Los candidatos y su desplante a la prensa
Los cuatro candidatos presidenciales se negaron a participar en el I Congreso Internacional de Periodistas, denominado "Periodistas de una Nueva Era", organizado por el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) el pasado fin de semana en el sector de Playa Blanca.
A cada uno de los aspirantes al solio presidencial se le cursó formal invitación y aceptaron asistir al evento para debatir la derogación de las leyes mordaza, desacato, y en especial, la despenalización de la calumnia e injuria.
Sin embargo, a pocos días de celebrarse el Congreso, los líderes políticos prefirieron evadir el compromiso, que previamente habían adquirido con los comunicadores sociales.
Esta conducta reprochable de los candidatos, demuestra la nula disposición de modificar las normas legales que impiden fortalecer la libertad de expresión que, vale mencionar, han sido duramente criticadas por los organismos internacionales de derechos humanos.
En Panamá existen más de 90 periodistas acusados ante los tribunales de justicia, pero el 50% de esas querellas penales o acusaciones, han sido presentadas por funcionarios que supuestamente han sido ofendidos en su honra.
No obstante, la realidad demuestra que las acciones judiciales de los altos funcionarios contra los periodistas ocurren porque se les critica su conducta, nada transparente, dentro del engranaje gubernamental.
Uno caso específico que podemos citar es la persecución que mantiene el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, hacia los periodistas que divulgan la poca efectividad que dicho funcionario realiza para contrarrestar a los verdaderos delincuentes que caminan por las calles "sin Dios ni Ley". Ha manifestado públicamente que la "justicia no es igual para todos" en Panamá, en clara referencia a que los periodistas, como el resto de la población, sólo debemos esperar una justicia selectiva, que dependerá de sus intereses personales o de grupo.
Ante la precaria situación que enfrenta la libertad de expresión, el CONAPE había organizado este Primer Congreso Internacional de Periodistas para que los candidatos presidenciales se integraran a dialogar sobre este tema de interés general, sin embargo con la desagradable sorpresa que prefirieron atender sus agendas políticas y evadir a los responsables de mantener informado al país.
Ese proceder de los candidatos hace que llegue a la conclusión de que pregonan un doble discurso, porque cuando ocurrió la orden de conducción emitida por la Fiscalia Auxiliar hacia el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Roberto Eisenmann, todos repudiaron ante la prensa escrita, radial y televisiva la acción emprendida por el Ministerio Público.
En el Congreso, donde tenían la oportunidad de participar y sustentar sus planes para elevar la libertad de prensa y de expresión, los políticos del PRD, Solidaridad, arnulfismo y Cambio Democrático prefirieron dejar que ese asunto lo abordaran los periodistas, sin tomar en cuenta que esa decisión demuestra un claro repudio para quienes luchan por fortalecer el sistema democrático.
Nuestras mentes rechazan pensar que los candidatos presidenciales no quieren adquirir el compromiso de derogar las leyes mordaza porque intentan mantener los métodos tradicionales de atacar a los periodistas cuando revelan o denuncian los escándalos de corrupción.
No quiero pensar que se repetirán los compromisos y promesas de Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, en cuanto a que eliminarían las leyes de desacato; pero cuando llegaron al poder decidieron mantener las mismas prácticas que persisten desde el régimen militar.
Concluyo diciendo a los cuatro candidatos que aspiran a la Presidencia de la República: Martín Torrijos, Guillermo Endara, Ricardo Martinelli y José Miguel Alemán, que si sus verdaderas intenciones de ocupar el Gobierno es para trabajar y beneficiar al pueblo, con transparencia, y acabar con la corrupción, reconsideren el desplante hecho a los periodistas panameños el pasado fin de semana.
Por iniciativa de ustedes, convoquen a los gremios periodísticos y comprométanse públicamente que en los primeros cien días de Gobierno, eliminarán la leyes que atentan contra el ejercicio del periodismo.
