A los cancilleres de América
LOS PANAMEÑOS vivimos la experiencia y tenemos la autoridad moral para adentrarnos en estos temas. Entre 1987 y 1989 tuve la oportunidad, junto a muchos conciudadanos de luchar por el restablecimiento de la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos en nuestro país desde la Cruzada Civilista Nacional.
Uno de los escenarios más complejos fue hacer llegar a los representantes de diversos países del área, las evidencias que mostraban la realidad por la que atravesaba Panamá. En no pocas ocasiones, los embajadores simplemente nos negaban audiencia. Pocos nos recibían y muy pocos recibían la información suministrada y la transmitían a sus respectivos gobiernos. El principio de no intervención era la mejor excusa. La evolución de la crisis política fue abriéndose paso en la opinión pública del mundo y de manera paulatina comenzaron a realizar que en Panamá existía una férrea dictadura que, a golpe de fusil y represión, negaba la existencia de un régimen de derecho. Lo que vino después es historia conocida y muy dolorosa, por cierto. La comunidad internacional, sobre todo la latinoamericana, fue actora en primera fila desde la OEA.
Ante la anulación de las elecciones de 1989 por parte del régimen de Noriega, el mundo terminó de entender el drama. Aquí estábamos, el pueblo panameño, secuestrados por nuestro propio ejército, ante una comunidad internacional que aún buscaba desvincularse apoyada en el principio de no intervención. Ante tanto atropello, fue Venezuela, curiosamente, el país que solicitó la convocatoria de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para que, actuando como órgano de consulta, conocieran de la crisis panameña.
La respuesta a esa petición, totalmente válida dentro del marco de la Carta de la OEA por parte del canciller de Noriega, en declaraciones el 13 de mayo de 1989, fue que "la OEA no debía discutir los asuntos internos de una elección presidencial". En ese momento, era más que una "elección presidencial" lo que estaba en el tapete, y esto provocó que, por la crisis de Panamá, se discutiera respecto de hasta dónde el "principio de no intervención" era el escudo para permitir que se desconociera la voluntad popular del pueblo por parte de un régimen dictatorial, así como la violación sistemática de todas las libertades y derechos fundamentales de los panameños.
Esa XXI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores tuvo varias instancias. La más pobre fue el intento de mediación que ejercieron los cancilleres de Guatemala, Ecuador y Trinidad y Tobago con la asistencia del entonces Secretario General, Baena Soarez. De lamentable recordación, por no decir otra cosa. El 24 de agosto de 1989, la Reunión de Ministros recibió el informe de la "gestión" y, aparte de agradecer el "esfuerzo", de mostrar "profunda preocupación por la situación" y de mantenerla abierta indefinidamente (fue ya en la Administración Endara que logramos que se clausurara la misma, años después de todos los sucesos), para los efectos prácticos concluyó su mandato.
Noriega se rió del mundo por poco tiempo; le declaró la guerra a Estados Unidos (EE.UU.) y éste intervino. Realistas fueron las expresiones del internacionalista costarricenses, varias veces Embajador en la OEA, Gonzalo J. Facio, a propósito de este fallido esfuerzo: "indignante es que gobiernos latinoamericanos que se dicen demócratas, y que en lo interno respetan los derechos humanos básicos de sus ciudadanos, se nieguen a ayudar al pueblo panameño y que, para encubrir la vergüenza de no hacerlo, proclamen mentirosamente que están defendiendo el principio de la no intervención".
Terminada la dictadura, vino otra lucha en el mismo escenario latinoamericano. Romper el aislamiento del gobierno democrático, elegido por el pueblo, que por razón entonces de la invasión norteamericana causada por Noriega y sus colaboradores, nos impusieron por varios años. Muchos se rasgaron las vestiduras contra Panamá, pero ninguno rompió relaciones con EE.UU. Pocos fueron los países solidarios desde el inicio para romper ese aislamiento y hacer justicia con Panamá. Tomó cuatro años lograrlo plenamente. Pero pronto vino el caso del golpe de Estado en Surinam y de Haití. En el primero, una mera resolución de condena. En el segundo, a petición nuevamente de Venezuela, se citó a la Reunión de Cancilleres en Washington. Asistí a esta primera reunión de urgencia y vehementes fueron mis posiciones en el seno de la OEA. Recibí el respaldo del canciller Silva Cima de Chile, y logramos introducir términos en la resolución aprobada que sirvieron de marco para lo que significó el accidentado retorno de la democracia en Haití. De allí en adelante, se podía pensar, hasta con confianza, que otra época marcaría el rumbo de la OEA, desde la Asamblea en Asunción en 1990, la de Santiago en 1991 cuando se aprobó el Compromiso de Santiago por la Democracia, el Acta de Caracas suscrita en ese país por los Presidentes Andinos en mayo de 1991 en la que, entre otras cosas, se planteó la necesidad de reformas a la Carta de la OEA para resguardar la interrupción de la democracia continental, llegando a la Carta Democrática de 2001, la cual trasciende positivamente y enmarca el tema de la democracia representativa, el ejercicio de plenas libertades y el respeto sin condiciones a los derechos humanos, como un problema de todos, respetando en su real perspectiva el principio de no intervención que de manera distorsionada afectó tanto a Panamá. Menciono esto porque ahora nos debe preocupar Venezuela. El presidente venezolano ganó las elecciones y su triunfo fue rápidamente reconocido por sus adversarios. Sin embargo, el hecho de ganar unas elecciones y obtener la legitimidad que dan las mismas, no es credencial válida para violentar normas y principios democráticos, así como la violación sistemática de fundamentales derechos humanos, como lo es el de la libertad de expresión. El espíritu de la Carta Democrática y su génesis tiene estrecha relación con el esfuerzo de preservar la democracia y las libertades en América. No hay fronteras para estos temas.
