Los malhechores y el debido proceso
La sociedad aplaude con sinceridad el éxito de las autoridades en la lucha contra el crimen. Un aplauso merecido, por ejemplo, para la Policía Nacional, dada su actuación rápida, tras el millonario asalto a una entidad bancaria local.
Los propios medios se movilizaron de manera rápida para hacer evidente la eficacia en cuestión. Dos situaciones, sin embargo, saltan a la vista con cierta preocupación: la primera, el tan socorrido debido proceso, en contraposición de la presentación ante el público de los sospechosos.
Se puede entender que el contundente golpe de la delincuencia exigía igual contundencia en la respuesta oficial. Se dice que las cintas de la cámara de seguridad ayudaron a delatar a los implicados, pero si los delincuentes fueron mostrados ante los medios, en el peor de los casos las cintas debieron correr igual suerte. De hecho, lo que ha sucedido fue el desarrollo mediático de un juicio que por la forma que asumió puede actuar en contra de las propias autoridades y frustrar la eficacia inicial que se ha querido mostrar.
No se trata de recurrir al llamado "derecho de los detenidos", que en los hechos se traduce en el derecho de los delincuentes, pero es que una cosa conlleva a la otra. Y así como la presentación de los sospechosos ante los medios puede violentar la presunción de inocencia que consagra el debido proceso, lo cierto es que la defensa de los sospechosos a través de los medios deja de lado el "derecho de las víctimas".
Bajo los repetidamente citados derechos humanos, que nadie osaría dejar de lado, pareciera que estamos empujando a la sociedad hacia la masoquista defensa de sus torturados, y abandonando a las víctimas en su tragedia. Es hora de que los profesionales de la abogacía pongan énfasis en el derecho de las víctimas. De lo contrario, estaremos institucionalizando la violencia y la agresión contra las personas honradas y trabajadoras. Santificando lo incorrecto, por temor, por irresponsabilidad o por cobardía.
Los propios medios se movilizaron de manera rápida para hacer evidente la eficacia en cuestión. Dos situaciones, sin embargo, saltan a la vista con cierta preocupación: la primera, el tan socorrido debido proceso, en contraposición de la presentación ante el público de los sospechosos.
Se puede entender que el contundente golpe de la delincuencia exigía igual contundencia en la respuesta oficial. Se dice que las cintas de la cámara de seguridad ayudaron a delatar a los implicados, pero si los delincuentes fueron mostrados ante los medios, en el peor de los casos las cintas debieron correr igual suerte. De hecho, lo que ha sucedido fue el desarrollo mediático de un juicio que por la forma que asumió puede actuar en contra de las propias autoridades y frustrar la eficacia inicial que se ha querido mostrar.
No se trata de recurrir al llamado "derecho de los detenidos", que en los hechos se traduce en el derecho de los delincuentes, pero es que una cosa conlleva a la otra. Y así como la presentación de los sospechosos ante los medios puede violentar la presunción de inocencia que consagra el debido proceso, lo cierto es que la defensa de los sospechosos a través de los medios deja de lado el "derecho de las víctimas".
Bajo los repetidamente citados derechos humanos, que nadie osaría dejar de lado, pareciera que estamos empujando a la sociedad hacia la masoquista defensa de sus torturados, y abandonando a las víctimas en su tragedia. Es hora de que los profesionales de la abogacía pongan énfasis en el derecho de las víctimas. De lo contrario, estaremos institucionalizando la violencia y la agresión contra las personas honradas y trabajadoras. Santificando lo incorrecto, por temor, por irresponsabilidad o por cobardía.
