mandato directo del pueblo el día de las elecciones. Y del segundo, recobra el poder de la fuerza pública, tan sólo para que ésta esté supeditada al poder civil y a la institucionalidad democrática.
Si alguna recomendación podríamos hacer para que el sistema siga evolucionando hacia mejores estadios, es que no se puede seguir concibiendo a la democracia como la alternancia sin que paremos mientes en exigir mérito a los candidatos y candidatas. En otras palabras, propongo que la tentación autoritaria -a pesar de la experiencia hondureña-, está lo suficientemente alejada de nosotros como para no espantarnos si repite un gobierno del mismo signo, porque el pueblo decidió que tenía el mérito para hacerlo.
¿Qué podemos esperar, en términos reales, institucionales y de realizaciones concretas, del quinquenio Martinelli?
Primero que todo, un gobierno de transición. Un gobierno de transición, porque a esa coalición de partidos políticos que asumirá el poder el 1 de julio, se le transfiere la responsabilidad suprema de la administración de la terminación de la ampliación del Canal de Panamá, lo que supone la principal obra de infraestructura panameña del siglo XXI.
Es, también, un gobierno de expectativas. Una de sus primeras pruebas será cómo lidia con la crisis financiera y económica que asota al mundo y por lo tanto, a nuestro país. Luego, tendrá que atajar la crisis de los problemas comunes a los panameños de a pie, como seguridad, transporte, educación, salud y administración de justicia.
Desde la perspectiva institucional, hay que eliminar todo vestigio de privilegio, evitar la impunidad constitucional de los órganos políticos del Estado, fortalecer el control del Órgano Legislativo sobre el Órgano Ejecutivo, y democratizar la forma cómo se eligen y se compone el órgano encargado de hacer las leyes de la República, al tiempo que se limita el número de sus integrantes.
Tenemos que empezar una revisión seria de todas las concesiones que tengan algún problema con el Estado, sobre condiciones de verdadera igualdad, en términos que la negociación les dé a los inversionistas oportunidades reales de poner sus concesiones en orden.
Finalmente, en materia de política económica, el subsidio de algunos sectores y regiones del país, es importante, pero no puede verse ni como definitivo, ni como lo que realmente debe ser: el primer paso para permitir la posterior inversión en infraestructura por parte del Estado. De la mano de esta inversión en infraestructura en los sectores menos favorecidos del país, debe venir la empresa privada a encargarse de la inversión definitiva en actividades económicas que den trabajo y remuneración permanente.