Preocupa Venezuela desde hace rato y su "exportable socialismo del Siglo XXI". Lo acontecido esta semana con RCTV es un llamado de atención muy alto a la comunidad internacional. No es ni puede tratarse como un asunto de mero trámite interno en Venezuela por parte de sus autoridades. Es el inicio desafiante de la violación de la libertad de expresión lo que está en juego, uno de los derechos humanos que tutela la Carta Democrática.
Señores cancilleres, no esperen que en Venezuela la democracia se deteriore más para salir a lamentar lo sucedido. Me abrogo esta vocería para realizar estos respetuosos señalamientos, en nombre de la inmensa mayoría de panameños que luchamos por la democracia, que sufrimos la indiferencia internacional en su momento y que no deseamos en otro país hermano semejantes traumas. Venezuela y su pueblo han sido grandes amigos de Panamá. Allá llegaron muchos de nuestros exiliados a vivir. Por ello, es lamentable la postura de nuestro gobierno al reaccionar igual que nos reaccionaban a nosotros por décadas.
El país y su política exterior deben trascender gobiernos y ser consecuentes con las obligaciones que claramente emanan de normas internacionales que forman parte de nuestro derecho positivo. Esperamos que la reunión de Panamá sirva estos propósitos para bien de la institucionalidad continental.
Uno de los escenarios más complejos fue hacer llegar a los representantes de diversos países del área, las evidencias que mostraban la realidad por la que atravesaba Panamá. En no pocas ocasiones, los embajadores simplemente nos negaban audiencia. Pocos nos recibían y muy pocos recibían la información suministrada y la transmitían a sus respectivos gobiernos. El principio de no intervención era la mejor excusa. La evolución de la crisis política fue abriéndose paso en la opinión pública del mundo y de manera paulatina comenzaron a realizar que en Panamá existía una férrea dictadura que, a golpe de fusil y represión, negaba la existencia de un régimen de derecho. Lo que vino después es historia conocida y muy dolorosa, por cierto. La comunidad internacional, sobre todo la latinoamericana, fue actora en primera fila desde la OEA.
Ante la anulación de las elecciones de 1989 por parte del régimen de Noriega, el mundo terminó de entender el drama. Aquí estábamos, el pueblo panameño, secuestrados por nuestro propio ejército, ante una comunidad internacional que aún buscaba desvincularse apoyada en el principio de no intervención. Ante tanto atropello, fue Venezuela, curiosamente, el país que solicitó la convocatoria de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para que, actuando como órgano de consulta, conocieran de la crisis panameña.
La respuesta a esa petición, totalmente válida dentro del marco de la Carta de la OEA por parte del canciller de Noriega, en declaraciones el 13 de mayo de 1989, fue que "la OEA no debía discutir los asuntos internos de una elección presidencial". En ese momento, era más que una "elección presidencial" lo que estaba en el tapete, y esto provocó que, por la crisis de Panamá, se discutiera respecto de hasta dónde el "principio de no intervención" era el escudo para permitir que se desconociera la voluntad popular del pueblo por parte de un régimen dictatorial, así como la violación sistemática de todas las libertades y derechos fundamentales de los panameños.
