Los grandes negocios en el ocaso de un gobierno PRD

El ambiente no es favorable para que los panameños iniciemos un debate sobre la venta de acciones que el Estado panameño posee en las empresas privatizadas de telefonía y mucho menos en el sector energético a pesar de las grandes necesidades existentes. Las respuestas de los candidatos presidenciales de la oposición han sido contundentes al señalar que no existe el ambiente adecuado para discutir el tema.

Hay que recordar que las acciones estatales en las empresas privatizadas, al igual que los activos del Canal de Panamá, son recursos propiedad de todos los panameños y no de una cúpula minúscula, ni de ningún partido político. Meterle la mano a estos activos no es lo más conveniente y sería una acción sin el aval de la ciudadanía que en estos momentos desconfía en la administración pública por la falta de cumplimiento de las promesas electorales hechas en la campaña pasada en materia de salud, seguridad y empleo. ¿Por qué cambiar las reglas del juego repentinamente?

A todas luces ese rejuego político es peligroso, puesto que en mayo del próximo año se elegirán a las nuevas autoridades que nos gobernarán en el quinquenio 2009-2014.

Por otro lado, la intención gubernamental de adjudicar en forma directa la concesión para la construcción y administración de un megapuerto en la entrada pacífico de la vía interoceánica, resulta descabellada y deja mucho que decir por la falta de transparencia.

Sería bueno investigar qué intereses ocultos están detrás de esta concesión que no ha cumplido con las reglas de licitación pública que establece el Código Fiscal para la adjudicación de este tipo de proyectos. ¡Hasta cuándo los panameños que pagamos impuestos tendremos que aguantar actos que violan a todas luces la seguridad jurídica".

Las autoridades deben reflexionar al respecto, porque el pueblo se encargará de pasarle la factura a quienes no se desempeñen en forma legal y transparente en este último año de gobierno. ¿Cómo es posible que se desestime la licitación internacional para la adjudicación del megapuerto? La contratación directa deja mucho que decir de las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Frente a lo expuesto, consideramos que se hace necesario reconsiderar la medida y postergarla hasta la próxima administración con el fin de que el nombre de Panamá no sea blanco de severos cuestionamientos.

Señores, necesitamos que el gobierno gestione con manos limpias, y que no se trate de hacer negocios a costa del poder con los intereses del Estado en las postrimerías de una administración que todos los panameños quisiéremos que termine pronto.