Lo que Quiroga trajo bajo el brazo
Hace poco estuvo por Panamá el ex Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, con un interesante documento bajo el brazo: El Plan Nacional de Integridad, o Estrategia boliviana de desarrollo institucional y lucha contra la corrupción. El joven ex mandatario sorprendió agradablemente, no sólo por su facilidad de comunicación, sino por la buena nueva de que era posible hacer algo contra este flagelo, que según Gustavo Coronel, de Transparencia Internacional, capítulo venezolano, "la corrupción y la incompetencia en América Latina durante los últimos 25 años le han costado a la región unos 600,000 millones de dólares", o sea unos 24 mil millones de dólares por año. Los cañonazos de la corrupción son impresionantes, pues "de cada 100 mil dólares, la comisión comprometerá a un alto funcionario pero no de rango máximo. De cada millón de dólares, interesará a los directores generales. De cada 10 millones de dólares, interesará a un ministro y a sus principales colaboradores. De cada 100 millones de dólares, puede despertar la seria atención de un Jefe de Estado"
El ex congresista ecuatoriano Napoleón Saltos, por su parte, no sólo escribe sino que es un adalid en la lucha contra la corrupción en su país y en el continente. Como Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de su país en 1997, Napoleón Saltos condujo las investigaciones oficiales y las audiencias referentes a los escándalos de la administración Bucaram.
Saltos define la corrupción como un sistema no sólo de violación de normas (ilegalidad) sino fundamentalmente como un problema de violación de valores (ilegitimidad). Ensaya una definición: La corrupción es un sistema de comportamiento de una red en la que participa un agente (individual o social) con intereses particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad, a fin de lograr que un grupo investido de capacidad de decisión de funcionarios públicos o de personas particulares, realicen actos ilegítimos que violan los valores éticos de honradez, probidad y justicia y que pueden también ser actos ilícitos que violan normas legales, para obtener beneficios económicos o de posición política o social, en perjuicio del bien común.
Entonces no se trata de un acto aislado, sino de un sistema de comportamiento, de una cadena comunicacional en negativo. El agente desencadenante es el grupo o persona que tiene poder económico y político.
La actuación de los que tienen decisión no se da en forma aislada, sino que hay la tendencia a arrastrar a un grupo de funcionarios o de personas particulares; se forman redes de corrupción. La condición para actuar es contar con garantías de impunidad: no hay corrupción sin impunidad, afirma Napoleón.
El Plan de Integridad de Bolivia se basa en tres componentes: reforma judicial, modernización del Estado y lucha contra la corrupción. En este último aspecto se plantea como eje fundamental la conciencia pública de la corrupción, a través de la participación generalizada de la sociedad, por lo que el plan debe poseer el más alto nivel de credibilidad. Al mismo tiempo, es clave ubicar una visión integral en esta lucha, gradualidad en su aplicación y una ejecución descentralizada.
El Plan propone, pues, crear las bases de un sistema de integridad que tenga la capacidad de crear una red tupida, espesa que estructure antídotos y prevenga la difusión de la corrupción y que incluye el cese de la impunidad y el castigo necesario.
El ex Presidente Quiroga nos desafió no a maldecir la oscuridad que parece ser la práctica nacional, sino a encender una luz de oportunidades para desafiar los terribles signos de estos tiempos difíciles. No se trata de copiar ni imitar, pero sí mirar y aprender de los buenos ejemplos.
Quiroga afirmó que si bien no han erradicado la corrupción y el patrimonialismo en su país, ahora es más difícil hacer lo que se hacía antes, repartir el país desde la mesa del poder en un cuarto cerrado y aislado, pues al existir más institutucionalidad, descentralización, reglas claras de juego, monitoreos y auditoría ciudadana es más difícil la repartición en un cuarto también ahora más lleno de espejos.
Plantea que no sólo es daño físico, sino abuso total y violación de los derechos de ese niño a su salud, a su desarrollo, a su paz, a su tranquilidad, a su ambiente familiar adecuado, a su espacio en esta sociedad.
Troitiño sustenta que a este problema no se le da el tratamiento adecuado y se quiere ver los derechos de la infancia como una acción de beneficencia, de caridad, "pero el derecho no es asunto de caridad, es asunto de democracia y los niños no son considerados por la democracia".
El Estado, afirma, debe considerar y diferenciar si esos padres no están cubriendo las necesidades básicas de sus hijos por maltrato, negligencia o porque no pueden. Explica que no se le puede quitar a una madre o padre sus hijos porque son pobres o acusar de negligencia o de abandono a una madre que está sola y vive con sus hijos en la miseria absoluta y el papá no existe. Esa gente quiere maltratar a sus hijos o no puede atenderlos, pregunta.
