Los cambios constitucionales son necesarios, pero... ¿cómo hacerlos?
Vuelve al tapete público los cambios a la Constitución Nacional. La modernización de ella es inevitable. La ciudadanía, en distintas formas, ha expresado, por inmensa mayoría, su deseo inequívoco de tener una Carta Magna que corrija las muchas deficiencias que tiene la actual.
El exceso de privilegios en el Organo Ejecutivo, la impunidad y la inmunidad de los legisladores; la corrupción imperante y la falta de sanciones para los que delinquen se le atribuyen, en gran medida, a nuestra Constitución. Se aduce, con razón, que ella, en algunos de sus artículos, se ha convertido en escudo protector de abusos y no en un freno. Existen también razones económicas muy poderosas para favorecer los cambios. Es excesivo el número de legisladores y el mismo seguirá aumentando con el crecimiento de la población; tenemos, entre otras cosas, dos vicepresidentes de la República, cuando uno sobra; los legisladores tienen dos suplentes devengando salarios, aunque no asistan a las reuniones. Uno está de más y así hay nuevas situaciones muy criticables que reafirman que la Constitución las permite o al menos no las impide.
El Ejecutivo tiene hoy día una concentración de poderes que pone en peligro la separación de los mismos (Judicial y Legislativo) si no se toman medidas efectivas para reestructurar el sistema de elección de sus miembros, principalmente de la Corte Suprema de Justicia que está constituida, en su mayoría, por personas muy allegadas a la señora Presidenta; las conjeturas sobre sus actuaciones sobran.
Hemos visto, en estos precisos momentos, cómo la Jefa de Estado dice, sin sonrojarse, cuál es el candidato e su simpatía, según informaciones de los medios de comunicación, para ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa y ejercer las presiones políticas para lograrse los votos al legislador que ella desea en ese puesto. En este caso particular, siento por el señor Jacobo Salas especiales consideraciones por sus cualidades y los atributos que adornan su personalidad, pero el hecho no es ése, sino que la mandataria sigue violando con sus acciones la Constitución que juró cumplir. Con esto le da fuerza a los argumentos de quienes se esfuerzan por lograr cambios en nuestro principal instrumento legal.
Existe, sin la menor duda, un consenso ciudadano en cuanto a lo impostergable de hacer una nueva Constitución o de introducirle a la actual cambios muy profundos. El problema para muchos, entre los cuales me encuentro, es cómo llevarlos a cabo. Si favorecemos una Constituyente, algunos piensan que la medicina puede resultar peor que la enfermedad. Flota en el ambiente un fermento de demagogia incontrolable como vemos con preocupación en el caso del Seguro Social. ¿Podrá el panameño despojarse, en las discusiones de una nueva Constitución, de las presiones de una minoría radical que vive en un populismo obsoleto? No obstante, si se sigue el método tradicional que la propia constituyente establece para introducirle cambios a la misma, parece ser que, el ejercicio sería totalmente impráctico. Son muy pocos los que piensan que quienes se han venido dando año tras año privilegios y beneficios en sus prerrogativas legislativas estén dispuestos a quitárselos. Nos encontramos, pues, frente a un gran dilema.
El "Foto 2000-20 Panamá" ha lanzado la idea de una quinta papeleta para que sea el público quien decida este importante asunto sobre los cambios constitucionales. La medida pareciera tener mucho respaldo. Sería bueno, no obstante, que sus iniciadores explicaran con más detalles cómo sería esa Constituyente. Hay muchas interrogantes en cuanto a su papel: representatividad (circuital, provincial, nacional), su alcance y su tiempo y, además, cómo se evitaría que la misma -la Constituyente- que es soberana, no limite su radio de acción solamente a la preparación, discusión y aprobación del nuevo instrumento jurídico, sino que incursione peligrosamente, como sucedió en el pasado, en áreas que no le correspondería. La importancia de este tema lleva a una mayor discusión.
El exceso de privilegios en el Organo Ejecutivo, la impunidad y la inmunidad de los legisladores; la corrupción imperante y la falta de sanciones para los que delinquen se le atribuyen, en gran medida, a nuestra Constitución. Se aduce, con razón, que ella, en algunos de sus artículos, se ha convertido en escudo protector de abusos y no en un freno. Existen también razones económicas muy poderosas para favorecer los cambios. Es excesivo el número de legisladores y el mismo seguirá aumentando con el crecimiento de la población; tenemos, entre otras cosas, dos vicepresidentes de la República, cuando uno sobra; los legisladores tienen dos suplentes devengando salarios, aunque no asistan a las reuniones. Uno está de más y así hay nuevas situaciones muy criticables que reafirman que la Constitución las permite o al menos no las impide.
El Ejecutivo tiene hoy día una concentración de poderes que pone en peligro la separación de los mismos (Judicial y Legislativo) si no se toman medidas efectivas para reestructurar el sistema de elección de sus miembros, principalmente de la Corte Suprema de Justicia que está constituida, en su mayoría, por personas muy allegadas a la señora Presidenta; las conjeturas sobre sus actuaciones sobran.
Hemos visto, en estos precisos momentos, cómo la Jefa de Estado dice, sin sonrojarse, cuál es el candidato e su simpatía, según informaciones de los medios de comunicación, para ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa y ejercer las presiones políticas para lograrse los votos al legislador que ella desea en ese puesto. En este caso particular, siento por el señor Jacobo Salas especiales consideraciones por sus cualidades y los atributos que adornan su personalidad, pero el hecho no es ése, sino que la mandataria sigue violando con sus acciones la Constitución que juró cumplir. Con esto le da fuerza a los argumentos de quienes se esfuerzan por lograr cambios en nuestro principal instrumento legal.
Existe, sin la menor duda, un consenso ciudadano en cuanto a lo impostergable de hacer una nueva Constitución o de introducirle a la actual cambios muy profundos. El problema para muchos, entre los cuales me encuentro, es cómo llevarlos a cabo. Si favorecemos una Constituyente, algunos piensan que la medicina puede resultar peor que la enfermedad. Flota en el ambiente un fermento de demagogia incontrolable como vemos con preocupación en el caso del Seguro Social. ¿Podrá el panameño despojarse, en las discusiones de una nueva Constitución, de las presiones de una minoría radical que vive en un populismo obsoleto? No obstante, si se sigue el método tradicional que la propia constituyente establece para introducirle cambios a la misma, parece ser que, el ejercicio sería totalmente impráctico. Son muy pocos los que piensan que quienes se han venido dando año tras año privilegios y beneficios en sus prerrogativas legislativas estén dispuestos a quitárselos. Nos encontramos, pues, frente a un gran dilema.
El "Foto 2000-20 Panamá" ha lanzado la idea de una quinta papeleta para que sea el público quien decida este importante asunto sobre los cambios constitucionales. La medida pareciera tener mucho respaldo. Sería bueno, no obstante, que sus iniciadores explicaran con más detalles cómo sería esa Constituyente. Hay muchas interrogantes en cuanto a su papel: representatividad (circuital, provincial, nacional), su alcance y su tiempo y, además, cómo se evitaría que la misma -la Constituyente- que es soberana, no limite su radio de acción solamente a la preparación, discusión y aprobación del nuevo instrumento jurídico, sino que incursione peligrosamente, como sucedió en el pasado, en áreas que no le correspondería. La importancia de este tema lleva a una mayor discusión.
