Los dioses y los mesías jurídicos
Desde ante que el Organo Ejecutivo hubiese remitido a la Asamblea Nacional los proyectos de Código Penal y Procesal Penal ya éstos se habían enfrentado a críticas de diversos sectores de la comunidad jurídica que consideraban que los mismos no llenaban las expectativas necesarias al faltarles la adecuada "concordancia constitucional" y limitarse a ser una mala copia de legislaciones de otras latitudes. Frente a estas críticas, los propulsores de los proyectos no se han limitado a defenderlos sino que han empezado a atacar de manera desdeñable a todo aquel que piense diferente a ellos y tratando de evitar un debate que enriquezca el sistema de justicia en Panamá a favor de los ciudadanos.
Para esos macarras jurídicos, autodenominados "dioses del olimpo panameño", les es incomprensible el significado de los términos debate y transparencia, tan propios en un régimen democrático. Para ellos debate significa que los demás debemos seguirles a pie juntillas y sin discusión, cual borregos guiado por su "buen pastor" y transparencia la aprobación a tambor batiente de sus "originales" ideas.
Es lamentable que en Panamá unos cuantos tengan secuestrado el derecho de opinar y participar en elaboración de documentos jurídicos que deben guiar la conducta jurídica de los asociados. Son los mismos que, plagiando textos extranjeros, piensan que tienen la solución para los males de nuestro sistema de justicia. Ellos crean códigos para los suizos, olvidándose de nuestra idiosincrasia y sin tener la menor idea de los costos en que debe incurrir el Estado para sufragar todas aquellas "novedades jurídicas" que han de incorporarse a nuestro sistema.
Sin dudas, ambos proyectos de códigos dejan mucho que desear y las críticas recibidas deben ser atendidas oportunamente para evitar errores que pudiesen hacernos retroceder en nuestras garantías constitucionales individuales y, asimismo, sus creadores deben empezar a reconocer los errores y las limitaciones de ambos textos y propiciar un debate amplio que permita una modernización en la justicia penal.
A estos iluminados defensores de los proyectos hay que recordarles que en el debate no se incluye el agravio gratuito y que el respeto de las ideas ajenas, se compartan o no, es parte de la democracia. Los cambios jurídicos que requiere nuestro sistema de justicia deben ser integrales y cónsonos a nuestras realidades sociales y presupuestarias, ya que de lo contrario las voces de insatisfacción ciudadana seguirán escuchándose muy a pesar de nuestros dioses y mesías jurídicos.
Para esos macarras jurídicos, autodenominados "dioses del olimpo panameño", les es incomprensible el significado de los términos debate y transparencia, tan propios en un régimen democrático. Para ellos debate significa que los demás debemos seguirles a pie juntillas y sin discusión, cual borregos guiado por su "buen pastor" y transparencia la aprobación a tambor batiente de sus "originales" ideas.
Es lamentable que en Panamá unos cuantos tengan secuestrado el derecho de opinar y participar en elaboración de documentos jurídicos que deben guiar la conducta jurídica de los asociados. Son los mismos que, plagiando textos extranjeros, piensan que tienen la solución para los males de nuestro sistema de justicia. Ellos crean códigos para los suizos, olvidándose de nuestra idiosincrasia y sin tener la menor idea de los costos en que debe incurrir el Estado para sufragar todas aquellas "novedades jurídicas" que han de incorporarse a nuestro sistema.
Sin dudas, ambos proyectos de códigos dejan mucho que desear y las críticas recibidas deben ser atendidas oportunamente para evitar errores que pudiesen hacernos retroceder en nuestras garantías constitucionales individuales y, asimismo, sus creadores deben empezar a reconocer los errores y las limitaciones de ambos textos y propiciar un debate amplio que permita una modernización en la justicia penal.
A estos iluminados defensores de los proyectos hay que recordarles que en el debate no se incluye el agravio gratuito y que el respeto de las ideas ajenas, se compartan o no, es parte de la democracia. Los cambios jurídicos que requiere nuestro sistema de justicia deben ser integrales y cónsonos a nuestras realidades sociales y presupuestarias, ya que de lo contrario las voces de insatisfacción ciudadana seguirán escuchándose muy a pesar de nuestros dioses y mesías jurídicos.
