Los candidatos presidenciales
Por muchas décadas en nuestra República hemos estado acostumbrados a recibir propuestas de los candidatos presidenciales al momento de ser postulados para la más alta magistratura del Estado y, en realidad, los que realmente pagamos el músico, como se dice en nuestra campiña, ni siquiera tenemos derecho a decir cuándo se inicia la fiesta, sino que nos convertimos en meros espectadores, y tampoco decimos cuándo se termina el baile. Con esta analogía lo que quiero decir es que como nosotros ponemos los votos tenemos el derecho a decir que queremos que nuestro candidato diga y no que él nos diga para que nosotros simplemente nos convirtamos en meros espectadores de la fiesta electoral, y al final nos quedamos sin ningún derecho a exigir por lo que pusimos, que fue nuestro voto.
Con lo que aquí planteo, deseo llamar a la reflexión de los panameños para que por una vez en la vida cambiemos esa manera de hacer política y nos convirtamos, en todo el territorio nacional, en voceros para decirle al futuro presidente que somos nosotros los que vamos a hablar y hacer propuestas, y que ellos se comprometan a realizarlas. Invitamos a todos los gremios, asociaciones, clubes cívicos y barrios a comprometer a nuestros candidatos delante de un notario para que firmen un pacto, en el cual se comprometan a cumplir la mayoría de las propuestas de los electores.
Quizás muchos pensarán que es una utopía lo que planteo, pero estoy seguro que debe existir el mecanismo para que esto se lleve a cabo, y por lo tanto insto a los grupos organizados a que comiencen a preparar sus propuestas para que, llegado el momento de tenerlos al frente, firmen ese pacto con sus seguidores.
Aprovecho también para que exijamos a los candidatos que para que puedan captar nuestro voto se hace necesario que tres meses antes de la elección se circule en todos los medios de comunicación, escritos, televisivos y radiales, los nombres de personas transparentes que los acompañarán en su Gabinete, directores de instituciones y sus más cercanos colaboradores, de tal manera que este pueblo tenga otras opciones para escoger y aprendamos de una vez por todas a no ser tontos útiles y cumplir con el refrán que dice “Dime con quién andas y te diré quién eres”.
*Presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).
Tras el caos político en algunas zonas de Irak y la guerra de guerrillas contra tropas estadounidenses y británicas, ha caído seriamente la confianza pública en Blair; mientras que al mismo tiempo ha disminuido la enorme popularidad de la que Bush disfrutaba poco después de terminar la guerra.
Para James Innis no hay una política de seguimiento a los delincuentes cuando éstos salen de las prisiones ni tampoco se estudia el modus operandi de cómo se cometen los más sonados crímenes en Panamá.
Indica que en caso de las pandillas no se les da un seguimiento ni se investigan sus modos operandi, adiestramiento y formas de vestir de sus adeptos. Las autoridades siempre se limitan a informar la cantidad de pandillas que existen en el país, dijo Innis.
En cuanto a la actuación del Organo Judicial en la lucha contra el crimen, Carrasquilla destaca que esta corporación debe ser "despolitizada" o de lo contrario el común de la gente seguirá pensando que el que está preso es aquel que no tiene influencia en el Organo Judicial.
El experto señala que una de las grandes interrogantes que deben hacerse las autoridades de la Corte Suprema de Justicia es cómo, a pesar de haberse creado más juzgados penales y civiles, no aumentan los casos resueltos y tampoco disminuye la población penal.
Innis recomienda que para mejorar la situación existente, las autoridades deben de inmediato buscar dos asesores en materia de criminalidad de probada ejecutoria y capacidad para comenzar a resolver estos homicidios difíciles.
También recomienda, a mediano plazo, que estos nuevos funcionarios adiestren en forma intensiva en un período de un mes a todos los detectives de la PTJ en materia de criminalidad.
Por su parte, Carrasquilla propone que para que se resuelvan más ágilmente los casos, producto de la criminalidad y la delincuencia en general en Panamá, debe existir un reglamento de escalafón en la PTJ para que las personas que realicen las investigaciones sean las más idóneas al momento de investigar un hecho criminal.
