Los medios de comunicación ante la Asamblea Legislativa
El H.L. Francisco J. Ameglio S. ha presentado para la consideración de la Asamblea Legislativa un Anteproyecto de Ley que merece la inmediata atención ciudadana. Fundamentalmente intenta restringir la "difusión de programas, o publicación de noticias, mensajes o propagandas que contengan pornografía, violencia gráfica y mutilación" y la "publicación de la identidad de cualquier víctima de la violencia" sin el consentimiento del "titular" o de alguno de sus parientes. Para abordar de frente lo que el H.L. Ameglio parece encontrar objetable, está claro que algunas gráficas que aparecen en la prensa amarilla y programas de televisión son de un gusto execrable y que ofenden las sensibilidades de muchos. En efecto, también yo me sentiría afectado por imágenes de parientes accidentados porque agregarían lesiones emocionales a las físicas.
El problema que enfrentamos, sin embargo, es si las gráficas y programas deben restringirse mediante legislación. Mi opinión es que no. Aparte de que es imposible legislar para imponer el buen gusto o eliminar el malo, estamos frente a una restricción a la libertad de expresión. Es innegable que muchas imágenes de mutilados por accidentes son espantosas. Aunque podría argumentarse que sirven de advertencia en contra del manejo desordenado, prefiero dejar a un lado ese argumento y ceñirme al principio del asunto. Esas imágenes son de hechos reales y ocurridos, gústenos o no, y la legítima actividad de los medios de comunicación es precisamente comunicar lo ocurrido. Por otra parte, el requisito de obtener el consentimiento por escrito para la publicación de la identidad de las víctimas no es viable, y una noticia sin nombres no es noticia. Además, como ya se ha mencionado en los medios en torno al mismo anteproyecto, ¿qué hubiese sucedido en el caso de las dramáticas fotos del ex presidente Endara y los ex vicepresidentes Ford y Arias Calderón? De la misma manera, tenemos los deportes violentos. No son de mi afición, pero debe aceptarse que sus aficionados tienen el derecho a los reportajes en los medios, que a menudo incluyen imágenes de sus partícipes ensangrentados. Cabe entonces preguntarse si éstas constituyen "violencia gráfica" y por lo tanto, si las alcanza el anteproyecto.
Tenemos también el caso de la pornografía, que el anteproyecto menciona sin más explicación. ¿Quién la define y cómo se define? No obstante, en caso de infracción por alguna empresa de medios, el anteproyecto impone multas que pueden ascender hasta diez veces el valor de la pauta publicitaria. Al contemplar una publicación o emisión, quedaría la empresa ante la obligación imposible de determinar de antemano si habría o no de violar una ley que no define los actos que sanciona. La pornografía no es un objeto físico fácilmente identificable. Es un concepto abstracto y lo que la constituye al fin y al cabo es una apreciación subjetiva y cultural, que cambia con las personas y con los tiempos. Lo que pueda serlo para unos no lo será para otros. Además, es difícil, si no imposible, trazar la línea entre la pornografía y la sexualidad. La excitación sexual ciertamente no es inmoral. La imagen que la pueda sugerir o inducir tampoco necesariamente lo es porque mucho dependerá de inclinaciones personales. En cualquier caso, y como quiera que se defina, hasta donde sé, nadie ha demostrado que la pornografía haga daño. Ofensiva bien puede serlo para muchos, pero ¿nociva?
Como se ha observado, el anteproyecto no define lo que sanciona, que incluye "pornografía" y "violencia gráfica", términos cuyo significado no es auto-evidente. Esta omisión lo impulsa hacia recios escollos formales, porque según la Constitución sólo pueden ser penados los delitos creados por ley. El anteproyecto le otorga al Ejecutivo la tarea de reglamentar la ley, pero este Órgano no podría definir dichos términos en el reglamento porque, de hacerlo, estaría creando hechos punibles, y eso no le compete. Quedan entonces tres posibilidades: una es que al discutir el anteproyecto los legisladores se aboquen a un interminable debate filosófico para lograr definiciones más o menos sensatas que puedan aplicarse sin injusticia; otra es que no se reglamente este aspecto de la ley, en cuyo caso la ley no sería más que letra muerta, y la tercera es que la ley, mocha de definiciones, se aplique arbitrariamente, lo que sin duda no es la intención del H.L. Ameglio, ni sería desde luego aceptable.
