Los errores de las políticas intervencionistas
La experiencia de algunos países desarrollados indica que las políticas industriales pueden promover el crecimiento de la actividad económica y el surgimiento de industrias de alta tecnología. Es bien conocido que los elementos esenciales incluyen una fuerza de trabajo dotada de habilidades necesarias, empresas privadas dispuestas a invertir su dinero en aventuras riesgosas, y una competencia vigorosa entre los productores. Pero también existen evidencias de que las políticas intervencionistas ayudan a estimular las industrias nacionales por medio de los subsidios, la garantía de mercados de exportación y la creación de barreras formales contra las importaciones.
De cualquier forma, en la literatura hay numerosos casos de errores en la conducción de una política industrial intervencionista. El primer error es la facilidad con que algunos industriales y cabilderos, en combinación con la inherencia de funcionarios públicos, pudieran escoger industrias que parecen impulsar el prestigio nacional pero que cuentan con pocos mercados potenciales para una industria nacional subdesarrollada. Una solución a este problema es dejar que instituciones comprometidas con el bienestar colectivo y que se manejen con transparencia, honestidad y equidad, como es el caso de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), determinen objetiva y técnicamente, con escasa o ninguna ayuda de los industriales influyentes o de funcionarios subordinados a ellos, teniendo en cuenta solamente factores como el grado de competencia de la industria resultante, el costo para los consumidores, y la posibilidad de aumentar el bienestar nacional.
Otro error deriva del hecho que la protección de una industria en particular podría perjudicar a una industria usuaria que compre sus productos. La industria usuaria podría estar naturalmente protegida contra las importaciones porque fabrica productos que no participan en el mercado internacional. Pero si la industria usuaria exporta sus productos o compite con las importaciones, el hecho de obligarla a pagar más por sus insumos sin duda sería perjudicial a largo plazo. La protección de una industria podría eliminar también la competencia que parece necesaria para el desarrollo internacional de empresas exitosas. Sin contar con una competencia interna, las empresas de la industria a menudo parecen incapaces para desarrollarse en la media necesaria para sobrevivir sin barreras comerciales. Es posible que las economías pequeñas como Panamá no tengan mercados suficientemente grandes para varias firmas que produzcan a niveles económicamente eficientes, desde el punto de vista económico. Sin embargo, puede resultar difícil que se tenga protección y al mismo tiempo se promueva la competencia interna.
Otro error de una política industrial intervencionista es el intento de desarrollar una industria antes de que el resto de la economía pueda soportarla. Una industria nacional de computadoras exitosa parece requerir una avanzada industria nacional de semiconductores y una capacidad técnica de los trabajadores; una industria nacional agrícola debe contar con una excelente fuente nacional de fertilizantes y agroquímicos; una industria exitosa de fabricación de aviones necesita proveedores que puedan producir metales tecnológicamente refinados. Esto sugiere que las políticas industriales podrán hacer sólo una contribución marginal al desarrollo económico y que la promoción de industrias específicas sólo tendrá éxito si al mismo tiempo se desarrollan las industrias soporte.
Si el objetivo de la política industrial es lograr un avance tecnológico amplio, el gasto en la educación técnica de los trabajadores y en incentivos generales para la investigación aplicada podría ser más eficaz que la simple protección o la promoción limitada de unas cuantas industrias. Aunque las políticas industriales intervencionistas pudieran tener éxito en el desarrollo de las industrias, debemos recordar que tales políticas no son gratuitas. Los subsidios, los aranceles y las cuotas se miden con facilidad, pero la protección contra las importaciones también cuestan algo a las industrias usuarias y a los consumidores individuales que deben pagar más por los productos nacionales protegidos. La protección puede ayudar a la industria favorecida, pero impone costos al resto de la economía. Es fácil que las empresas de las industrias promovidas o subsidiadas vean los beneficios de la protección, pero los demás tendremos que advertir que todos los consumidores vamos a pagar los costos.
Nuestra opinión es que la política industrial debe analizarse bajo el prisma del bienestar colectivo. En este sentido, la Ley 29 de 1996 ofrece el mecanismo de las medidas de salvaguardia por medio del cual las industrias podrán ser favorecidas por un tiempo definido, siempre que se comprometan a modernizar y mejorar sus condiciones, de forma que sus productos sean más competitivos en el mercado. De lo contrario, caeríamos en el peor error de las políticas intervencionistas de patrocinar la ineficiencia con la excusa de que la industria está siendo afectada y puede desaparecer. No podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores del pasado y que hayamos aprendido nada de la experiencia de más de medio siglo de protección intervencionista.
Esta oportunidad es propicia para reiterar nuestro compromiso de aumentar el bienestar de todos los panameños mediante el fortalecimiento de una economía de libre mercado, promoviendo la competencia entre los productores. Es por eso que felicitamos a aquellos productores nacionales que son competitivos y que se han preparado para enfrentar las nuevas tendencias mundiales, compitiendo en el mercado nacional con los productos importados y exportando en buenas condiciones de competitividad. Además, en nuestra función de orientar y educar, recomendamos a los consumidores que compren productos de aquellas industrias que ofrecen precios competitivos, buena calidad y excelente servicio.
