Los excedentes del Canal no existen
CONTINUAR hablando de los "excedentes del Canal" es seguir fomentando el consumo de una especie sin fundamento. El Canal no tiene excedentes. La operación del Canal produce ingresos que tienen un destino predeterminado, establecido en la Constitución. Hablar de excedentes, es como decir que el Canal produce dinero que sobra, lo que, aparte de falso, es totalmente absurdo.
El Istmo de Panamá fue escogido para construir un canal que comunicara los océanos Atlántico y Pacífico por la sencillísima razón de que era la ruta más conveniente, tanto por ser la más corta como la más segura. Cuando los franceses iniciaron la obra, Panamá no existía como país independiente y nada tuvimos la oportunidad de decir sobre la decisión de construirlo. Creada la República de Panamá, cuando escasamente teníamos dos semanas de "vida independiente", por una monumental trapisonda, "los garantes de nuestra independencia" nos impusieron un tratado que mutiló nuestra soberanía; cercenó 500 millas cuadradas de nuestro territorio, parte del cual se utilizó para construir el Canal, y que pasó a ser administrado, a perpetuidad, por los Estados Unidos "como si fueran soberanos".
¿Qué recibimos a cambio del despojo de que fuimos víctimas? La migaja de una anualidad de 250,000 dólares anuales. Por ello, por décadas, los panameños luchamos para sustituir esa relación leonina por una nueva situación que, primero, nos compensará adecuadamente "como socios" de una empresa que producía considerables ganancias y, segundo, nos devolviera el control soberano de nuestro territorio, incluida la administración y explotación del Canal.
Los tratados de 1977, que entraron en vigor en 1979, son, esencialmente, la reparación de una injusticia que se prolongó por 97 años, de la que sólo comenzamos a resarcirnos cuando el 31 de diciembre de 1999, recuperamos el control y la administración de la totalidad de nuestro territorio y asumimos la propiedad y la explotación comercial del Canal.
El derecho de la Nación panameña de recibir los beneficios económicos que produce el Canal es la justa compensación por habérsenos privado, injustamente y por 97 años, del patrimonio que representa nuestra privilegiada posición geográfica. El valor comercial del Canal es un patrimonio inalienable de la Nación. Le pertenece a todos y cada uno de los panameños. Por consiguiente, todos los ingresos que produce, también le pertenecen a la Nación. Descontados los gastos necesarios para su administración (que son excesivos y que, en algún momento habrá que revisar), funcionamiento y conservación, la diferencia, íntegra, debe pasar a formar parte de los ingresos que deben incluirse en el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos.
Como señalaba al principio, de un tiempo a esta parte, se ha puesto de moda hablar de los excedentes del Canal. Y con base en esa absurda categorización se ha generado toda una teoría que pretende institucionalizar, basada en un sofisma, la segregación inconstitucional de parte de los ingresos del Canal para, supuestamente, atender la llamada "deuda social", mediante la creación de "un fondo" que será administrado y manejado, separadamente, por una Junta
Directiva nombrada por el Presidente de la República.
Los ingresos que produce la explotación del Canal deben seguir formando parte del capítulo de ingresos del Presupuesto Nacional. El pretexto de que por la vía invocada se evitaría que se pierdan en el Presupuesto General, porque "los panameños no perciben en su real dimensión los beneficios del Canal", como se dijo en ATLAPA el pasado 24 de abril, es una falacia que, aparte de revelar la incompetencia gubernamental, que debemos registrar, para lograr que los fondos presupuestarios lleguen al pueblo, de ninguna manera puede ser pretexto para inventar vericuetos inconstitucionales, mediante la utilización de vías extra presupuestarias, manejadas con "controles más flexibles o sin control alguno", a capricho del gobernante de turno.
En Panamá, por disposición constitucional, todos los ingresos y todos los gastos del gobierno deben incluirse en el Presupuesto General del Estado. Y no se harán gastos que no estén previstos en el mismo. Romper ese sano principio, que evita la disposición alegre y sin control de los dineros públicos es sumamente peligroso. Y tratándose de los ingresos que genera la explotación del Canal debiéramos ser aún más cuidadosos. La naturaleza de ese patrimonio y los sacrificios que fueron necesarios para materializarlo nos obligan a ser doblemente cautelosos con su utilización.