Deben consolidarse esfuerzos para conseguir ayuda o cooperación tanto en equipo como en adiestramiento en materia de investigación criminal, con los países desarrollados con que Panamá guarda buenas relaciones, y se vea reflejado en el funcionamiento de la P.T.J, recomienda el experto.
También señala que debe existir una coordinación constante entre todos los estamentos de investigación, administración de justicia y los sistemas penitenciarios para agilizar el trabajo al momento de investigar los delitos.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
Con lo que aquí planteo, deseo llamar a la reflexión de los panameños para que por una vez en la vida cambiemos esa manera de hacer política y nos convirtamos, en todo el territorio nacional, en voceros para decirle al futuro presidente que somos nosotros los que vamos a hablar y hacer propuestas, y que ellos se comprometan a realizarlas. Invitamos a todos los gremios, asociaciones, clubes cívicos y barrios a comprometer a nuestros candidatos delante de un notario para que firmen un pacto, en el cual se comprometan a cumplir la mayoría de las propuestas de los electores.
Quizás muchos pensarán que es una utopía lo que planteo, pero estoy seguro que debe existir el mecanismo para que esto se lleve a cabo, y por lo tanto insto a los grupos organizados a que comiencen a preparar sus propuestas para que, llegado el momento de tenerlos al frente, firmen ese pacto con sus seguidores.
Aprovecho también para que exijamos a los candidatos que para que puedan captar nuestro voto se hace necesario que tres meses antes de la elección se circule en todos los medios de comunicación, escritos, televisivos y radiales, los nombres de personas transparentes que los acompañarán en su Gabinete, directores de instituciones y sus más cercanos colaboradores, de tal manera que este pueblo tenga otras opciones para escoger y aprendamos de una vez por todas a no ser tontos útiles y cumplir con el refrán que dice “Dime con quién andas y te diré quién eres”.
*Presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).
Tras el caos político en algunas zonas de Irak y la guerra de guerrillas contra tropas estadounidenses y británicas, ha caído seriamente la confianza pública en Blair; mientras que al mismo tiempo ha disminuido la enorme popularidad de la que Bush disfrutaba poco después de terminar la guerra.
Para James Innis no hay una política de seguimiento a los delincuentes cuando éstos salen de las prisiones ni tampoco se estudia el modus operandi de cómo se cometen los más sonados crímenes en Panamá.
Indica que en caso de las pandillas no se les da un seguimiento ni se investigan sus modos operandi, adiestramiento y formas de vestir de sus adeptos. Las autoridades siempre se limitan a informar la cantidad de pandillas que existen en el país, dijo Innis.
En cuanto a la actuación del Organo Judicial en la lucha contra el crimen, Carrasquilla destaca que esta corporación debe ser "despolitizada" o de lo contrario el común de la gente seguirá pensando que el que está preso es aquel que no tiene influencia en el Organo Judicial.
El experto señala que una de las grandes interrogantes que deben hacerse las autoridades de la Corte Suprema de Justicia es cómo, a pesar de haberse creado más juzgados penales y civiles, no aumentan los casos resueltos y tampoco disminuye la población penal.
Innis recomienda que para mejorar la situación existente, las autoridades deben de inmediato buscar dos asesores en materia de criminalidad de probada ejecutoria y capacidad para comenzar a resolver estos homicidios difíciles.
También recomienda, a mediano plazo, que estos nuevos funcionarios adiestren en forma intensiva en un período de un mes a todos los detectives de la PTJ en materia de criminalidad.
Por su parte, Carrasquilla propone que para que se resuelvan más ágilmente los casos, producto de la criminalidad y la delincuencia en general en Panamá, debe existir un reglamento de escalafón en la PTJ para que las personas que realicen las investigaciones sean las más idóneas al momento de investigar un hecho criminal.
Deben consolidarse esfuerzos para conseguir ayuda o cooperación tanto en equipo como en adiestramiento en materia de investigación criminal, con los países desarrollados con que Panamá guarda buenas relaciones, y se vea reflejado en el funcionamiento de la P.T.J, recomienda el experto.
También señala que debe existir una coordinación constante entre todos los estamentos de investigación, administración de justicia y los sistemas penitenciarios para agilizar el trabajo al momento de investigar los delitos.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