La magistrada presenta otra cara del maltrato: la pobreza que está afectando la vida de las familias. ¿Debemos quitarle a ese niño el derecho de tener a su madre?, pregunta.
Y precisamente esa respuesta que da el Estado la ha marcado como autoridad. Cuenta historias de adolescentes que han tenido dos y tres sus hijos y estos niños son entregados a hogares en mejores condiciones.
Un caso en especial lo tiene en su mente. Una joven que a los 18 años quiso recuperar a sus hijos cinco años después de habérseles entregado en adopción a una familia. Su historia, es la de una chica que fue violada a los 9 años por su papá, a los 13 ya tenía un hijo, a los 15 otro y a los 17 el tercero, en total miseria. Era una adolescente que requería de la protección de sus derechos y de verdaderas oportunidades para atender a sus hijos y desarrollarse ella como persona.
"Lo que aquí se necesita es un seguimiento para ayudar a la familia y no sacar al niño de su entorno, o que se encarguen otros familiares".
Piensa que el tema de la niñez no es realmente prioritario.. no hay un movimiento social que reclame los derechos de la infancia.
Troitiño destaca amargamente que en nombre del amor se han cometido las peores atrocidades contra la niñez y en nombre del amor tenemos la muerte de niños.
Según estadísticas del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, el 90 por ciento de los abusos sexuales de los menores se dan dentro del seno familiar.
La directora de la Dirección Nacional de la Niñez, Dra.Maribel de Lobo, informa que atienden entre 5 y 10 casos diarios de denuncias de maltrato infantil de cualquier forma, ya sea por abandono, maltrato físico, emocional, psicológico o el abuso sexual.
El maltrato que más se denuncia es el físico, un 60 por ciento, mientras que el mayor es el psicológico o emocional, pero no se revela, aseguró Lobo. Sólo en el Hospital del Niño se han atendido en el primer semestre de este año 131 casos, mientras que el año pasado en los 12 meses se registraron 173, cifras que revelan la gravedad de esta situación.
Precisamente esta dirección tiene entre sus funciones la protección de estos menores en riesgo social o en situaciones especialmente difíciles, como las enunciadas. Frente a estas agresiones lo primero que hace la dirección es brindarles protección.
Explica la Dra. Lobo que el ministerio tiene opciones como los hogares sustitutos y las instituciones de protección a la niñez. Los hogares sustitutos son madres que se ofrecen para cuidar a estos niños con perfil de maltrato, abandono y el ministerio les da un subsidio. Para contar con la aprobación, esta madre debe pasar una evaluación socioeconómica y psicológica.
"Hasta personas pobres están cuidando niños y le damos un subsidio. Tenemos casos de personas que han llenado las expectativas", aseveró Lobo.
Aclara que no todos los hogares sustitutos son subsidiados. "Puede ser un tío, un abuelo, una tía, un primo. Tratamos de buscar un hogar sustituto que tenga la solvencia y un familiar es lo ideal, es lo primero que siempre se investiga".
Si no hay un hogar sustituto se busca en el banco de datos una madre sustituta, y en última instancia, se recurre a las instituciones de protección a la niñez, consideradas alternativas de protección temporal porque el ambiente es bonito, pero no el ideal porque se le ve al niño como un todo y no individualmente, dijo Lobo.
Pero la dirección no sólo da tratamiento, también tienen programas de prevención como "Quiero ser", que es para niños que no están en riesgo social pero viven en situaciones de extrema pobreza, tienen mala conducta y les va mal en la escuela.
"No sólo estamos dando tratamiento, estamos previniendo el maltrato", reafirmó la Dra. Lobo.
La Dra. Nilda Santamaría, encargada del departamento de Salud Mental del Hospital del Niño, manifiesta que los casos que más se presentan son los de abuso físico, con menor frecuencia el sexual y en menor grado el psicológico.
Considera que el abuso psicológico es muy difícil de diagnosticar, pero advierte que está presente en todas las otras formas de abuso. "Cuando a una persona la abusan físicamente también le crean un abuso psicológico. Cuando la abusan sexualmente también, porque le están afectando su autoestima, seguridad; si alguien te golpea te está irrespetando, minimizando, despierta sentimientos de impotencia, de infelicidad, y eso es abuso psicológico toda la distancia".