Si los fondos públicos registrados en el Presupuesto se gastan mal, como admite el gobierno con tal de justificar su aventura extra presupuestaria, lo que se impone es hacerlo bien y explicarle al país en qué se gastan, pero no recurrir a la demagogia populista. De ella ya sufrimos bastante, y todavía seguimos pagando las consecuencias. Y lo que menos necesitamos es revivirla.
El Istmo de Panamá fue escogido para construir un canal que comunicara los océanos Atlántico y Pacífico por la sencillísima razón de que era la ruta más conveniente, tanto por ser la más corta como la más segura. Cuando los franceses iniciaron la obra, Panamá no existía como país independiente y nada tuvimos la oportunidad de decir sobre la decisión de construirlo. Creada la República de Panamá, cuando escasamente teníamos dos semanas de "vida independiente", por una monumental trapisonda, "los garantes de nuestra independencia" nos impusieron un tratado que mutiló nuestra soberanía; cercenó 500 millas cuadradas de nuestro territorio, parte del cual se utilizó para construir el Canal, y que pasó a ser administrado, a perpetuidad, por los Estados Unidos "como si fueran soberanos".
¿Qué recibimos a cambio del despojo de que fuimos víctimas? La migaja de una anualidad de 250,000 dólares anuales. Por ello, por décadas, los panameños luchamos para sustituir esa relación leonina por una nueva situación que, primero, nos compensará adecuadamente "como socios" de una empresa que producía considerables ganancias y, segundo, nos devolviera el control soberano de nuestro territorio, incluida la administración y explotación del Canal.
Los tratados de 1977, que entraron en vigor en 1979, son, esencialmente, la reparación de una injusticia que se prolongó por 97 años, de la que sólo comenzamos a resarcirnos cuando el 31 de diciembre de 1999, recuperamos el control y la administración de la totalidad de nuestro territorio y asumimos la propiedad y la explotación comercial del Canal.
El derecho de la Nación panameña de recibir los beneficios económicos que produce el Canal es la justa compensación por habérsenos privado, injustamente y por 97 años, del patrimonio que representa nuestra privilegiada posición geográfica. El valor comercial del Canal es un patrimonio inalienable de la Nación. Le pertenece a todos y cada uno de los panameños. Por consiguiente, todos los ingresos que produce, también le pertenecen a la Nación. Descontados los gastos necesarios para su administración (que son excesivos y que, en algún momento habrá que revisar), funcionamiento y conservación, la diferencia, íntegra, debe pasar a formar parte de los ingresos que deben incluirse en el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos.
Como señalaba al principio, de un tiempo a esta parte, se ha puesto de moda hablar de los excedentes del Canal. Y con base en esa absurda categorización se ha generado toda una teoría que pretende institucionalizar, basada en un sofisma, la segregación inconstitucional de parte de los ingresos del Canal para, supuestamente, atender la llamada "deuda social", mediante la creación de "un fondo" que será administrado y manejado, separadamente, por una Junta
Directiva nombrada por el Presidente de la República.
Los ingresos que produce la explotación del Canal deben seguir formando parte del capítulo de ingresos del Presupuesto Nacional. El pretexto de que por la vía invocada se evitaría que se pierdan en el Presupuesto General, porque "los panameños no perciben en su real dimensión los beneficios del Canal", como se dijo en ATLAPA el pasado 24 de abril, es una falacia que, aparte de revelar la incompetencia gubernamental, que debemos registrar, para lograr que los fondos presupuestarios lleguen al pueblo, de ninguna manera puede ser pretexto para inventar vericuetos inconstitucionales, mediante la utilización de vías extra presupuestarias, manejadas con "controles más flexibles o sin control alguno", a capricho del gobernante de turno.
En Panamá, por disposición constitucional, todos los ingresos y todos los gastos del gobierno deben incluirse en el Presupuesto General del Estado. Y no se harán gastos que no estén previstos en el mismo. Romper ese sano principio, que evita la disposición alegre y sin control de los dineros públicos es sumamente peligroso. Y tratándose de los ingresos que genera la explotación del Canal debiéramos ser aún más cuidadosos. La naturaleza de ese patrimonio y los sacrificios que fueron necesarios para materializarlo nos obligan a ser doblemente cautelosos con su utilización.
Si los fondos públicos registrados en el Presupuesto se gastan mal, como admite el gobierno con tal de justificar su aventura extra presupuestaria, lo que se impone es hacerlo bien y explicarle al país en qué se gastan, pero no recurrir a la demagogia populista. De ella ya sufrimos bastante, y todavía seguimos pagando las consecuencias. Y lo que menos necesitamos es revivirla.