En lo que respecta al productor ineficiente que se siente afectado por las importaciones, les repetimos una vez más que la Ley 29 de 1996 contempla las medidas de protección temporal para que ese productor o industria pueda generar las condiciones para ser competitivo, siempre y cuando esas importaciones se comprueben que amenazan o causan daño al productor nacional o a la industria y ofrezca un plan de reconversión que lo torne más eficiente y competitivo. Si a estas alturas, todavía siguen insistiendo en una intervención injustificada, podemos concebir que existe un desconocimiento por parte estos productores sobre las leyes que rigen la materia de comercio internacional. Y si es así, podríamos decir que "aunque la mona la vistan de seda, mona queda"
De cualquier forma, en la literatura hay numerosos casos de errores en la conducción de una política industrial intervencionista. El primer error es la facilidad con que algunos industriales y cabilderos, en combinación con la inherencia de funcionarios públicos, pudieran escoger industrias que parecen impulsar el prestigio nacional pero que cuentan con pocos mercados potenciales para una industria nacional subdesarrollada. Una solución a este problema es dejar que instituciones comprometidas con el bienestar colectivo y que se manejen con transparencia, honestidad y equidad, como es el caso de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), determinen objetiva y técnicamente, con escasa o ninguna ayuda de los industriales influyentes o de funcionarios subordinados a ellos, teniendo en cuenta solamente factores como el grado de competencia de la industria resultante, el costo para los consumidores, y la posibilidad de aumentar el bienestar nacional.
Otro error deriva del hecho que la protección de una industria en particular podría perjudicar a una industria usuaria que compre sus productos. La industria usuaria podría estar naturalmente protegida contra las importaciones porque fabrica productos que no participan en el mercado internacional. Pero si la industria usuaria exporta sus productos o compite con las importaciones, el hecho de obligarla a pagar más por sus insumos sin duda sería perjudicial a largo plazo. La protección de una industria podría eliminar también la competencia que parece necesaria para el desarrollo internacional de empresas exitosas. Sin contar con una competencia interna, las empresas de la industria a menudo parecen incapaces para desarrollarse en la media necesaria para sobrevivir sin barreras comerciales. Es posible que las economías pequeñas como Panamá no tengan mercados suficientemente grandes para varias firmas que produzcan a niveles económicamente eficientes, desde el punto de vista económico. Sin embargo, puede resultar difícil que se tenga protección y al mismo tiempo se promueva la competencia interna.
Otro error de una política industrial intervencionista es el intento de desarrollar una industria antes de que el resto de la economía pueda soportarla. Una industria nacional de computadoras exitosa parece requerir una avanzada industria nacional de semiconductores y una capacidad técnica de los trabajadores; una industria nacional agrícola debe contar con una excelente fuente nacional de fertilizantes y agroquímicos; una industria exitosa de fabricación de aviones necesita proveedores que puedan producir metales tecnológicamente refinados. Esto sugiere que las políticas industriales podrán hacer sólo una contribución marginal al desarrollo económico y que la promoción de industrias específicas sólo tendrá éxito si al mismo tiempo se desarrollan las industrias soporte.
Si el objetivo de la política industrial es lograr un avance tecnológico amplio, el gasto en la educación técnica de los trabajadores y en incentivos generales para la investigación aplicada podría ser más eficaz que la simple protección o la promoción limitada de unas cuantas industrias. Aunque las políticas industriales intervencionistas pudieran tener éxito en el desarrollo de las industrias, debemos recordar que tales políticas no son gratuitas. Los subsidios, los aranceles y las cuotas se miden con facilidad, pero la protección contra las importaciones también cuestan algo a las industrias usuarias y a los consumidores individuales que deben pagar más por los productos nacionales protegidos. La protección puede ayudar a la industria favorecida, pero impone costos al resto de la economía. Es fácil que las empresas de las industrias promovidas o subsidiadas vean los beneficios de la protección, pero los demás tendremos que advertir que todos los consumidores vamos a pagar los costos.
Nuestra opinión es que la política industrial debe analizarse bajo el prisma del bienestar colectivo. En este sentido, la Ley 29 de 1996 ofrece el mecanismo de las medidas de salvaguardia por medio del cual las industrias podrán ser favorecidas por un tiempo definido, siempre que se comprometan a modernizar y mejorar sus condiciones, de forma que sus productos sean más competitivos en el mercado. De lo contrario, caeríamos en el peor error de las políticas intervencionistas de patrocinar la ineficiencia con la excusa de que la industria está siendo afectada y puede desaparecer. No podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores del pasado y que hayamos aprendido nada de la experiencia de más de medio siglo de protección intervencionista.
Esta oportunidad es propicia para reiterar nuestro compromiso de aumentar el bienestar de todos los panameños mediante el fortalecimiento de una economía de libre mercado, promoviendo la competencia entre los productores. Es por eso que felicitamos a aquellos productores nacionales que son competitivos y que se han preparado para enfrentar las nuevas tendencias mundiales, compitiendo en el mercado nacional con los productos importados y exportando en buenas condiciones de competitividad. Además, en nuestra función de orientar y educar, recomendamos a los consumidores que compren productos de aquellas industrias que ofrecen precios competitivos, buena calidad y excelente servicio.
En lo que respecta al productor ineficiente que se siente afectado por las importaciones, les repetimos una vez más que la Ley 29 de 1996 contempla las medidas de protección temporal para que ese productor o industria pueda generar las condiciones para ser competitivo, siempre y cuando esas importaciones se comprueben que amenazan o causan daño al productor nacional o a la industria y ofrezca un plan de reconversión que lo torne más eficiente y competitivo. Si a estas alturas, todavía siguen insistiendo en una intervención injustificada, podemos concebir que existe un desconocimiento por parte estos productores sobre las leyes que rigen la materia de comercio internacional. Y si es así, podríamos decir que "aunque la mona la vistan de seda, mona queda"
