Los derechos fundamentales no son de la tutela de una sala
En publicación de El Panamá América del 27 de mayo, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, hizo defensa del polémico proyecto de ley No. 88 que busca crear la Sala Quinta de Garantías Constitucionales y Casación Laboral, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.
Considero que los comentarios allí vertidos por el magistrado Hoyos requieren de ciertas observaciones importantes y necesarias para el beneficio y mayor conocimiento de la opinión pública, con todo el respeto que el jurista se merece.
Manifiesta el magistrado Hoyos en su escrito, y cito, que "a finales de 1998 invité a través de los medios de comunicación social a que se discutiera la idea de una Sala de Garantías Constitucionales".
Sin embargo, el escrito no comenta sobre el resultado de esa invitación, ni explica por qué no se invitó o consultó a los gremios y a las entidades que más directamente se relacionan con esa "idea", como lo son los organismos de derechos humanos, las instituciones de actividad social y religiosa, los sindicatos obreros, los clubes cívicos, los abogados y los sociólogos, además de los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público en general.
Tampoco explica Hoyos por qué el proyecto No. 88, presentado el 17 de marzo pasado a la Asamblea por la ministra de Gobierno y Justicia, fue elaborado por el Consejo de Gabinete y no por la propia Corte Suprema, la cual disfruta de la misma iniciativa legislativa que posee el Gabinete conforme al artículo 159 de nuestra Constitución.
Continúa el magistrado afirmando, y cito, que "el Pleno de la Corte Suprema debatió este proyecto en su sesión del 8 de abril y la opinión mayoritaria de sus miembros fue que la Sala
Considero que los comentarios allí vertidos por el magistrado Hoyos requieren de ciertas observaciones importantes y necesarias para el beneficio y mayor conocimiento de la opinión pública, con todo el respeto que el jurista se merece.
Manifiesta el magistrado Hoyos en su escrito, y cito, que "a finales de 1998 invité a través de los medios de comunicación social a que se discutiera la idea de una Sala de Garantías Constitucionales".
Sin embargo, el escrito no comenta sobre el resultado de esa invitación, ni explica por qué no se invitó o consultó a los gremios y a las entidades que más directamente se relacionan con esa "idea", como lo son los organismos de derechos humanos, las instituciones de actividad social y religiosa, los sindicatos obreros, los clubes cívicos, los abogados y los sociólogos, además de los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público en general.
Tampoco explica Hoyos por qué el proyecto No. 88, presentado el 17 de marzo pasado a la Asamblea por la ministra de Gobierno y Justicia, fue elaborado por el Consejo de Gabinete y no por la propia Corte Suprema, la cual disfruta de la misma iniciativa legislativa que posee el Gabinete conforme al artículo 159 de nuestra Constitución.
Continúa el magistrado afirmando, y cito, que "el Pleno de la Corte Suprema debatió este proyecto en su sesión del 8 de abril y la opinión mayoritaria de sus miembros fue que la Sala