Si es lo contrario, entonces les advierto que el pueblo será su implacable verdugo que los castigará con el silencioso látigo del voto en las urnas.
A cada uno de los aspirantes al solio presidencial se le cursó formal invitación y aceptaron asistir al evento para debatir la derogación de las leyes mordaza, desacato, y en especial, la despenalización de la calumnia e injuria.
Sin embargo, a pocos días de celebrarse el Congreso, los líderes políticos prefirieron evadir el compromiso, que previamente habían adquirido con los comunicadores sociales.
Esta conducta reprochable de los candidatos, demuestra la nula disposición de modificar las normas legales que impiden fortalecer la libertad de expresión que, vale mencionar, han sido duramente criticadas por los organismos internacionales de derechos humanos.
En Panamá existen más de 90 periodistas acusados ante los tribunales de justicia, pero el 50% de esas querellas penales o acusaciones, han sido presentadas por funcionarios que supuestamente han sido ofendidos en su honra.
No obstante, la realidad demuestra que las acciones judiciales de los altos funcionarios contra los periodistas ocurren porque se les critica su conducta, nada transparente, dentro del engranaje gubernamental.
Uno caso específico que podemos citar es la persecución que mantiene el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, hacia los periodistas que divulgan la poca efectividad que dicho funcionario realiza para contrarrestar a los verdaderos delincuentes que caminan por las calles "sin Dios ni Ley". Ha manifestado públicamente que la "justicia no es igual para todos" en Panamá, en clara referencia a que los periodistas, como el resto de la población, sólo debemos esperar una justicia selectiva, que dependerá de sus intereses personales o de grupo.
Ante la precaria situación que enfrenta la libertad de expresión, el CONAPE había organizado este Primer Congreso Internacional de Periodistas para que los candidatos presidenciales se integraran a dialogar sobre este tema de interés general, sin embargo con la desagradable sorpresa que prefirieron atender sus agendas políticas y evadir a los responsables de mantener informado al país.
Ese proceder de los candidatos hace que llegue a la conclusión de que pregonan un doble discurso, porque cuando ocurrió la orden de conducción emitida por la Fiscalia Auxiliar hacia el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Roberto Eisenmann, todos repudiaron ante la prensa escrita, radial y televisiva la acción emprendida por el Ministerio Público.
En el Congreso, donde tenían la oportunidad de participar y sustentar sus planes para elevar la libertad de prensa y de expresión, los políticos del PRD, Solidaridad, arnulfismo y Cambio Democrático prefirieron dejar que ese asunto lo abordaran los periodistas, sin tomar en cuenta que esa decisión demuestra un claro repudio para quienes luchan por fortalecer el sistema democrático.
Nuestras mentes rechazan pensar que los candidatos presidenciales no quieren adquirir el compromiso de derogar las leyes mordaza porque intentan mantener los métodos tradicionales de atacar a los periodistas cuando revelan o denuncian los escándalos de corrupción.
No quiero pensar que se repetirán los compromisos y promesas de Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, en cuanto a que eliminarían las leyes de desacato; pero cuando llegaron al poder decidieron mantener las mismas prácticas que persisten desde el régimen militar.
Concluyo diciendo a los cuatro candidatos que aspiran a la Presidencia de la República: Martín Torrijos, Guillermo Endara, Ricardo Martinelli y José Miguel Alemán, que si sus verdaderas intenciones de ocupar el Gobierno es para trabajar y beneficiar al pueblo, con transparencia, y acabar con la corrupción, reconsideren el desplante hecho a los periodistas panameños el pasado fin de semana.
Por iniciativa de ustedes, convoquen a los gremios periodísticos y comprométanse públicamente que en los primeros cien días de Gobierno, eliminarán la leyes que atentan contra el ejercicio del periodismo.
Si es lo contrario, entonces les advierto que el pueblo será su implacable verdugo que los castigará con el silencioso látigo del voto en las urnas.
