Los grandes problemas que nos esperan
AL PASAR LA EUFORIA de los carnavales, el panameño deberá meditar mucho sobre los problemas que tendrá que enfrentar en los próximos meses. Son ellos muy complejos y de difícil solución, que requerirán, para resolverlos, buena fe, desprendimiento y sobre todo, de la pequeñez y el egoísmo y mucho sentido común.
Ellos, no por su importancia, pues todos en una u otra forma la tienen, ni por las prioridades de las mismas no siguen en este análisis el orden que deben tener. Son: las regulaciones y ordenamientos del tránsito vehicular; el Sistema Unico de Salud; la justicia con las reformas relacionadas con la PTJ y la Sala Constitucional; el Plan de Desarrollo Nacional. Voy a referirme sucintamente, sin profundizar como se lo merecen, los temas anteriores que deben ser de atención colectiva.
Las regulaciones al transporte público, por los comentarios y medidas que se toman, nada indica que tendrán un cambio sustancial. Todo seguirá igual o tal vez peor. Se le harán algunos paliativos a la Ley que lo regula, pero ninguna reforma integral que resuelva el problema que desde hace cerca de 40 años viene afectando al usuario panameños. Las rutas para los autobuses ("Diablos Rojos") seguirán las mismas: continuará su otorgamiento siendo un botín político.
A los taxis o al servicio selectivo no creo que las reformas los afectará de modo alguno. La anarquía existente seguirá. Los taxistas van hoy día donde quieren y cuando quieren; cobran también lo que quieren y, son del color y el tamaño que a bien tienen. A pesar de que nuestra ciudad tiene más taxis per cápita en el mundo entero, carece de una regulación moderna y estricta. Por supuesto que los taxímetros no existen, ni existirán. Los poderosos intereses se imponen a cualquier cambio que pueda afectar los beneficios muy exagerados, por cierto, que tienen hoy día los taxistas.
Para agravar más la situación del tránsito en la urbe capitalina, se pretende introducir los "diablos rojos articulados" que congestionarán aún más los críticos "embotellamientos" existentes. Ya entraron en acción los políticos de siempre y los intereses de grupos privilegiados.
Las reformas a la Ley de la PTJ pasarán después de algunos debates intrascendentes con visos exclusivamente políticos. No existe, por parte de la oposición, la voluntad de introducirle al proyecto que se presentará reformas que busquen mejorar el sistema actual. Es posible que con las nuevas regulaciones se puedan lograr una mayor disciplina y eficiencia en el trabajo investigativo de la PTJ al tener la institución un solo "amo" y no dos como en el presente.
La nueva Sala Constitucional, que busca agilizar la grave y muy perjudicial mora judicial, fue creada por el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares y derogada por razones estrictamente políticas por la presidenta Mireya Moscoso. Sería muy positivo que los partidos políticos dejen a sus representantes en la Asamblea Nacional en libertad para actuar de acuerdo a sus conciencias y no siguiendo determinadas líneas.
En asuntos relacionados con la justicia, la política debe hacerse a una lado. No debe tratarse un tema con el argumento de que se busca con el cambio solamente el control político en la más alta institución de justicia del país, sino que deben tomarse en cuenta si la medida mejorará o no el sistema judicial tan deficiente y criticado por la opinión pública.
Considero que algunos partidos políticos de oposición cometen un grave error al no integrarse a los grupos que están diseñando una política nacional para el futuro del país.
Es necesario que los políticos y la sociedad civil se empinen sobre nimiedades y planteen a la ciudadanía con toda claridad sus puntos de vista.
Si se llega a un consenso, como debiera ser, y una de las partes o varias de ellas no cumplen con sus compromisos tendrán que explicarle a la opinión pública y al electorado sobre su proceder.
Los políticos no pueden dejarle un asunto que será responsabilidad de ellos exclusivamente a la sociedad civil, que en última instancia no es la que en una democracia tiene la responsabilidad de gobernar el país.
El Sistema ha provocado, como es lógico, la participación ciudadana. Cada cual exterioriza su manera de pensar en un asunto tan prioritario como es la salud para el panameños.
He manifestado, y creo no equivocarme, que el panameño es muy reacio a todo cambio y el Sistema Unico de Salud involucra una nueva concepción de como se debe dar la atención médica en el país.
Ante la controversia suscitada y aprovechando el trabajo realizado por distinguidos galenos, lo conveniente sería, en estos momentos, tener un "plan piloto" que tendría como base a una provincia o región y de allí, después de correcciones, ajustes y mejoras, ir ampliando el mismo a otras regiones.