Las preocupaciones del H.L. Ameglio son perfectamente compresibles, pero la forma de atenderlas no es mediante la legislación porque esta vendría a entrometerse con sentimientos, con gustos y opiniones. La forma de atenderlas es mediante la aplicación por grupos de presión, por acción ciudadana, de las leyes del mercado. Los medios de comunicación son empresas comerciales y como tales son eminentemente sensitivas al efecto de la opinión pública en sus estados financieros. En el momento en que perciban el repudio de sus consumidores cambiarán el carácter de sus publicaciones y emisiones. Sin embargo, mientras no se dé ese repudio, debe concluirse que algún sector de la población las acoge, y en esa medida merecen la protección del derecho de libre expresión.
La censura, por ese o por cualquier otro nombre, es una pendiente enlodada, y quienes en ella se montan encuentran luego difícil evitar resbalarse hasta el fondo. Hoy esta legislatura, luego la próxima. Hoy los medios, mañana el cine, luego los libros. Así, la dictadura nos dejó las leyes mordaza, de las cuales el anteproyecto puede llegar a ser un complemento. En lo personal, no me siento con el derecho de imponerle o restringirle a los legisladores lo que puedan o no leer y ver, y espero que al considerar el anteproyecto, sientan éstos lo mismo respecto de sus conciudadanos, y que piensen cómo se sentirían frente a una ley semejante una vez les toque dejar sus curules.
Algo que al parecer no hemos llegado a entender a cabalidad es que la democracia nos impone graves responsabilidades. La tolerancia es de las más esenciales y difíciles. Toda sociedad debe permitir la libre circulación del aire de las ideas aunque a veces la corriente cause estornudos y tosiduras. La libertad de expresión es amplia y cubre mucho del quehacer humano.
Como cualquier otro derecho, con frecuencia se abusa, pero su limitación asestaría a la comunidad una herida más profunda que la que podría asestarle una imagen o una noticia que, por ofensiva que sea, se intente censurar por ley.
El problema que enfrentamos, sin embargo, es si las gráficas y programas deben restringirse mediante legislación. Mi opinión es que no. Aparte de que es imposible legislar para imponer el buen gusto o eliminar el malo, estamos frente a una restricción a la libertad de expresión. Es innegable que muchas imágenes de mutilados por accidentes son espantosas. Aunque podría argumentarse que sirven de advertencia en contra del manejo desordenado, prefiero dejar a un lado ese argumento y ceñirme al principio del asunto. Esas imágenes son de hechos reales y ocurridos, gústenos o no, y la legítima actividad de los medios de comunicación es precisamente comunicar lo ocurrido. Por otra parte, el requisito de obtener el consentimiento por escrito para la publicación de la identidad de las víctimas no es viable, y una noticia sin nombres no es noticia. Además, como ya se ha mencionado en los medios en torno al mismo anteproyecto, ¿qué hubiese sucedido en el caso de las dramáticas fotos del ex presidente Endara y los ex vicepresidentes Ford y Arias Calderón? De la misma manera, tenemos los deportes violentos. No son de mi afición, pero debe aceptarse que sus aficionados tienen el derecho a los reportajes en los medios, que a menudo incluyen imágenes de sus partícipes ensangrentados. Cabe entonces preguntarse si éstas constituyen "violencia gráfica" y por lo tanto, si las alcanza el anteproyecto.
