Los desaparecidos y META
Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como cosa inútil" Ps: 31,12. Uno de los muchos abusos criminales perpetrado por la dictadura de Torrijos, lo fue el de librarse de decenas de sus adversarios políticos por medio de la desaparición forzosa. Uno de los temas que no mencionan para nada en su arreglo META las cúpulas del PRD y del PDC es el tema de los desaparecidos y de lo ocurrido con las víctimas del régimen que imperó del 11 de octubre de 1968 al 20 de diciembre de 1989.
Los hallazgos de restos humanos -hace ya más de un año- en los terrenos del antiguo cuartel de "Los Pumas" en Tocumen, han sido manejados con sumo sigilo y más bien en el terreno del "encubrimiento" por parte del Ministerio Público, dirigido por un connotado (ya no afiliado) demócrata cristiano. Resulta curioso que sea ahora -y no antes que se dé el META- que Arias Calderón se pronuncie "ex- cátedra", con aquello de: "El futuro no puede ser prisionero de la memoria, aunque ésta siga viva y el recuerdo intacto"; justamente en momentos en que muchos no logramos "conseguir apartar del pasado, del presente, ni del futuro a Heliodoro Portugal, Jesús Héctor Gallego, Floyd Briton, Dorita Moreno, Carlos Baúles y tantas otras personas asesinadas y desaparecidas. Como si el absurdo fuese doctrina incuestionable, como si todos desconociéramos la historia y la memoria que en ella se revela, como si por arte de magia se pudieran borrar todas las alianzas realizadas por la democracia cristiana internacional con gobiernos militares, como si ellos mismos, no hubieran estado a la cabeza de represivos gobiernos en América latina y más allá del continente, como si la memoria no existiera, o la pudiéramos ocultar".
La identificación -contra la voluntad del Procurador- de los restos de Heliodoro Portugal, hace obligatorio que precisemos algunas cosas y que seamos cada vez más exigentes en la lucha contra la impunidad. Ante todo, tengamos muy presente que la desaparición forzada es un típico crimen de Estado. Contrariamente al secuestro, desaparición forzada se configura desde el momento en que funcionarios públicos u oficiales actúan como autores materiales, provocadores o cómplices primarios.
La desaparición forzada se da aún cuando la aprehensión del sujeto pasivo no sea ilegal o arbitraria y, por lo general, sus autores por acción u omisión lo que buscan es ejecutar otros delitos, ocultar su comisión o asegurar la impunidad para sus autores. En otras palabras, tan responsables son los que desaparecieron compatriotas durante la dictadura, como los que ahora o no investigan o tratan de lavarle la cara a los autores o cómplices intelectuales o materiales de esos hechos. Las desapariciones forzadas son, además, una técnica de terror que viola, entre otros, los Derechos Humanos a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a la seguridad personal y al régimen humanitario de detención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, se ha pronunciado al respecto de la siguiente forma: "Estos procedimientos son crueles e inhumanos y constituyen no sólo una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la persona."
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o involuntarias, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 33/173 del 20 de diciembre de 1976, originó la creación de nuevos mecanismos dedicados específicamente al combate de esa práctica. Por su parte, mediante Resolución 666 en su XIII Asamblea, la OEA resolvió declarar que "la práctica de la desaparición forzosa de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".
Los artilugios a los cuales han recurrido hasta ahora, tanto las autoridades del Ministerio Público y del "rgano Judicial, como los órganos Legislativo y Ejecutivo, para no abordar con ánimo humanitario sus tareas en este tema de las desapariciones, y recabar la cooperación de todos los interesados para poder así investigar la autoría del centenar de desapariciones denunciadas y determinar la responsabilidad del Estado al respecto son, por decir lo menos, inquietantes. Existe el informe de la misión in loco que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Panamá, que recopiló y analizó la responsabilidad de los gobernantes panameños en los hechos comprobados. Resulta impostergable, entonces, que el Estado panameño asuma sin vacilaciones la obligación de investigar los hechos y castigar a los responsables, de informar a los familiares de la suerte de los desaparecidos y de indemnizar a la familia de las víctimas. Exijamos una Comisión Nacional de la Verdad.