Es preferible, en este delicado asunto, caminar y no correr.
Ellos, no por su importancia, pues todos en una u otra forma la tienen, ni por las prioridades de las mismas no siguen en este análisis el orden que deben tener. Son: las regulaciones y ordenamientos del tránsito vehicular; el Sistema Unico de Salud; la justicia con las reformas relacionadas con la PTJ y la Sala Constitucional; el Plan de Desarrollo Nacional. Voy a referirme sucintamente, sin profundizar como se lo merecen, los temas anteriores que deben ser de atención colectiva.
Las regulaciones al transporte público, por los comentarios y medidas que se toman, nada indica que tendrán un cambio sustancial. Todo seguirá igual o tal vez peor. Se le harán algunos paliativos a la Ley que lo regula, pero ninguna reforma integral que resuelva el problema que desde hace cerca de 40 años viene afectando al usuario panameños. Las rutas para los autobuses ("Diablos Rojos") seguirán las mismas: continuará su otorgamiento siendo un botín político.
A los taxis o al servicio selectivo no creo que las reformas los afectará de modo alguno. La anarquía existente seguirá. Los taxistas van hoy día donde quieren y cuando quieren; cobran también lo que quieren y, son del color y el tamaño que a bien tienen. A pesar de que nuestra ciudad tiene más taxis per cápita en el mundo entero, carece de una regulación moderna y estricta. Por supuesto que los taxímetros no existen, ni existirán. Los poderosos intereses se imponen a cualquier cambio que pueda afectar los beneficios muy exagerados, por cierto, que tienen hoy día los taxistas.
Para agravar más la situación del tránsito en la urbe capitalina, se pretende introducir los "diablos rojos articulados" que congestionarán aún más los críticos "embotellamientos" existentes. Ya entraron en acción los políticos de siempre y los intereses de grupos privilegiados.
Las reformas a la Ley de la PTJ pasarán después de algunos debates intrascendentes con visos exclusivamente políticos. No existe, por parte de la oposición, la voluntad de introducirle al proyecto que se presentará reformas que busquen mejorar el sistema actual. Es posible que con las nuevas regulaciones se puedan lograr una mayor disciplina y eficiencia en el trabajo investigativo de la PTJ al tener la institución un solo "amo" y no dos como en el presente.
La nueva Sala Constitucional, que busca agilizar la grave y muy perjudicial mora judicial, fue creada por el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares y derogada por razones estrictamente políticas por la presidenta Mireya Moscoso. Sería muy positivo que los partidos políticos dejen a sus representantes en la Asamblea Nacional en libertad para actuar de acuerdo a sus conciencias y no siguiendo determinadas líneas.
En asuntos relacionados con la justicia, la política debe hacerse a una lado. No debe tratarse un tema con el argumento de que se busca con el cambio solamente el control político en la más alta institución de justicia del país, sino que deben tomarse en cuenta si la medida mejorará o no el sistema judicial tan deficiente y criticado por la opinión pública.
Considero que algunos partidos políticos de oposición cometen un grave error al no integrarse a los grupos que están diseñando una política nacional para el futuro del país.
Es necesario que los políticos y la sociedad civil se empinen sobre nimiedades y planteen a la ciudadanía con toda claridad sus puntos de vista.
Si se llega a un consenso, como debiera ser, y una de las partes o varias de ellas no cumplen con sus compromisos tendrán que explicarle a la opinión pública y al electorado sobre su proceder.
Los políticos no pueden dejarle un asunto que será responsabilidad de ellos exclusivamente a la sociedad civil, que en última instancia no es la que en una democracia tiene la responsabilidad de gobernar el país.
El Sistema ha provocado, como es lógico, la participación ciudadana. Cada cual exterioriza su manera de pensar en un asunto tan prioritario como es la salud para el panameños.
He manifestado, y creo no equivocarme, que el panameño es muy reacio a todo cambio y el Sistema Unico de Salud involucra una nueva concepción de como se debe dar la atención médica en el país.
Ante la controversia suscitada y aprovechando el trabajo realizado por distinguidos galenos, lo conveniente sería, en estos momentos, tener un "plan piloto" que tendría como base a una provincia o región y de allí, después de correcciones, ajustes y mejoras, ir ampliando el mismo a otras regiones.
Es preferible, en este delicado asunto, caminar y no correr.