Tenemos también el caso de la pornografía, que el anteproyecto menciona sin más explicación. ¿Quién la define y cómo se define? No obstante, en caso de infracción por alguna empresa de medios, el anteproyecto impone multas que pueden ascender hasta diez veces el valor de la pauta publicitaria. Al contemplar una publicación o emisión, quedaría la empresa ante la obligación imposible de determinar de antemano si habría o no de violar una ley que no define los actos que sanciona. La pornografía no es un objeto físico fácilmente identificable. Es un concepto abstracto y lo que la constituye al fin y al cabo es una apreciación subjetiva y cultural, que cambia con las personas y con los tiempos. Lo que pueda serlo para unos no lo será para otros. Además, es difícil, si no imposible, trazar la línea entre la pornografía y la sexualidad. La excitación sexual ciertamente no es inmoral. La imagen que la pueda sugerir o inducir tampoco necesariamente lo es porque mucho dependerá de inclinaciones personales. En cualquier caso, y como quiera que se defina, hasta donde sé, nadie ha demostrado que la pornografía haga daño. Ofensiva bien puede serlo para muchos, pero ¿nociva?
Como se ha observado, el anteproyecto no define lo que sanciona, que incluye "pornografía" y "violencia gráfica", términos cuyo significado no es auto-evidente. Esta omisión lo impulsa hacia recios escollos formales, porque según la Constitución sólo pueden ser penados los delitos creados por ley. El anteproyecto le otorga al Ejecutivo la tarea de reglamentar la ley, pero este Órgano no podría definir dichos términos en el reglamento porque, de hacerlo, estaría creando hechos punibles, y eso no le compete. Quedan entonces tres posibilidades: una es que al discutir el anteproyecto los legisladores se aboquen a un interminable debate filosófico para lograr definiciones más o menos sensatas que puedan aplicarse sin injusticia; otra es que no se reglamente este aspecto de la ley, en cuyo caso la ley no sería más que letra muerta, y la tercera es que la ley, mocha de definiciones, se aplique arbitrariamente, lo que sin duda no es la intención del H.L. Ameglio, ni sería desde luego aceptable.
Las preocupaciones del H.L. Ameglio son perfectamente compresibles, pero la forma de atenderlas no es mediante la legislación porque esta vendría a entrometerse con sentimientos, con gustos y opiniones. La forma de atenderlas es mediante la aplicación por grupos de presión, por acción ciudadana, de las leyes del mercado. Los medios de comunicación son empresas comerciales y como tales son eminentemente sensitivas al efecto de la opinión pública en sus estados financieros. En el momento en que perciban el repudio de sus consumidores cambiarán el carácter de sus publicaciones y emisiones. Sin embargo, mientras no se dé ese repudio, debe concluirse que algún sector de la población las acoge, y en esa medida merecen la protección del derecho de libre expresión.
La censura, por ese o por cualquier otro nombre, es una pendiente enlodada, y quienes en ella se montan encuentran luego difícil evitar resbalarse hasta el fondo. Hoy esta legislatura, luego la próxima. Hoy los medios, mañana el cine, luego los libros. Así, la dictadura nos dejó las leyes mordaza, de las cuales el anteproyecto puede llegar a ser un complemento. En lo personal, no me siento con el derecho de imponerle o restringirle a los legisladores lo que puedan o no leer y ver, y espero que al considerar el anteproyecto, sientan éstos lo mismo respecto de sus conciudadanos, y que piensen cómo se sentirían frente a una ley semejante una vez les toque dejar sus curules.
Algo que al parecer no hemos llegado a entender a cabalidad es que la democracia nos impone graves responsabilidades. La tolerancia es de las más esenciales y difíciles. Toda sociedad debe permitir la libre circulación del aire de las ideas aunque a veces la corriente cause estornudos y tosiduras. La libertad de expresión es amplia y cubre mucho del quehacer humano.
Como cualquier otro derecho, con frecuencia se abusa, pero su limitación asestaría a la comunidad una herida más profunda que la que podría asestarle una imagen o una noticia que, por ofensiva que sea, se intente censurar por ley.
