Los mitos del Seguro Social
Los panameños han enmarcado a la Caja de Seguro Social dentro de una serie de mitos. El primero de ellos es que el Seguro Social es una entidad de beneficencia social por la cual el "asegurado" tiene derecho a beneficios excesivos. Otro mito consiste en la teoría de que el trabajo desgasta el cuerpo humano y por tanto fue comprensible leyes que señalaron jubilaciones anticipadas y especiales. El más reciente de los mitos es el esgrimido por algunos grupos de la sociedad que expresan su temor y otros más audaces que denuncian la intención del gobierno de privatizar la Caja de Seguro Social.
La seguridad social es tema constitucional. El artículo109 en su esencia señala que todo trabajador tendrá la seguridad de los medios económicos de subsistencia en caso de que deje de laborar por razón de enfermedad común, enfermedad o accidente en su trabajo, invalidez o haber llegado a una edad que la ley lo declare incapacitado para trabajar. La Constitución también obliga la remuneración económica a la viudez y la orfandad. Señala el artículo 109 que estos servicios (seguros) que garanticen medios económicos de subsistencia y atención médica los deben prestar (dar) y administra entidades autónomas (Estado). Si bien es cierto que la Constitución no utiliza las palabras de que estos servicios "no se privatizarán", la letra y el espíritu del articulado es de que estos seguros debe servirlos y administrarlos una entidad autónoma del Estado. Si bien una entidad autónoma que se dedique a la producción de bienes o la implementación de servicios puede generar excedentes económicos en su gestión, estos excedentes solamente pueden utilizarse en algunos casos como recursos estatales o en otros casos para garantizar el servicio ofrecido por ley a diferencia de un ente privado en donde los excedentes se distribuyen entre los dueños (accionistas).
Las recientes manifestaciones públicas alrededor del tema de la Caja de Seguro Social han sido, sobre todo, bajo la bandera de la privatización de la institución, disturbios, privación del derecho de tránsito de terceros, excesos policiacos, paros y pérdidas económicas han sido las consecuencias de este mito.
Los mitos son ficciones, inventos que se transmiten generalmente por comunicación verbal y usualmente son extractos de leyendas o eventos mal interpretados. En la década de los 70"s obedeciendo a un señalamiento constitucional que permite al Estado nacionalizar bienes en beneficio común, los servicios privados de electricidad y teléfonos se nacionalizaron y sendas leyes orgánicas, crearon las entidades autónomas denominadas IRHE e INTEL. La Constitución no determina la obligación de que algún ente en particular maneje estos servicios. Ante la ausencia de un señalamiento constitucional sobre los servicios de energía eléctrica y telefonía la administración de Ernesto Pérez B. pudo privatizar estos servicios a través de una Ley. En el caso de la Caja de Seguro Social a menos que reformemos el artículo 109 de la Constitución que ordena que estos seguros los proporcione y los administre una entidad autónoma del Estado, no se puede privatizar.
El trabajador paga seguros para recibir beneficios económicos. Razones históricas que datan desde finales del Siglo XIX han puesto en las manos de los empleadores la responsabilidad de tratar la enfermedad común de sus empleados, si no pueden trabajar.
Independiente del término Seguro Social la administradora de los seguros para cubrir los riesgos que señala la Constitución, debe estar en la capacidad de garantizar los recursos económicos para cubrirlos. Ciertamente eso no podrá cumplirse con conceptos paternalistas de gobiernos para obtener afiliación partidista. Urgen programas masivos de docencia a la comunidad panameña sobre el tema de la seguridad social. La irresponsabilidad de casi todos los gobiernos panameños hasta ahora que han utilizado a la Caja de Seguro Social para el beneficio gubernamental y no social, debe cesar, so pena de producir una inestabilidad financiera y la inseguridad de la población panameña.
Salvo lo que ha hecho intuitivamente nuestro pueblo, en difícil lucha social y en apremios nacionales, como empeños colectivos, la sociedad panameña no ha generado fuerzas sociales de rectificación de sus problemas nacionales. Los dos últimos siglos y las crisis vividas en ellos, lo prueba inapelablemente.
La seguridad social es tema constitucional. El artículo109 en su esencia señala que todo trabajador tendrá la seguridad de los medios económicos de subsistencia en caso de que deje de laborar por razón de enfermedad común, enfermedad o accidente en su trabajo, invalidez o haber llegado a una edad que la ley lo declare incapacitado para trabajar. La Constitución también obliga la remuneración económica a la viudez y la orfandad. Señala el artículo 109 que estos servicios (seguros) que garanticen medios económicos de subsistencia y atención médica los deben prestar (dar) y administra entidades autónomas (Estado). Si bien es cierto que la Constitución no utiliza las palabras de que estos servicios "no se privatizarán", la letra y el espíritu del articulado es de que estos seguros debe servirlos y administrarlos una entidad autónoma del Estado. Si bien una entidad autónoma que se dedique a la producción de bienes o la implementación de servicios puede generar excedentes económicos en su gestión, estos excedentes solamente pueden utilizarse en algunos casos como recursos estatales o en otros casos para garantizar el servicio ofrecido por ley a diferencia de un ente privado en donde los excedentes se distribuyen entre los dueños (accionistas).
Las recientes manifestaciones públicas alrededor del tema de la Caja de Seguro Social han sido, sobre todo, bajo la bandera de la privatización de la institución, disturbios, privación del derecho de tránsito de terceros, excesos policiacos, paros y pérdidas económicas han sido las consecuencias de este mito.
Los mitos son ficciones, inventos que se transmiten generalmente por comunicación verbal y usualmente son extractos de leyendas o eventos mal interpretados. En la década de los 70"s obedeciendo a un señalamiento constitucional que permite al Estado nacionalizar bienes en beneficio común, los servicios privados de electricidad y teléfonos se nacionalizaron y sendas leyes orgánicas, crearon las entidades autónomas denominadas IRHE e INTEL. La Constitución no determina la obligación de que algún ente en particular maneje estos servicios. Ante la ausencia de un señalamiento constitucional sobre los servicios de energía eléctrica y telefonía la administración de Ernesto Pérez B. pudo privatizar estos servicios a través de una Ley. En el caso de la Caja de Seguro Social a menos que reformemos el artículo 109 de la Constitución que ordena que estos seguros los proporcione y los administre una entidad autónoma del Estado, no se puede privatizar.
El trabajador paga seguros para recibir beneficios económicos. Razones históricas que datan desde finales del Siglo XIX han puesto en las manos de los empleadores la responsabilidad de tratar la enfermedad común de sus empleados, si no pueden trabajar.
Independiente del término Seguro Social la administradora de los seguros para cubrir los riesgos que señala la Constitución, debe estar en la capacidad de garantizar los recursos económicos para cubrirlos. Ciertamente eso no podrá cumplirse con conceptos paternalistas de gobiernos para obtener afiliación partidista. Urgen programas masivos de docencia a la comunidad panameña sobre el tema de la seguridad social. La irresponsabilidad de casi todos los gobiernos panameños hasta ahora que han utilizado a la Caja de Seguro Social para el beneficio gubernamental y no social, debe cesar, so pena de producir una inestabilidad financiera y la inseguridad de la población panameña.
Salvo lo que ha hecho intuitivamente nuestro pueblo, en difícil lucha social y en apremios nacionales, como empeños colectivos, la sociedad panameña no ha generado fuerzas sociales de rectificación de sus problemas nacionales. Los dos últimos siglos y las crisis vividas en ellos, lo prueba inapelablemente.