En los abusos sexuales se da con mayor razón, porque obligan al menor a una actividad para la que no ha está preparado, que no desea y se abusa de su confianza porque él puede creer que es algo normal, ya que se trata de una persona de su familia, asegura.
Cuando un niño está hospitalizado y el diagnóstico es una sospecha de maltrato, el departamento de Trabajo Social envía un formulario al Ministerio de la Juventud, donde según Santamaría, deciden con quién se va el paciente tan pronto se le da de alta. "Nosotros no tenemos ninguna potestad para tomar ese tipo de decisiones".
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".
La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
El ex congresista ecuatoriano Napoleón Saltos, por su parte, no sólo escribe sino que es un adalid en la lucha contra la corrupción en su país y en el continente. Como Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de su país en 1997, Napoleón Saltos condujo las investigaciones oficiales y las audiencias referentes a los escándalos de la administración Bucaram.
Saltos define la corrupción como un sistema no sólo de violación de normas (ilegalidad) sino fundamentalmente como un problema de violación de valores (ilegitimidad). Ensaya una definición: La corrupción es un sistema de comportamiento de una red en la que participa un agente (individual o social) con intereses particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad, a fin de lograr que un grupo investido de capacidad de decisión de funcionarios públicos o de personas particulares, realicen actos ilegítimos que violan los valores éticos de honradez, probidad y justicia y que pueden también ser actos ilícitos que violan normas legales, para obtener beneficios económicos o de posición política o social, en perjuicio del bien común.
Entonces no se trata de un acto aislado, sino de un sistema de comportamiento, de una cadena comunicacional en negativo. El agente desencadenante es el grupo o persona que tiene poder económico y político.
La actuación de los que tienen decisión no se da en forma aislada, sino que hay la tendencia a arrastrar a un grupo de funcionarios o de personas particulares; se forman redes de corrupción. La condición para actuar es contar con garantías de impunidad: no hay corrupción sin impunidad, afirma Napoleón.
El Plan de Integridad de Bolivia se basa en tres componentes: reforma judicial, modernización del Estado y lucha contra la corrupción. En este último aspecto se plantea como eje fundamental la conciencia pública de la corrupción, a través de la participación generalizada de la sociedad, por lo que el plan debe poseer el más alto nivel de credibilidad. Al mismo tiempo, es clave ubicar una visión integral en esta lucha, gradualidad en su aplicación y una ejecución descentralizada.
El Plan propone, pues, crear las bases de un sistema de integridad que tenga la capacidad de crear una red tupida, espesa que estructure antídotos y prevenga la difusión de la corrupción y que incluye el cese de la impunidad y el castigo necesario.
El ex Presidente Quiroga nos desafió no a maldecir la oscuridad que parece ser la práctica nacional, sino a encender una luz de oportunidades para desafiar los terribles signos de estos tiempos difíciles. No se trata de copiar ni imitar, pero sí mirar y aprender de los buenos ejemplos.
Quiroga afirmó que si bien no han erradicado la corrupción y el patrimonialismo en su país, ahora es más difícil hacer lo que se hacía antes, repartir el país desde la mesa del poder en un cuarto cerrado y aislado, pues al existir más institutucionalidad, descentralización, reglas claras de juego, monitoreos y auditoría ciudadana es más difícil la repartición en un cuarto también ahora más lleno de espejos.
Plantea que no sólo es daño físico, sino abuso total y violación de los derechos de ese niño a su salud, a su desarrollo, a su paz, a su tranquilidad, a su ambiente familiar adecuado, a su espacio en esta sociedad.
Troitiño sustenta que a este problema no se le da el tratamiento adecuado y se quiere ver los derechos de la infancia como una acción de beneficencia, de caridad, "pero el derecho no es asunto de caridad, es asunto de democracia y los niños no son considerados por la democracia".
El Estado, afirma, debe considerar y diferenciar si esos padres no están cubriendo las necesidades básicas de sus hijos por maltrato, negligencia o porque no pueden. Explica que no se le puede quitar a una madre o padre sus hijos porque son pobres o acusar de negligencia o de abandono a una madre que está sola y vive con sus hijos en la miseria absoluta y el papá no existe. Esa gente quiere maltratar a sus hijos o no puede atenderlos, pregunta.
La magistrada presenta otra cara del maltrato: la pobreza que está afectando la vida de las familias. ¿Debemos quitarle a ese niño el derecho de tener a su madre?, pregunta.
Y precisamente esa respuesta que da el Estado la ha marcado como autoridad. Cuenta historias de adolescentes que han tenido dos y tres sus hijos y estos niños son entregados a hogares en mejores condiciones.