Los hallazgos de restos humanos -hace ya más de un año- en los terrenos del antiguo cuartel de "Los Pumas" en Tocumen, han sido manejados con sumo sigilo y más bien en el terreno del "encubrimiento" por parte del Ministerio Público, dirigido por un connotado (ya no afiliado) demócrata cristiano. Resulta curioso que sea ahora -y no antes que se dé el META- que Arias Calderón se pronuncie "ex- cátedra", con aquello de: "El futuro no puede ser prisionero de la memoria, aunque ésta siga viva y el recuerdo intacto"; justamente en momentos en que muchos no logramos "conseguir apartar del pasado, del presente, ni del futuro a Heliodoro Portugal, Jesús Héctor Gallego, Floyd Briton, Dorita Moreno, Carlos Baúles y tantas otras personas asesinadas y desaparecidas. Como si el absurdo fuese doctrina incuestionable, como si todos desconociéramos la historia y la memoria que en ella se revela, como si por arte de magia se pudieran borrar todas las alianzas realizadas por la democracia cristiana internacional con gobiernos militares, como si ellos mismos, no hubieran estado a la cabeza de represivos gobiernos en América latina y más allá del continente, como si la memoria no existiera, o la pudiéramos ocultar".
La identificación -contra la voluntad del Procurador- de los restos de Heliodoro Portugal, hace obligatorio que precisemos algunas cosas y que seamos cada vez más exigentes en la lucha contra la impunidad. Ante todo, tengamos muy presente que la desaparición forzada es un típico crimen de Estado. Contrariamente al secuestro, desaparición forzada se configura desde el momento en que funcionarios públicos u oficiales actúan como autores materiales, provocadores o cómplices primarios.
La desaparición forzada se da aún cuando la aprehensión del sujeto pasivo no sea ilegal o arbitraria y, por lo general, sus autores por acción u omisión lo que buscan es ejecutar otros delitos, ocultar su comisión o asegurar la impunidad para sus autores. En otras palabras, tan responsables son los que desaparecieron compatriotas durante la dictadura, como los que ahora o no investigan o tratan de lavarle la cara a los autores o cómplices intelectuales o materiales de esos hechos. Las desapariciones forzadas son, además, una técnica de terror que viola, entre otros, los Derechos Humanos a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a la seguridad personal y al régimen humanitario de detención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, se ha pronunciado al respecto de la siguiente forma: "Estos procedimientos son crueles e inhumanos y constituyen no sólo una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la persona."
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o involuntarias, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 33/173 del 20 de diciembre de 1976, originó la creación de nuevos mecanismos dedicados específicamente al combate de esa práctica. Por su parte, mediante Resolución 666 en su XIII Asamblea, la OEA resolvió declarar que "la práctica de la desaparición forzosa de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".
Los artilugios a los cuales han recurrido hasta ahora, tanto las autoridades del Ministerio Público y del "rgano Judicial, como los órganos Legislativo y Ejecutivo, para no abordar con ánimo humanitario sus tareas en este tema de las desapariciones, y recabar la cooperación de todos los interesados para poder así investigar la autoría del centenar de desapariciones denunciadas y determinar la responsabilidad del Estado al respecto son, por decir lo menos, inquietantes. Existe el informe de la misión in loco que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Panamá, que recopiló y analizó la responsabilidad de los gobernantes panameños en los hechos comprobados. Resulta impostergable, entonces, que el Estado panameño asuma sin vacilaciones la obligación de investigar los hechos y castigar a los responsables, de informar a los familiares de la suerte de los desaparecidos y de indemnizar a la familia de las víctimas. Exijamos una Comisión Nacional de la Verdad.