Esa XXI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores tuvo varias instancias. La más pobre fue el intento de mediación que ejercieron los cancilleres de Guatemala, Ecuador y Trinidad y Tobago con la asistencia del entonces Secretario General, Baena Soarez. De lamentable recordación, por no decir otra cosa. El 24 de agosto de 1989, la Reunión de Ministros recibió el informe de la "gestión" y, aparte de agradecer el "esfuerzo", de mostrar "profunda preocupación por la situación" y de mantenerla abierta indefinidamente (fue ya en la Administración Endara que logramos que se clausurara la misma, años después de todos los sucesos), para los efectos prácticos concluyó su mandato.
Noriega se rió del mundo por poco tiempo; le declaró la guerra a Estados Unidos (EE.UU.) y éste intervino. Realistas fueron las expresiones del internacionalista costarricenses, varias veces Embajador en la OEA, Gonzalo J. Facio, a propósito de este fallido esfuerzo: "indignante es que gobiernos latinoamericanos que se dicen demócratas, y que en lo interno respetan los derechos humanos básicos de sus ciudadanos, se nieguen a ayudar al pueblo panameño y que, para encubrir la vergüenza de no hacerlo, proclamen mentirosamente que están defendiendo el principio de la no intervención".
Terminada la dictadura, vino otra lucha en el mismo escenario latinoamericano. Romper el aislamiento del gobierno democrático, elegido por el pueblo, que por razón entonces de la invasión norteamericana causada por Noriega y sus colaboradores, nos impusieron por varios años. Muchos se rasgaron las vestiduras contra Panamá, pero ninguno rompió relaciones con EE.UU. Pocos fueron los países solidarios desde el inicio para romper ese aislamiento y hacer justicia con Panamá. Tomó cuatro años lograrlo plenamente. Pero pronto vino el caso del golpe de Estado en Surinam y de Haití. En el primero, una mera resolución de condena. En el segundo, a petición nuevamente de Venezuela, se citó a la Reunión de Cancilleres en Washington. Asistí a esta primera reunión de urgencia y vehementes fueron mis posiciones en el seno de la OEA. Recibí el respaldo del canciller Silva Cima de Chile, y logramos introducir términos en la resolución aprobada que sirvieron de marco para lo que significó el accidentado retorno de la democracia en Haití. De allí en adelante, se podía pensar, hasta con confianza, que otra época marcaría el rumbo de la OEA, desde la Asamblea en Asunción en 1990, la de Santiago en 1991 cuando se aprobó el Compromiso de Santiago por la Democracia, el Acta de Caracas suscrita en ese país por los Presidentes Andinos en mayo de 1991 en la que, entre otras cosas, se planteó la necesidad de reformas a la Carta de la OEA para resguardar la interrupción de la democracia continental, llegando a la Carta Democrática de 2001, la cual trasciende positivamente y enmarca el tema de la democracia representativa, el ejercicio de plenas libertades y el respeto sin condiciones a los derechos humanos, como un problema de todos, respetando en su real perspectiva el principio de no intervención que de manera distorsionada afectó tanto a Panamá. Menciono esto porque ahora nos debe preocupar Venezuela. El presidente venezolano ganó las elecciones y su triunfo fue rápidamente reconocido por sus adversarios. Sin embargo, el hecho de ganar unas elecciones y obtener la legitimidad que dan las mismas, no es credencial válida para violentar normas y principios democráticos, así como la violación sistemática de fundamentales derechos humanos, como lo es el de la libertad de expresión. El espíritu de la Carta Democrática y su génesis tiene estrecha relación con el esfuerzo de preservar la democracia y las libertades en América. No hay fronteras para estos temas.
Preocupa Venezuela desde hace rato y su "exportable socialismo del Siglo XXI". Lo acontecido esta semana con RCTV es un llamado de atención muy alto a la comunidad internacional. No es ni puede tratarse como un asunto de mero trámite interno en Venezuela por parte de sus autoridades. Es el inicio desafiante de la violación de la libertad de expresión lo que está en juego, uno de los derechos humanos que tutela la Carta Democrática.
Señores cancilleres, no esperen que en Venezuela la democracia se deteriore más para salir a lamentar lo sucedido. Me abrogo esta vocería para realizar estos respetuosos señalamientos, en nombre de la inmensa mayoría de panameños que luchamos por la democracia, que sufrimos la indiferencia internacional en su momento y que no deseamos en otro país hermano semejantes traumas. Venezuela y su pueblo han sido grandes amigos de Panamá. Allá llegaron muchos de nuestros exiliados a vivir. Por ello, es lamentable la postura de nuestro gobierno al reaccionar igual que nos reaccionaban a nosotros por décadas.
El país y su política exterior deben trascender gobiernos y ser consecuentes con las obligaciones que claramente emanan de normas internacionales que forman parte de nuestro derecho positivo. Esperamos que la reunión de Panamá sirva estos propósitos para bien de la institucionalidad continental.