Un caso en especial lo tiene en su mente. Una joven que a los 18 años quiso recuperar a sus hijos cinco años después de habérseles entregado en adopción a una familia. Su historia, es la de una chica que fue violada a los 9 años por su papá, a los 13 ya tenía un hijo, a los 15 otro y a los 17 el tercero, en total miseria. Era una adolescente que requería de la protección de sus derechos y de verdaderas oportunidades para atender a sus hijos y desarrollarse ella como persona.
"Lo que aquí se necesita es un seguimiento para ayudar a la familia y no sacar al niño de su entorno, o que se encarguen otros familiares".
Piensa que el tema de la niñez no es realmente prioritario.. no hay un movimiento social que reclame los derechos de la infancia.
Troitiño destaca amargamente que en nombre del amor se han cometido las peores atrocidades contra la niñez y en nombre del amor tenemos la muerte de niños.
Según estadísticas del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, el 90 por ciento de los abusos sexuales de los menores se dan dentro del seno familiar.
La directora de la Dirección Nacional de la Niñez, Dra.Maribel de Lobo, informa que atienden entre 5 y 10 casos diarios de denuncias de maltrato infantil de cualquier forma, ya sea por abandono, maltrato físico, emocional, psicológico o el abuso sexual.
El maltrato que más se denuncia es el físico, un 60 por ciento, mientras que el mayor es el psicológico o emocional, pero no se revela, aseguró Lobo. Sólo en el Hospital del Niño se han atendido en el primer semestre de este año 131 casos, mientras que el año pasado en los 12 meses se registraron 173, cifras que revelan la gravedad de esta situación.
Precisamente esta dirección tiene entre sus funciones la protección de estos menores en riesgo social o en situaciones especialmente difíciles, como las enunciadas. Frente a estas agresiones lo primero que hace la dirección es brindarles protección.
Explica la Dra. Lobo que el ministerio tiene opciones como los hogares sustitutos y las instituciones de protección a la niñez. Los hogares sustitutos son madres que se ofrecen para cuidar a estos niños con perfil de maltrato, abandono y el ministerio les da un subsidio. Para contar con la aprobación, esta madre debe pasar una evaluación socioeconómica y psicológica.
"Hasta personas pobres están cuidando niños y le damos un subsidio. Tenemos casos de personas que han llenado las expectativas", aseveró Lobo.
Aclara que no todos los hogares sustitutos son subsidiados. "Puede ser un tío, un abuelo, una tía, un primo. Tratamos de buscar un hogar sustituto que tenga la solvencia y un familiar es lo ideal, es lo primero que siempre se investiga".
Si no hay un hogar sustituto se busca en el banco de datos una madre sustituta, y en última instancia, se recurre a las instituciones de protección a la niñez, consideradas alternativas de protección temporal porque el ambiente es bonito, pero no el ideal porque se le ve al niño como un todo y no individualmente, dijo Lobo.
Pero la dirección no sólo da tratamiento, también tienen programas de prevención como "Quiero ser", que es para niños que no están en riesgo social pero viven en situaciones de extrema pobreza, tienen mala conducta y les va mal en la escuela.
"No sólo estamos dando tratamiento, estamos previniendo el maltrato", reafirmó la Dra. Lobo.
La Dra. Nilda Santamaría, encargada del departamento de Salud Mental del Hospital del Niño, manifiesta que los casos que más se presentan son los de abuso físico, con menor frecuencia el sexual y en menor grado el psicológico.
Considera que el abuso psicológico es muy difícil de diagnosticar, pero advierte que está presente en todas las otras formas de abuso. "Cuando a una persona la abusan físicamente también le crean un abuso psicológico. Cuando la abusan sexualmente también, porque le están afectando su autoestima, seguridad; si alguien te golpea te está irrespetando, minimizando, despierta sentimientos de impotencia, de infelicidad, y eso es abuso psicológico toda la distancia".
En los abusos sexuales se da con mayor razón, porque obligan al menor a una actividad para la que no ha está preparado, que no desea y se abusa de su confianza porque él puede creer que es algo normal, ya que se trata de una persona de su familia, asegura.
Cuando un niño está hospitalizado y el diagnóstico es una sospecha de maltrato, el departamento de Trabajo Social envía un formulario al Ministerio de la Juventud, donde según Santamaría, deciden con quién se va el paciente tan pronto se le da de alta. "Nosotros no tenemos ninguna potestad para tomar ese tipo de decisiones".
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".
La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
