Los derechos humanos no son concesiones
Los Derechos Humanos, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer algunos, no son concesiones de los gobernantes. Son bienes jurídicos exigibles a un Estado, herramientas del constitucionalismo para establecer límites al poder estatal, son medios que buscan contener los abusos del poder.
Todo Estado moderno debe fundamentar su legitimidad en el respeto y la protección permanente de los Derechos Humanos, ello incluye los derechos económicos, sociales y culturales. Hacia allá se orienta el progresivo proceso de constitucionalización e internacionalización de los derechos y garantías fundamentales.
¿Por qué en Panamá se insiste en hacernos creer que los Convenios y Pactos de Derechos Humanos solo tienen una dimensión simbólica? ¿Por qué los funcionarios judiciales siguen sin considerar los Pactos de Derechos Humanos como derecho aplicable? ¿Por qué hay autoridades que insisten en obstaculizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos?
La reciente aprobación del proyecto del Ejecutivo que permite una injerencia permanente a la vida privada de los usuarios de las telecomunicaciones en nuestro país y que abre las puertas en materia de intercepción arbitraria de comunicaciones; la postergación de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio; la nueva legislación sobre menores; el no respetar que los miembros de la fuerza pública tienen los mismos derechos constitucionales y humanos que se reconocen y deben garantizar a toda la población; las cada vez más frecuentes violaciones a diversas garantías fundamentales por parte de las autoridades de los Órganos del Estado, nos colocan a los ciudadanos en una posición desventajosa con relación a derechos y libertades que nos pertenecen y que no pueden ser manejados como “concesiones gubernamentales”.
Nadie duda que combatir la delincuencia y el crimen no sea un fin legítimo. No obstante el Gobierno centra su postura solo en la legitimidad del fin, soslayando el necesario debate con la sociedad respecto de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas que va tomando. El debate, propio de una sociedad democrática y pluralista, es más que necesario si queremos seguir viviendo en un país -cada día- más democrático y cada día más respetuoso de las libertades ciudadanas.
Debemos redoblar los esfuerzos por fortalecer la educación en Derechos Humanos y en valores democráticos. La libertad de expresión y el derecho a la información, la libertad de reunión, el derecho a recibir protección ante la Ley, la libertad religiosa y de conciencia, el derecho al debido proceso, el respeto a la vida y a la integridad personal, el derecho a la educación, a la salud, son algunos de los derechos y libertades que conforman las democracias.
Las violaciones a estos derechos y libertades son una forma de ejercer, mantener y reproducir la violencia en una sociedad y, eso es lo que no queremos.
